Para el público: 20 millones de afiliados subsidiados. En la práctica: menos de 10 millones Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co El régimen subsidiado afronta un grave problema: Fosyga sólo girará recursos a los municipios del país apoyándose en las bases de datos que los entes territoriales suban a la base de datos del Fosyga, que es la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- del contributivo. El Ministerio de la Protección Social pidió a todos los municipios las bases de datos y las confrontó con las bases de datos del Fosyga: hoy día, el 51% de las bases de datos del régimen del subsidiado en el país no subió al sistema, y fue glosado a los municipios. Esta situación calificada como muy grave por la doctora Magdalena Flórez, gerente de Ecopsoos, implicará que los municipios glosen a su vez a las EPS-S. Por ello a mediados de junio se le dijo al Superintendente de Salud, José Renán Trujillo, “que el régimen subsidiado tiene 20 millones de afiliados para la opinión pública, pero en la práctica sólo hay 10 millones de usuarios, porque el resto está glosado por el Ministerio”. Según la doctora Flórez, “el problema es gravísimo, porque los municipios actualizaron sus bases de datos con los reportes de novedades que pasamos los aseguradores, y por tanto deberían ser iguales; sin embargo, la capacidad técnica y tecnológica de los municipios para manejar las directrices técnicas en el manejo de las bases de datos no es suficiente, a veces la idoneidad de los funcionarios que manejan las bases de datos es deficiente y no responden técnicamente a los ajustes que deben reportar al Ministerio. Así, la información no sube al sistema, tiene inconsistencias como campos vacíos, códigos alfanuméricos que debían ser solo numéricos, en suma, puros problemas técnicos que impiden que la información suba al sistema, y la norma dice que a partir del 1° de abril pasado, el Fosyga no girará a municipios no incluidos en esas bases”. Agregó que las aseguradoras solicitaron al Ministerio una ampliación del plazo para que los municipios puedan cumplir. Esta situación generará que tan pronto los aseguradores sean notificados de cuál es el 50% de base de datos que no subió al Fosyga, esas personas perderán su derecho a ser atendidas dentro del régimen subsidiado, ya que el asegurador no podría responder por los servicios que les presten, generándose una enorme bola de nieve que se extiende a los prestadores (que si atiende a dichas personas, no podrán facturarlas a las EPS-S): ”El Ministerio le está dando largas al problema, y mientras no lo solucione será más crítico para los aseguradores pero principalmente para el afiliado, porque al estar glosado no tendrá derecho al régimen subsidiado, y mientras no se arregle su problema en la base de datos del Fosyga, aunque se solucione en el municipio, no se activará ese afiliado” Las aseguradoras solicitaron a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo una comunicación al Ministerio de la Protección Social para que evaluara las circunstancias, ya que de no hacerlo, podría generarse un colapso en el sistema: con un 50% de la base de datos glosada, las pérdidas son incalculables.   Aseguradoras del subsidiado: ¿en vía de extinción? Según la evolución del régimen subsidiado, la proyección es que de continuar el actual incremento en los costos de salud, muchas aseguradoras del subsidiado en un futuro van a desaparecer debido a las difíciles condiciones económicas que atraviesan algunas de ellas. Esa es la percepción del doctor Fabián Casas, Gerente de Aseguramiento de Asmetsalud. El incremento de pacientes de alto costo se ha notado de manera clara a partir del año 2004 y de manera más intensa en 2005 y 2006; por tanto, revisar el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado sería una medida prioritaria para la continuidad de las aseguradoras, ratifica el doctor Casas. La situación debe analizarse desde la recién expedida Ley 1122, en donde las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) se convirtieron en Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado. Esta cuestión sobrepasa por mucho un asunto de nombre, como lo describe el doctor Casas: “No ser administradoras de recursos sino Empresas Promotoras de Salud tiene implicaciones muy serias; una cosa es administrar unos recursos frente a un Plan Obligatorio de Salud en donde la administradora hacía una contratación y prestaba unos servicios, y otra muy diferente es ser una Entidad Promotora de Salud que administra el riesgo y se vuelve así una aseguradora, donde cada vez que ingresa un usuario se determinan los riesgos a que está expuesto, en que cantidad, y las probabilidades de que se pueda enfermar: es intervenir esos factores de riesgo. Son implicaciones serias, pero los recursos no se incrementaron para hacer ese manejo del riesgo; además, sin igualar los planes de beneficios del subsidiado y del contributivo para administrar todos los condicionantes de la salud, porque si hay que manejar un riesgo pero sólo nos relacionamos con el nivel uno, tenemos un manejo muy pequeño en el nivel 2 y 3, y luego se maneja el nivel 4. ¿Cómo hacemos para administrar el riesgo sin manejar todo el ciclo de salud de esa persona? Es bien difícil”. Frente a la posibilidad de incrementar la UPC-S (UPC subsidiada) y pese a las varias solicitudes realizadas por las EPS-S en este sentido, el gobierno argumenta la falta de información; sin embargo, para el doctor Casas el obstáculo de la información obedece a la deficiencia de los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios) como herramienta para conocer con seguridad el costo de la prestación de los servicios: “A las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- no les interesa ponernos la información en los RIPS y así no alcanzamos a soportar lo que en realidad gastamos; mientras tengamos que soportar el gasto con RIPS -que tienen muy mala calidad y que no pasan los filtros de validación del Ministerio-, la información que llega es muy poca y por eso no logramos soportar la realidad del tema”. Otra consideración es la distribución del gasto entre los niveles de atención, por cuanto el porcentaje de 60% entregado por ley al nivel uno para hacer la mayoría de acciones de promoción y prevención, parecería exagerado ya que no se cumple con la calidad esperada. A esto se sumaría la contratación con la red pública: “Que el Estado trate de proteger a la red pública es comprensible, pero se le debería exigir calidad y cumplimiento de sus funciones: la exigencia de contratar el 60% como mínimo con la red pública aunque con evaluación de resultados y de indicadores, tiene la dificultad de que en gran parte de los municipios del país hay una sola alternativa de contratación que es la red pública; y donde no hay competencia, no hay mejoramiento de calidad”.   Más información... ¡Jaque! 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