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La universalización
no es garantía total
Juan
Carlos Arboleda Z.
- elpulso@elhospital.org.co
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Los esfuerzos del gobierno nacional por llegar a la cobertura
universal, plantearía la posibilidad de que las aseguradoras
del régimen subsidiado mejoren sus ingresos, ya que al
incrementar la cobertura se deben conseguir economías
de escala.
El doctor Iván Jaramillo considera sin embargo, que con
la universalización de la cobertura e incluso con la
ley de transferencias, aunque existe la posibilidad de que los
recursos para el subsidiado mejoren, el problema no es sólo
ampliar la cobertura sino mejorar el control: Es necesario
que se controle el manejo de los recursos por parte de los municipios
y de las mismas EPS-S, que exista una interventoría y
se encuentren mecanismos para que la prestación de los
servicios sea oportuna y eficaz, porque hasta ahora los resultados
en materia de salud dejan mucho que desear; acciones como la
mora en la autorización de procedimientos necesarios,
las |
dificultades de
los profesionales para poner en práctica medidas para
la protección de la salud, están haciendo que
el acceso a los servicios tenga limitaciones y que las condiciones
de salud estén muy lejanas de lo que se esperaba.
Un factor adicional sobre el que llama la atención el
doctor Jaramillo, es que en la medida que la gente es más
consciente de sus derechos, hay más demanda y exigencia
en la prestación de servicios, lo que incide sobre la
necesidad de que la UPC-S (Unidad de Pago por Capitación
Subsidiada) se vaya reajustando.
Hasta ahora, el régimen subsidiado ha sido absolutamente
local, situación criticada en diferentes escenarios,
y que puede incluso generar otros problemas además de
la inutilidad de un carnet para quien sale momentáneamente
de su lugar de residencia, explicó el consultor: Las
personas que salen por desplazamiento obligado pueden llegar
a más de 3 millones, y el carnet deja de servir para
acceder a los servicios de salud; esta situación es muy
grave y se planteó insistentemente en la reforma a la
Ley 100/93, pero el tema no fue de interés para el Ministerio
ni para los políticos, aparentemente porque para los
políticos cuando una persona se va de la región
debe dejar allí su derecho para que él la pueda
sustituir por otra persona. Una encuesta de Econometría
contratada por la agencia USAID, encontró que cerca del
50% de los desplazados ya estaba afiliado al régimen
subsidiado en su lugar de origen, y un 8% lo estaba en el contributivo;
cuando estas personas se desplazan a nuevos municipios pueden
recibir servicios en los hospitales y obtener una afiliación
con recursos de la Subcuenta ECAT (Eventos Catastróficos
y Accidentes de Tránsito) del Fosyga. Es muy probable
que gran parte de estos 3 millones de personas, por lo menos
millón y medio, se hayan convertido en duplicados del
sistema.
La alternativa planteada por el doctor Jaramillo para solucionar
esta situación, es la existencia de un sistema de administración
intermunicipal de las bases de datos, que permita eliminar duplicados
e inclusive trasladar fácilmente las UPC cuando una persona
se traslada de municipio; esto lo podría hacer la Federación
de Departamentos. Sin embargo, aunque la idea fue presentada
durante los debates de la Ley 1122/07, el Ministerio de la Protección
Social no mostró interés, aparentemente para evitar
que los departamentos adquieran poder en el manejo de las bases
de datos, puesto que en la discusión de la ley, el Ministerio
se opuso a cualquier intervención diferente a la del
propio Ministerio y de las EPS en el manejo de las bases. Hoy
existe la tecnología para que las bases de datos se manejen
en línea y con absoluta oportunidad, pero para hacerlo
se requiere que haya un administrador que no puede ser uno de
los interesados, concluyó el doctor Jaramillo. |
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