| La
Mesa Antioquia por la transformación de la salud advirtió
que la Gobernación de Antioquia planea instaurar de manera
inconsulta con los municipios, un plan que incluye la liquidación
de varios hospitales públicos, la fusión de otros
y la supuesta reorganización en unas mal llamadas 'redes
de servicios' sin el más mínimo análisis
técnico. Así, el departamento de Antioquia continúa
su estrategia de preferir liquidar hospitales públicos,
en vez de ayudarlos a salir de la crisis generada básicamente
por el flujo de recursos en el sistema de salud y la falta de
pago oportuno por aseguradores, de servicios prestados. |
con salidas facilistas e irresponsables que no atacan el problema
de fondo, que van en detrimento del patrimonio público
y perjudican fundamentalmente a la población, la cual
será nuevamente sometida a vaivenes de tipo administrativo
que privilegian las rentabilidades financieras por sobre el
derecho a la salud”.
La estrategia denunciada incluye varias acciones: 1) Entregar
algunos hospitales que son propiedad de las comunidades, a operadores
privados; por ejemplo: en el Magdalena Medio a la organización
CIMA, en el Urabá antioqueño a la IPS Universitaria.
2) Entregar hospitales de primer nivel de varios municipios,
que son sus dueños legales, a hospitales de segundo nivel,
cuyo dueño es en algunos casos el departamento u otro
municipio alejado de la realidad local, como el Hospital de
Rionegro que administraría otras ESE de la región,
limitando su capacidad de operación; para el suroeste
se propone eliminar la prestación de servicios de segundo
nivel en Ciudad Bolívar y asignar esa atención
al Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas,
medida lesiva para los ciudadanos que tendrán que recorrer
distancias enormes para buscar atención especializada.
Otros hospitales a liquidar serían los de los municipios
de Alejandría, Armenia, Caracolí, Carolina, Concepción,
Giraldo, Hispania, Olaya, San José de la Montaña,
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Carepa,
Abejorral, Toledo, Puerto Triunfo, Yolombó y otros.
Advierte la Mesa Antioquia que este tipo de medidas va en contravía
de derechos constitucionales como la participación ciudadana
en la toma de las decisiones que los afectan de manera grave,
pero además son anti-técnicas y no resisten estudios
serios de viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad social;
tampoco atacan las causas reales del problema y no proponen
un modelo de atención que contribuya al cuidado integral
de las poblaciones, ni a la garantía del derecho fundamental
a la salud y mucho menos a los parámetros de organización
de Redes Integradas de Servicios de Salud: “Por el contrario,
bajo una clara mentalidad privatizadora, se opta por salidas
que privilegian el factor económico del problema por
sobre las necesidades de salud de las poblaciones”.
La Mesa Antioquia cuestiona: ¿Qué ha hecho la
Secretaría de Salud de Antioquia, por recuperar la deuda
que tienen las EPS con los hospitales que quiere desaparecer?
Y agrega que es aún más preocupante que el Ministerio
de Salud al conocer el plan de la Gobernación, y pese
a manifestar serias objeciones, avale su implementación,
lo cual ratifica la existencia de un juego doble donde prima
la eliminación de la responsabilidad del Estado en la
salud y la entrega a inversionistas privados de nuevas fuentes
de negocios, mientras muestra a la comunidad una situación
diferente. |
