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| La escena
dantesca de un grupo de niños correteando sobre bolsas
de suero, removiendo sondas y mangueras de venoclisis para armar
caucheras, pitillos y sopletes de burbujas en un barrio al sur
de Barranquilla el pasado 22 de julio, así como las sucesivas
apariciones de residuos hospitalarios en calles y lotes baldíos
de diferentes ciudades, y el hallazgo de chatarrerías
dedicadas al reciclaje y comercio de residuos hospitalarios
en Ibagué, Medellín y Bogotá, siguen causando
revuelo entre el gobierno y la ciudadanía. |
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La cadena regular para la correcta
eliminación de residuos peligrosos requiere una “responsabilidad
compartida” entre todos los actores responsables: generador,
gestor autorizado, comunidad, autoridades competentes. En
el proceso, alguien está fallando.
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Los primeros casos se reportaron en Barranquilla
y Buenaventura en julio; continuaron en Montería, Huila,
Bucaramanga, Boyacá, Bogotá, Ibagué,
Dosquebradas, Ibagué, Atlántico y Cartagena
en agosto; y en lo corrido de septiembre, en Bogotá,
Medellín, Cúcuta y Santo Domingo -Antioquia-.
La alarma llevó incluso a que la Mesa de Trabajo Interinstitucional
conformada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia,
la Secretaría de Salud y el Área Metropolitana
de Medellín, anunciaran el pasado 8 de septiembre como
medida preventiva, que “las bolsas de suero, líneas
de conexión como venoclisis, catéteres, las mangueras
de procedimientos clínicos y quirúrgicos, las
jeringas y frascos de vidrio con restos de medicamentos se consideran
no reciclables, por lo que deberán entrar a la cadena
de residuos hospitalarios peligrosos y las unidades productivas
no podrán comercializarlos”.
Aunque la medida parte de una preocupación legítima
-preservación de la salud pública-, desconoce
los esfuerzos hechos en el país para avanzar en el tema
de reciclaje, y contradice las definiciones de aprovechamiento
y cultura de “la no basura”, manifiestas en la normatividad
matriz para la Gestión integral de residuos hospitalarios
y similares (decreto 2676 de 2000 y resolución 1164 de
2002).
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Dejar
de reciclar lo reciclable, implica más basura y menos
vida útil para los rellenos sanitarios, mayor explotación
de recursos naturales, más emisiones de gases por incineración,
desperdicio de materia prima de bajo costo para fabricar nuevos
productos útiles y gran desempleo, entre otros efectos
nefastos.
Álvaro Londoño, especialista en salud ocupacional,
controvirtió la medida: “Hay que regular a los operadores
de servicios de reciclaje y definir estándares, pero
prohibir una práctica que si se hace con responsabilidad
tiene más beneficio que riesgo, es contraproducente,
especialmente porque gran parte de los residuos hospitalarios
es aprovechable. Aunque la norma no reguló algunos aspectos
relacionados con aprovechamiento de residuos, y en ese sentido
es ineficaz, no se puede ir al extremo de eliminar tal aprovechamiento.
Eso es tan absurdo como decir que todo residuo que sale de un
hospital es peligroso”.
Aquí vale recordar que según la Organización
Mundial de la Salud -OMS-, sólo 30% de los residuos hospitalarios
son peligrosos. La misma OMS indica que la extracción
de residuos hospitalarios de rellenos sanitarios o botaderos
para su posterior reutilización y venta puede traer problemas
ambientales y de salud pública; pero cuando el material
se obtiene de centros hospitalarios que hacen correcta separación
en la fuente de sus residuos, el reciclaje es posible, seguro
y beneficioso. Prueba de ello es el trabajo de recolección,
reciclaje y comercialización de desechos hospitalarios
que la Corporación Corpaul ha efectuado durante 35 años.
Luis Fernando Hoyos, Jefe de gestión ambiental de Corpaul,
aclara: “La mayoría de los residuos hospitalarios
se puede reprocesar y utilizar como materia prima para hacer
nuevos productos, incluso las jeringas, bolsas de suero, mangueras
de venoclisis, siempre y cuando no hayan entrado en contacto
con fluidos, secreciones del cuerpo humano u otras sustancias
peligrosas; sirven mucho para fabricar bolsas transparentes,
mangueras para gas, escobas, recogedores, juguetes y hasta suelas
de zapatos”
El meollo del asunto es la pregunta por el quién y el
cómo controlar que los residuos hospitalarios que se
aprovechen en reciclaje, provengan de instituciones de salud
que hagan adecuada gestión integral de sus residuos,
y no de rellenos sanitarios o botaderos.
