MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 9    No. 106  JULIO DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


La universalización
no es garantía total

Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co

Los esfuerzos del gobierno nacional por llegar a la cobertura universal, plantearía la posibilidad de que las aseguradoras del régimen subsidiado mejoren sus ingresos, ya que al incrementar la cobertura se deben conseguir economías de escala.
El doctor Iván Jaramillo considera sin embargo, que con la universalización de la cobertura e incluso con la ley de transferencias, aunque existe la posibilidad de que los recursos para el subsidiado mejoren, el problema no es sólo ampliar la cobertura sino mejorar el control: “Es necesario que se controle el manejo de los recursos por parte de los municipios y de las mismas EPS-S, que exista una interventoría y se encuentren mecanismos para que la prestación de los servicios sea oportuna y eficaz, porque hasta ahora los resultados en materia de salud dejan mucho que desear; acciones como la mora en la autorización de procedimientos necesarios, las
dificultades de los profesionales para poner en práctica medidas para la protección de la salud, están haciendo que el acceso a los servicios tenga limitaciones y que las condiciones de salud estén muy lejanas de lo que se esperaba”.
Un factor adicional sobre el que llama la atención el doctor Jaramillo, es que en la medida que la gente es más consciente de sus derechos, hay más demanda y exigencia en la prestación de servicios, lo que incide sobre la necesidad de que la UPC-S (Unidad de Pago por Capitación Subsidiada) se vaya reajustando.
Hasta ahora, el régimen subsidiado ha sido absolutamente local, situación criticada en diferentes escenarios, y que puede incluso generar otros problemas además de la inutilidad de un carnet para quien sale momentáneamente de su lugar de residencia, explicó el consultor: “Las personas que salen por desplazamiento obligado pueden llegar a más de 3 millones, y el carnet deja de servir para acceder a los servicios de salud; esta situación es muy grave y se planteó insistentemente en la reforma a la Ley 100/93, pero el tema no fue de interés para el Ministerio ni para los políticos, aparentemente porque para los políticos cuando una persona se va de la región debe dejar allí su derecho para que él la pueda sustituir por otra persona. Una encuesta de Econometría contratada por la agencia USAID, encontró que cerca del 50% de los desplazados ya estaba afiliado al régimen subsidiado en su lugar de origen, y un 8% lo estaba en el contributivo; cuando estas personas se desplazan a nuevos municipios pueden recibir servicios en los hospitales y obtener una afiliación con recursos de la Subcuenta ECAT (Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito) del Fosyga. Es muy probable que gran parte de estos 3 millones de personas, por lo menos millón y medio, se hayan convertido en duplicados del sistema”.
La alternativa planteada por el doctor Jaramillo para solucionar esta situación, es la existencia de un sistema de administración intermunicipal de las bases de datos, que permita eliminar duplicados e inclusive trasladar fácilmente las UPC cuando una persona se traslada de municipio; esto lo podría hacer la Federación de Departamentos. Sin embargo, aunque la idea fue presentada durante los debates de la Ley 1122/07, el Ministerio de la Protección Social no mostró interés, aparentemente para evitar que los departamentos adquieran poder en el manejo de las bases de datos, puesto que en la discusión de la ley, el Ministerio se opuso a cualquier intervención diferente a la del propio Ministerio y de las EPS en el manejo de las bases. “Hoy existe la tecnología para que las bases de datos se manejen en línea y con absoluta oportunidad, pero para hacerlo se requiere que haya un administrador que no puede ser uno de los interesados”, concluyó el doctor Jaramillo.
 
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