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El modelo en licitación
busca mejoras en la atención de los pacientes, pero
los maestros y pensionados demandan cambios estructurales en
el sistema. |
El nuevo proceso licitatorio
del servicio de salud del magisterio avanza para su adjudicación
este 12 de enero de 2017. Para César Julio Hernández
Echavarría, presidente de la Comisión de Jubilados
del Magisterio de Antioquia, este aún no resuelve su
principal reclamo e inquietud: que se termine la intermediación
financiera, la cual, en su opinión, “es el cáncer
de la salud en Colombia. Cuestionamos el enriquecimiento de
los particulares en detrimento de la salud de todo el pueblo”.
Esta comisión, que funciona hace 8 años y tiene
550 afiliados de todo el departamento, hace seguimiento a los
casos de los maestros, especialmente los pensionados, que necesitan
una atención prioritaria en sus enfermedades y requerimientos
y son, en gran parte, adultos mayores. |
Según Hernández,
en lugar de recibir una atención oportuna y respeto por
su derecho a la salud, además de todas las consideraciones
a los adultos mayores consagradas en la ley 1171 de 2007, han
sufrido los “paseos de la muerte” que durante meses
los privan de intervenciones quirúrgicas, medicamentos,
consultas con especialistas y otros servicios vitales; lo cual
termina en la muerte del cotizante o beneficiario.
El presidente menciona el caso de Pedro Nel Velásquez,
quien fue docente de Bello y murió en 2015 después
de que un cáncer de próstata se le agudizara en
el último año de tratamiento. |
César Julio Hernández
Echavarría es el presidente de la Comisión de
Jubilados del Magisterio de Antioquia, quienes observan la
salud de los docentes con preocupación. Foto Laura
Montoya Carvajal |
En una tutela colectiva
presentada por la Red de Controladores en Salud de Antioquia,
integrada por la Procuraduría Regional de Antioquia,
la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá,
la Defensoría del Pueblo de Antioquia y la Personería
de Medellín, el caso de Velásquez fue uno de los
20 presentados en contra de la Fundación Médico
Preventiva -FMP-, la prestadora de salud encargada de los maestros
en Antioquia, además en contra de la Fiduciaria La Previsora,
Supersalud y los ministerios de Salud, Educación, Trabajo
y Hacienda por haberse dilatado el tratamiento del docente fallecido.
La FMP atribuyó las fallas de atención al “uso
inadecuado de los servicios, a las altas tarifas de los mismos,
a insuficiencia de la red hospitalaria y a sobrecostos de las
altas tecnologías”.
Los organismos de control que hacen parte de la red, además
de presentar la tutela, constataron la protección a los
derechos de los pacientes en una visita de verificación
realizada en diciembre de 2015 a la FMP.
Los entes concluyeron que la Fundación no contaba con
una red prestadora de servicios suficiente para atender a sus
usuarios, aseguraron que los sistemas de información
de la prestadora no eran suficientemente adecuados y que no
era oportuna la entrega de medicamentos y autorizaciones para
procedimientos a sus pacientes, una de las causales de agravamiento
o muerte en algunos casos.
En el documento, además, conminaron a que se declarara
“el estado de cosas inconstitucionales”, debido al
cumplimiento del contrato entre la Fundación y la Fiduprevisora
(fiducia que gestiona el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Fomag-) no puede estar “por encima
del bloque de constitucionalidad”. |
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La ley 100 de 1993
“es un sistema
concebido para favorecer la ganancia y el estímulo
económico de los intermediarios, y muy poco
interesado en la salud, el bienestar y la
satisfacción de los ciudadanos”.
Doctora Marcela Vélez
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También pidieron
que las distintas entidades del Estado colaboraran armónicamente
en la garantía del derecho a la salud, en consonancia
con la legislación nacional e internacional. Aseguraron
que la FMP se mostró “poco receptora a las observaciones”,
dado que reciben un gran número de quejas y tutelas por
parte del magisterio sin que haya un cambio en la atención
de estas situaciones.
La Fundación respondió y justificó “el
cumplimiento de la garantía al derecho fundamental a
la salud” de sus usuarios, aseguró que sí
cuentan con un sistema de información. Buscaron aclarar
las dudas de naturaleza jurídica y operativa expresadas
en el informe, sus conexiones contractuales con los diversos
entes del Estado y citaron sus obligaciones adquiridas por contrato,
aclarando que la Fiduprevisora hace seguimiento a los indicadores
de gestión y quejas de usuarios a través de informes.
Para Hernández, la solución está en que
el sistema de salud y la red hospitalaria estén financiados
y soportados en el Estado, y no a través de intermediarios
que hacen del sistema “un negocio”.
En este punto concuerda con la doctora Marcela Vélez,
magíster en Ciencias Clínicas, especialista en
Gestión de Salud Pública y Seguridad Social y
autora del libro La salud en Colombia, pasado, presente y futuro
de un sistema en crisis. En el texto, la doctora afirma que
el sistema actual, hablando de la ley 100 de 1993 (que introdujo
un sistema similar al de los docentes en cuanto a empresas intermediarias),
“es un sistema concebido para favorecer la ganancia y el
estímulo económico de los intermediarios, y muy
poco interesado en la salud, el bienestar y la satisfacción
de los ciudadanos”.
Estas estrategias, describe Vélez, se fundamentan en
negar al usuario procedimientos, medicamentos, desestimularlo
o hacer que pague de manera particular el servicio. También
habla del talento humano y las pocas garantías laborales
que tiene. Afirma que los médicos deben trabajar en varias
instituciones al tiempo y hasta por 24 o 48 horas seguidas,
lo que pone en peligro su integridad y la del paciente.
Para observar la prestación actual de los servicios,
13 integrantes de la Comisión de Jubilados se constituyeron
ante la Personería de Medellín como veedores de
la salud. La petición del presidente de la Comisión
de Jubilados es que ellos también puedan tener un rol
activo una vez se implemente el nuevo modelo y que se tenga
en cuenta el informe de los entes de control para las contrataciones
que se harán, ya que la FMP se presentó nuevamente
a la convocatoria. |
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Así va el proceso de licitación
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El
proceso en curso amplió a 10 las regiones geográficas
donde se prestará el servicio: Antioquia, con 101.722
usuarios, está en la región 9 junto a Chocó.
De acuerdo al cronograma publicado por el Fomag, el 12 de enero
de 2017 se hará la audiencia pública de adjudicación
y del 18 al 25 de enero se hará la “expedición
de pólizas, aprobación de garantías, entrega
de pacientes, proceso de empalme, que incluye adaptación
de instalaciones e inicio de contrato”. |
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