¿Qué pasó en Barranquilla?
Según la empresa ASEI Ltda. (dedicada al transporte,
incineración y disposición final de residuos hospitalarios
peligrosos), para entender el incidente de Barranquilla hay
que remontarse al pasado mes de enero, cuando por mantenimiento
preventivo de un horno incinerador, activó su plan de
contingencia y solicitó autorización al Área
Metropolitana para transportar 8.500 kilogramos de residuos
hospitalarios hasta la planta de tratamiento de residuos de
la empresa ASEAR en Galapa, Atlántico. Área Metropolitana
verificó que la empresa Asear tuviera licencia ambiental
y autorizó a ASEI el transporte de los residuos.
Hay que anotar que las empresas de tratamiento de residuos hospitalarios
tienen dos métodos válidos para hacerlo: la incineración
y la desactivación de alta eficiencia. Con el primero,
los residuos se reducen a cenizas, y con el segundo, aunque
conservan sus atributos físico-químicos, la carga
patógena o infecciosa que contenían, desaparece.
Reducidos a cenizas o desactivados, los residuos peligrosos
pueden disponerse en celdas especiales dentro de los rellenos
sanitarios.
La firma ASEAR incineró parte de los residuos y desactivó
otra parte, quitándoles su carácter de peligrosos,
porque fueron tratados; luego llevó los residuos al relleno
sanitario. Pero en febrero, cuando solicitó permiso a
la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
-administradora del relleno sanitario El Henequén-, para
depositar nuevamente residuos, la interventora de la Sociedad
negó la solicitud, como medida preventiva, puesto que
en las celdas de operación del relleno laboran recicladores
que manipulan y están en permanente contacto con las
basuras. ASEAR opta entonces por la incineración de los
residuos. Por ello, se presume que los residuos fueron recolectados
y luego abandonados por recicladores que laboran en los rellenos,
pero lo que no se aclaró a la ciudadanía, era
que se trataba de residuos ya desactivados, no peligrosos.
Sobre estos hechos, el médico Londoño cuestiona
el vacío normativo y el escaso control que ejercen las
autoridades competentes en los rellenos: “La existencia
de empresas especializadas en recuperación y aprovechamiento
de materiales debe ser regulada. La ruptura de la custodia de
residuos en los rellenos sanitarios y en los botaderos, acarrea
la presencia de personas que subsisten recuperando residuos
en estos sitios. ¿Y qué recuperan? Papel, cartón,
chatarra, y fundamentalmente, plásticos, porque hay plásticos
como el PVC, que tienen muy buen precio en el mercado y que
sirven para manufacturar mangueras botas, delantales y suelas.
Y si bien los residuos sometidos a desactivación de alta
eficiencia, pierden su carga patógena, esto no los hace
reciclables, y el principio de precaución nos dice que
deben ser tratados como residuos ordinarios, de manera que se
debe evitar su extracción, y una forma de hacerlo es
implementando celdas especiales restringidas en los rellenos
a las cuales no accedan los recicladores cosa que no se ha hecho
y que las autoridades competentes no vigilan ni controlan”.
Hoyos de Corpaul complementa esta consideración: “Es
muy fácil sacar una norma y no poner quién vigile.
Eso es un problema, porque se ve que falta vigilancia, que falta
exigirle a la gente que cumpla, porque así como hay empresas
que cumplen con la norma y son organizadas, honestas y éticas
en el manejo de estos residuos, hay otras que no lo son”. |
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¿Prestación
de servicios asistenciales o gestión externa y disposición
de residuos?
El hallazgo de residuos hospitalarios fuera de lugar,
suscitó toda clase de reacciones en el gobierno: una
de ellas fue señalar a las clínicas, hospitales
y demás generadores de desechos médicos, como
responsables de la vigilancia y disposición final de
los mismos.
El doctor Londoño afirma que de esta forma se confunde
la función de los generadores en el Sistema de gestión
integral de residuos hospitalarios y similares: “Los hospitales
serios contratan con |
empresas
serias, legalmente constituidas y habilitadas por la autoridad
ambiental para prestar el servicio de recolección, transporte
y disposición final de los residuos; y a través
de las actas y certificados que dichas empresas expiden, se
verifica el cumplimiento de su labor. Un hospital no puede ponerse
a perseguir el camión recolector mientras se desplaza
de un sitio A hasta un sitio B, y le entrega los residuos al
operador del horno; y tampoco puede ponerse a vigilar que el
operador del horno recupere las cenizas, las estabilice y las
disponga en un relleno sanitario. Las empresas que se contratan
deben cumplir con las obligaciones que la norma les confiere,
y por el principio de buena fe, se presume que lo hagan”.
