Derecho a la salud vulnerado por bases de datos Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co El régimen subsidiado tiene una disyuntiva grande, causada entre otras cosas por las bases de datos. Este año se está cruzando la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- del Ministerio de la Protección Social, con los datos suministrados por los municipios; y dependiendo de la información que suba, el Fosyga girará a los municipios sólo el valor de los afiliados que queden activos. Esto que parece algo sencillo, se agrava porque de los 20 millones de colombianos que supuestamente deben estar en dicha base de datos, solamente han subido 11'500.000 personas, lo que significaría que el Fosyga sólo giraría el 57% de los recursos esperados, según cifras suministradas por el doctor Julio Alberto Rincón, director de Cosesam. Y aunque otras cifras manejadas por las ARS mostrarían que la cantidad de usuarios que ha subido es menor aún, lo que queda en evidencia es que el faltante es preocupante. A esta situación, el doctor Rincón le suma el problema presentado con los cruces retroactivos de cuentas realizados por el Ministerio de Hacienda a través del Registro Único de Afiliados -RUA-, que está produciendo recortes y descuentos de dineros sobre vigencias ya cursadas, con casos como el de Medellín en donde el recorte que partía del análisis del Ministerio de Hacienda ascendía a $70.000 millones o Bogotá con $43.000 millones: “Cuando se dice a las Administradoras del Régimen Subsidiado que del contrato de hace 2 años le van a descontar a cada una $5.000 millones, eso quiebra a cualquiera; pero cuando se hila más delgado y se analiza con mayor cuidado, se encuentra por ejemplo que en Medellín de los $70.000 millones se bajó a $10.000 millones en glosas, cifra que de todas formas puede llevar a la insolvencia de esas entidades”. La inseguridad jurídica que genera el manejo de las bases de datos y el Ministerio de Hacienda tiene repercusiones enormes que según el doctor Rincón, no han sido consideradas: “Las personas retiradas de esas bases de datos son ciudadanos a los cuales se les niega el derecho a la salud, y lleva a que muchas EPS del régimen subsidiado decidan retirarse”. Lo paradójico de la situación, es que los descuentos que se están aplicando obedecen en su mayoría a consideraciones que, por lo menos desde una mirada lógica y ética, no merecen que millones de colombianos pierdan los servicios de salud o se vean condenados a comenzar periplos por oficinas para demostrar su derecho a la salud y a pertenecer al régimen subsidiado. Señala el doctor Rincón: “El tema es fácil de solucionar, si existiera voluntad y coherencia en quienes manejan al sistema, pero ahora se perjudica a ciudadanos colombianos por una simple interpretación de normas por parte de ciertos funcionarios; por ejemplo, la glosa principal a principios de junio pasado, fue porque el tipo de documento registrado no es coherente con la edad del ciudadano, o sea que un ciudadano de 19 años aún tiene tarjeta de identidad, y por ese tipo de cosas no se sube la información a la base de datos. Es natural que el gobierno promueva que los ciudadanos estén identificados de acuerdo con su edad, pero no es lógico que en salud se le quite el derecho constitucional a la gente porque todavía tienen registro civil o una tarjeta de identidad: allí no hay ninguna lógica. Gran parte de las glosas que reciben los municipios es que un niño de 8 años todavía tiene registro civil y no tarjeta de identidad; ese tipo de cosas violan la Constitución, ya que la salud es un derecho constitucional. ¿Por qué razón a nivel administrativo se decide que un ciudadano no sube a la base de datos, aunque tiene derechos constitucionales, simplemente porque aún tiene una tarjeta o un registro civil?” Y agregó: “Cuando se analizan los motivos de glosas, se descubre que no tienen nada que ver con el fondo del asunto, como números del contrato que no corresponden con el reportado, sólo porque algunas entidades territoriales no entendieron con que número de contrato debían registrarlo, si con el que terminaba en marzo o el que iniciaba en abril; obviamente hay un error que se solucionaría con una estandarización y revisión de números de contratos, pero simplemente se glosa. Son cosas no esenciales”. Para el doctor Rincón, el asunto se solucionaría con que el régimen subsidiado sea nacional y no local, y que la EPS del subsidiado responda por el afiliado en el lugar donde esté. La otra medida sería afiliar a toda la población al régimen subsidiado una única vez, lo que permitiría al régimen estar siempre controlado; y si una persona se afilia al contributivo, simplemente es un traslado y no una nueva afiliación; y cuando por situaciones de empleo se retire, solo regresa a su condición en el subsidiado, cumpliendo la Ley 1122 cuando dice que se sumarán los tiempos del subsidiado y del contributivo dentro del sistema: “Funcionaría como traslados dentro del sistema, de la EPS subsidiada a una EPS contributiva; con eso se acaban los multiafiliados y se le da continuidad a la permanencia. Es tener una base de datos que permita esa movilidad”.   Lluvia de ideas para salvar el régimen subsidiado Analistas y directivos de las antiguas Administradoras del Régimen Subsidiado -ARS- (hoy EPS-S o Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado), han presentado en múltiples escenarios propuestas para mejorar el funcionamiento del régimen y lograr su buena marcha. Algunas de las propuestas recopiladas por El Pulso y que quedan abiertas para la discusión son: revisar el marco normativo actual, para mirar si efectivamente ese marco permite el desarrollo de un modelo de aseguramiento o está desarrollando un modelo más de administración de recursos; lograr la universalización en la afiliación pero de TODOS los colombianos y no de los sectores mas pobres nada más, para que el tránsito entre los regímenes sea fluido, se evite la multi-afiliación y se reduzca a una cuestión mecánica el activar o desactivar la permanencia en el régimen contributivo o en el subsidiado; ordenar y reglar el funcionamiento nacional de la cobertura del régimen subsidiado; lograr la estabilidad de las bases de datos, con un manejo centralizado en una entidad independiente; revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación -UPC- del régimen subsidiado; exigir aumento en la calidad del servicio que prestan las Empresas Sociales del Estado -ESE-, que reciben el 60% de la contratación de las EPS-S, pero que en oportunidades fallan, especialmente en el manejo de las acciones de Promoción y Prevención; controlar la concentración de enfermos de alto costo en algunas EPS-S y por ciudades capitales, haciendo una redistribución de pacientes; y revisar la destinación de recursos para la atención por niveles de complejidad, por cuanto la ley ordena que el 60% debe destinarse al primer nivel, pero las aseguradoras se quejan de que allí la calidad de la atención deja bastante que desear, lo que a su vez arrastra a problemas en los niveles superiores de complejidad.     Más información... ¡Jaque! 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