Cambiar de paradigmas y pensar con empatía en el bienestar del otro es posible y útil a largo plazo para todos. Peter Singer documenta en una conferencia TED, cómo un joven estadounidense donó uno de sus riñones a un extraño y con esto logró que otras cuatro personas hicieran lo mismo1. Nosotros no tenemos que donar un riñón para mejorar nuestro sistema de salud, sólo actuar con ética y responsabilidad, entendiendo que ésta es la mejor opción para todos.
Hace cuatro años, estaba de moda la discusión sobre la regulación de medicamentos y los sobrecostos que pagábamos los colombianos en comparación con países de ingresos superiores como España. Sin embargo, esa discusión resultaba simple y solucionable a través de un sistema de control de precios, como el que se usa con éxito en casi todos los países del mundo.
Efectivamente, la Federación Médica Colombiana -FMC culpó a la política de desregulación de control de precios de la Administración del Presidente Álvaro Uribe, con las resoluciones 01 de 2004 y 04 de 2006, como la causa de la crisis sobreviniente del sistema de recobros2. El incremento exponencial de los recobros llegó a costar $ 2.9 billones de pesos en el 2010 y precipitó la declaratoria de emergencia económica y social del Decreto 4975 de 2009, que posteriormente fue hallado inconstitucional por la Corte en la sentencia C-252.
La verdad es que de manera conveniente, para algunos sectores económicos, se conjugaron varias novedades endógenas y exógenas que dieron lugar a la crisis, entre las que se encuentran también, la catástrofe informática del Fosyga, el monopolio de la información del sistema en cabeza de las EPS, el desarrollo jurisprudencial del derecho a la salud como un derecho fundamental, el incremento de las tutelas en salud y la presión tecnológica de los precios de los medicamentos innovadores.
Mi primera reflexión fue que lo interesante de estudiar este fenómeno residía en que la discusión era de corte bioético lo que la dotaba de trascendencia filosófica y política, pero también dificultaba sustancialmente su estudio. Hace unos días el Ministro de Salud, en el foro de la Revista Semana sobre la implementación de la Ley Estatutaria de la salud, registró el gran dilema bioético del sistema de salud colombiano y en gran medida de todos los sistemas de salud financiados principalmente con recursos públicos.
Para autores como Jonathan Wolff estamos frente a un dilema de la bioética política o bioética de la salud pública, donde se aborda lo concerniente a la distribución de los recursos del sistema de salud3. Este debate requiere un alto grado de legitimidad colectiva y por lo tanto una discusión profundamente democrática y participativa.
Dilemas llevados al extremo, como sí el sistema público debe adquirir un tratamiento para 10 ciegos o si por el contrario es mejor adquirir por el mismo costo 100 tratamientos para la sordera, hacen parte de este tipo de bioética. Estas preguntas no pueden ser eludidas por el escepticismo colectivo. En palabras de Gilbert Hottois, “Concretamente, se trata del problema de repartición entre lo que depende de la iniciativa privada (individual, comunitaria, empresarial) y lo que será regulado por la autoridad pública del Estado” 4.
El tema cobra trascendental relevancia en el contexto de la aplicación de la Ley Estatutaria de la salud, donde como sociedad, debemos tomar la decisión sobre lo que debe ser cubierto con los recursos de todos y lo que no. Por ahora la propuesta del Ministerio de Salud en cuanto a las exclusiones del sistema ha sido muy tímida, y ya se evidencia la furia de los grupos de interés en detrimento de la pasividad de la ciudadanía.
El reto del ministerio es inmenso ya que sobre sus hombros pesa la responsabilidad de socializar este debate en el país de los Odebrecht y los procesos de paz interminables. Es paradójico que el debate político más importante que tiene el país sea invisibilizado por todos. En cambiar esta situación, está el reto del Ministro.
Desafortunadamente, la sociedad colombiana no se pregunta sobre la bioética del sistema de salud. Mientras que un tratamiento para un cáncer terminal puede llegar a costar $1080 millones de pesos, y resulta que debe ser suministrado por el sistema público por la orden de un juez de tutela, esos recursos podrían ser utilizados para el tratamiento nutricional de $37 mil niños5. Aunque la tutela ha sido fundamental para la protección del derecho a la salud, en la práctica le ha quitado el gobierno su función principal, la de determinar la prioridad del gasto público.
En parte la falta de responsabilidad ciudadana ente el debate de la salud tiene que ver con la percepción pública de que este sector es uno de los más corruptos, en el país de la corrupción. Sin embargo, todos los actores con intereses en el sistema deben entender que su posición va a tener la evaluación ética de su conciencia y de las generaciones futuras. Cuando una asociación de pacientes, o la industria farmacéutica, o los políticos tradicionales actúan sólo pensando en su propio beneficio, ponen en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de salud.