Y agregó: “La responsabilidad del generador es llegar
hasta el momento en que entrega el manejo, la custodia y la
disposición final de sus residuos a una empresa cuyo
servicio es la recolección, transporte y disposición
final de los mismos, porque el objeto social del hospital es
la prestación de servicios asistenciales, y no la gestión
y disposición final de residuos”.
La posición gubernamental es distinta; tanto el ministro
de Protección Social, Diego Palacio, como la viceministra
de Ambiente, Claudia Mora, entre otros funcionarios y parlamentarios,
se refirieron al tema de la responsabilidad sobre la disposición
final de los residuos hospitalarios en términos semejantes
a los referidos por Adriana Estrada, Coordinadora del grupo
de salud ambiental del Ministerio de la Protección Social:
“El generador debe ser solidariamente responsable de sus
residuos desde que están en la IPS hasta su disposición
final (...) La norma es muy clara: los generadores tienen que
responder por todo el proceso, el hecho de contratar empresas
de aseo especializadas y autorizadas por la correspondiente
autoridad ambiental no significa que su responsabilidad termine
una vez que le entregan los residuos a dichas empresas”.
No obstante, la normatividad diferencia entre la gestión
interna (segregación, movimiento interno, almacenamiento
intermedio y/o central, y desactivación de residuos infecciosos)
y la gestión externa (recolección, transporte,
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final) de
los residuos hospitalarios. Y establece, que de la primera son
responsables los generadores, y de la segunda, las empresas
prestadoras del servicio de aseo especial.
Como un paso para dirimir la controversia, el pasado 18 de septiembre
las comisiones séptimas de Senado y Cámara abordaron
el tema de residuos hospitalarios en un debate, liderado por
los senadores Jorge Eliécer Ballesteros y Gloria Inés
Ramírez. Voceros de los ministerios de Protección
Social, Ambiente y Transporte, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Contraloría General
de la República y la Secretaría de Salud de Bogotá,
reconocieron que “la profusa y atomizada normatividad vigente,
contribuye a la evasión de la co-responsabilidad interinstitucional
en el proceso de autorización, vigilancia y control en
la ejecución de los servicios de recolección,
tratamiento, transporte y disposición final adecuada
de los residuos peligrosos y no peligrosos que producen diariamente
hospitales, clínicas, droguerías y demás
centros de atención en salud”.
Como resultado, se decidió constituir una comisión
accidental que estudie la normatividad existente sobre manejo,
transporte y disposición final de residuos hospitalarios
y similares, para establecer así la pertinencia de la
expedición de una Ley Marco, o en su defecto, la modificación
y/o reglamentación de la normativa existente, subrayando
que es necesario establecer unos instrumentos claros y precisos
en materia de vigilancia, control y sanción.
Además se acogió la propuesta de realizar un diagnóstico
ocupacional de quienes hacen parte de la cadena de manejo de
residuos hospitalarios, empezando por personal médico,
de aseo, vigilancia, recolección, tratamiento, transporte
y reciclaje, a fin de establecer indicadores de riesgo que permitan
al gobierno adoptar medidas de prevención, protección
y aseguramiento. También se solicitó a los ministros
citados, la elaboración urgente de un plan de educación
y capacitación para todos los trabajadores involucrados
en el proceso de tratamiento y disposición final de esos
residuos, para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y contaminación de los espacios de trabajo.
También se busca establecer que la Superintendencia de
Servicios Públicos sea la encargada de vigilar las empresas
en el manejo interno de los desechos. Y se adelantan capacitaciones
regionales a Secretarías de Salud y autoridades ambientales
sobre sus competencias frente a las actividades de control y
vigilancia.
Juzgar si es pertinente o no modificar la norma es una tarea
que ya echó a rodar. No obstante, vuelve el agua al molino:
la norma no puede quedarse como ornato, eso es para las flores.
La norma es un ejercicio práctico, debe cumplirse, pero
también debe haber un brazo operativo suficiente que
vigile y exija su cumplimiento.
El doctor Londoño subraya: “La norma legal debe
facilitar los medios... El gobierno nacional tiene que ser consciente
de que tiene que apoyar y contribuir a la solución de
la gestión integral de residuos no sólo en las
ciudades sino en los municipios que están en la mitad
de la nada y que tienen dificultades para manejar estos residuos”
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