MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 221 FEBRERO DEL AÑO 2017    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

A dos años de la Ley Estatutaria...
¿En qué hemos avanzado?


Lo que la Ley Estatutaria deberá
demostrar a dos años de su sanción
Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com

Cuando la sanción presidencial de la Ley Estatutaria de Salud se materializó, y fue inminente que la salud en Colombia se había convertido en un derecho fundamental autónomo, Gobierno, ciudadanos y gremios cantaron victoria.
Lo anterior significaba el fin del llamado carrusel de la muerte, porque la atención en urgencias ya era obligatoria y no requeriría autorizaciones; las cuestiones administrativas o económicas tampoco impedirían la “continuidad” en la prestación de servicios, y desde entonces se controlaría el precio de los medicamentos, de tal forma que no superaran el precio internacional de referencia.
El presidente Santos y el Ministro Gaviria sancionaron la Ley Estatutaria de Salud el pasado 16 de febrero de 2015.
Este mes, a dos años de haber sido firmada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la Ley parece haber logrado lo esencial: “Instalar en la mentalidad colectiva, en el pensamiento de los jueces de la Corte Constitucional, en la academia y en los médicos que la salud es derecho fundamental y que no reconocerlo atenta contra la dignidad”, resalta Esperanza Echeverry, Jefe de Investigación de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
No obstante, a ese triunfo hay que anotar reparos de algunos actores del sector. El primero, dice Denis Silva, vocero de la fundación Pacientes Colombia, es que para el ciudadano 'de a pie' la Ley no ha tenido beneficios, en el sentido en que el “Ministerio de Salud se ha limitado a reglamentar donde se puede contener el gasto”, y aún siguen vivos los paseos de la muerte y la negación de servicios y tratamientos, según las denuncias que él mismo ha recibido en su organización.
Frente a eso, el Ministerio de Salud preparó para El Pulso un balance de la Estatutaria, en la que detalló que para los pacientes han sido varios los avances. De un lado, esa cartera hizo una revisión de la lista de medicamentos esenciales de la OMS a fin de asegurar que todos ellos estuvieran disponibles en el país. Por otro, se actualizó toda la reglamentación relacionada con procesos de afiliación y acreditación de derechos de los afiliados, según el Decreto 2353 de 2015 de la Corte Constitucional.
Esta norma crea el Sistema de Afiliación Transaccional, el cual permitirá actualizar, en línea y en tiempo real, la base de datos de afiliados. “Este mecanismo elimina para los ciudadanos cualquier barrera de acceso a los servicios originada en la actualización de bases de datos, y servirá como un único comprobador de derechos de los afiliados”, detalla el Minsalud y añade que aunque el sistema está en sus primeras fases de implementación, la meta es lograr la consolidación plena este año.
No obstante, al tema de las reglamentaciones, Silva añade que los pacientes sienten que pese a la sanción de la Ley, la rectoría del sistema la siguen llevando las EPS y no el Gobierno, mientras “los órganos de control son débiles”, anota, refiriéndose a la Superintendencia de Salud que para él debió esforzarse más en vigilar que la norma se cumpliera durante estos 24 meses.
Al respecto, El Pulso intentó contactar al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, pero uno de sus funcionarios del área de Comunicaciones respondió que lo relacionado con la Ley Estatutaria era un tema del Ministerio de Salud, y que la Super no ha tenido “mayor participación”.
A la espera de las exclusiones del Plan de Beneficios
Además de esos reparos, para los gremios existen asuntos pendientes que generan expectativa. Con la sanción de la Ley el Ministerio de Salud se comprometió a que en dos años, es decir este mes, pondría las reglas del mecanismo técnico-científico “de carácter público, colectivo, participativo y transparente”, para ampliar los tratamientos y tecnologías del Plan de Beneficios en Salud (antes Plan Obligatorio de Salud, POS), y que a su vez definiría qué medicamentos y procedimientos serían excluidos.
Según el balance entregado por el Ministerio, por medio de la Resolución 6408 de 2016, ya se actualizó el Plan de Beneficios, lo que exige ahora a las EPS garantizar la prescripción de una renovada lista de medicamentos.
“El listado es ahora más implícito, pues en materia de medicamentos solo incluye el principio activo y deja por fuera concentraciones y formas farmacéuticas, información que anteriormente se convertía en un pretexto para argumentar que el tratamiento no estaba explícitamente incluido en el POS y, por tanto, debía ser financiado por el Fosyga o los entes territoriales”, se destaca en el balance.
Ahora bien, sobre las exclusiones, el Ministerio afirma que ya se concertó con los diferentes actores del sistema (principalmente médicos y pacientes) el procedimiento para definirlas, lo que implicó la realización de talleres en una decena de ciudades y la redacción de un borrador de resolución “que está próxima a ser expedida”.
Sobre ese proceso, Ángela Chávez, presidenta de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), asegura que si bien no fueron acogidas todas las sugerencias de los pacientes, se trató de un “amplio y auténtico proceso de participación”, en el que hubo 14 sesiones y un cuestionario virtual, que exigió que los actores se involucraran de forma puntual en términos de metodología de exclusión y definición específica de los criterios.
“Vamos a ver qué texto sale de ahí, pero algunas de las cosas que creemos serían útiles es saber de cada lado qué productos votó y que nos aclaren cómo se van a pagar medicamentos o terapias que antes no estaban incluidos y que ahora podrían aparecer en el listado”, advierte la dirigente.
Entretanto, Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), tiene expectativa por conocer este febrero el nuevo esquema de las exclusiones, que también ha sentido participativo y abierto a la discusión, pero espera que este “no implique privaciones para el pueblo colombiano”.
Para Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) que aglutina a las EPS, estos primeros dos años de la Ley no han tenido conmociones ni cambios profundos evidentes en los servicios de salud. Lo que él si ha identificado es que el Gobierno ha buscando responder a lo que quiere la Corte Constitucional sobre la Estatutaria, según ha manifestado en sentencias, sin calcular el costo.
“El Gobierno está haciendo una gran cantidad de cosas en desarrollo de la Ley para satisfacer los propósitos de la Corte. Este año tendremos que evaluar, por ejemplo, qué pasa cuando se unan la ampliación del Plan de Beneficios con la autonomía que van adquirir los médicos por medio de la implementación del Mipres”, interroga Arias.
 
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