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Resolución 330
un desafío
para todos los gremios
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Así
se construirá el listado
de medicamentos y procedimientos
que serán excluidos
Redacción
EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com |
| Con el
fin de construir y actualizar la lista de tecnologías
que no serán financiadas con recursos públicos
asignados a la salud y de eliminar el concepto de POS, como
lo ordena la Ley Estatutaria, el Ministerio de Salud inició
los procesos para acordar una lista de exclusiones, a partir
de la cual ciertos fármacos y procedimientos ya no serán
costeados por el Estado. |
| Hasta
diciembre de 2018 varios actores de la salud, entre los que
están el Ministerio, los hospitales, las agremiaciones
de profesionales, los pacientes y demás ciudadanos, deberán
ponerse de acuerdo en las exclusiones, teniendo en cuenta varios
criterios: que tengan como finalidad principal un propósito
cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación
o mantenimiento de la capacidad vital o funcional de las personas;
que no exista evidencia científica sobre su seguridad
o eficacia, ni sobre su efectividad clínica; que su uso
no haya sido autorizado por el Invima; que se encuentre en fase
de experimentación, o que tenga que ser suministrado
en el exterior. |
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Para dar aplicación a ese propósito, exigido
en el artículo 15 de la Estatutaria, y en el que la
Corte Constitucional le ordena al Minsalud crear un procedimiento
técnico científico para determinar qué
servicios y tecnologías no puedan ser financiados con
dineros públicos, la cartera diseñó cuatro
fases que quedaron consignadas en la Resolución 330
de 2017 (ver infografía).
En una primera fase de “nominación y priorización”
participan todos los actores de la salud que quieran dar sus
aportes. De hecho, en esta etapa, que está vigente,
el Minsalud ya presentó una lista de 10 procedimientos
y fármacos que, a su juicio, deben entrar en la lista
de exclusiones, y entre los que están siete medicamentos,
dos servicios y un procedimiento quirúrgico. “Ninguna
de las 10 garantiza eficacia o seguridad. De hecho, cuatro
no tienen aprobación del Invima”, señaló
el Ministerio en un comunicado.
Después, viene la fase de “análisis técnico-científico”,
en la que expertos colombianos de alto nivel, designados por
los colegios y agremiaciones de profesionales en la salud,
darán su concepto y aportes sobre un listado preliminar
de exclusiones. A esta le sigue la fase de “consulta
a pacientes potencialmente afectados” y, finalmente,
la fase de “adopción y publicación de decisiones
En medio de estas fases será la Dirección de
Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento
en Salud del Ministerio, la que coordinará el procedimiento
técnico-científico y participativo para la determinación
de exclusiones, así como los posibles conflictos de
intereses.
¿Cómo es la participación?
Rodrigo Córdoba, de la Asociación Colombiana
de Sociedades Científicas, tiene la tranquilidad de
que el proceso ha sido ampliamente concertado, y que aunque
quizás puede parecer un poco largo y dispendioso por
la celeridad que exige la Estatutaria, hay condiciones para
excluir los procedimientos y medicamentos que no tienen suficiente
evidencia y que no deberían ser cargados al sistema.
Entretanto, comenta, las sociedades científicas de
Colombia han sido convocadas en su totalidad para proponer
un listado en la primera fase. “Todos estamos trabajando
en eso, aquí jugará un papel vital el Instituto
de Evaluación Tecnológica en Salud”, dice,
argumentando que, en el marco de la Estatutaria mientras no
haya exclusiones, todo está incluido.
Córdoba detalla que la Asociación ha convocado
al interior de cada una de las asociaciones médicas,
como la de Psiquiatría, Anestesiología, Urología,
Nefrología, etc., para que cada una, con su trabajo
propio y diferenciado, haga una propuesta.
En lo mismo trabajan los colegios de profesionales. María
Clara Rodríguez, del colegio Colombiano de Psicólogos,
cuenta que fueron convocados por el Ministerio hace un mes
para conocer los procedimientos y criterios para las exclusión.
Luego, la agremiación decidió participar con
una encuesta en la que le pregunta a sus profesionales sobre
cuáles son los procedimientos en salud mental más
empleados y a qué tratamientos responden. Los resultados,
que esperan tener pronto y enviarlos al Ministerio, servirán
de insumo preliminar, aunque están prestos más
adelante a dar conceptos cuando ya haya un listado.
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En cuatro fases pacientes,
ciudadanos,
expertos, asociaciones y Ministerio definirán
lo que quedará por fuera de la
financiación del Estado.
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“Esto
se trata de un proceso abierto y participativo”, en esto
está de acuerdo Harold Cárdenas, director del
Colegio Colombiano de Optometría, aunque para él
llama la atención el hecho de que el país no parte
de ceros para la definición de las exclusiones. “Partimos
de todo un inventario que la misma situación de salud
y las demandas de servicios ha evidenciado y que nos ha llevado
a mantener o excluir con cargo al Estado”, afirma.
Sobre esa base, continúa, el Colegio se encuentra realizando
estudios que soporten las recomendaciones que entregará
sobre cuáles procedimientos deben excluirse. “Estamos
en esos análisis y esperamos hacerlo a tiempo”,
dice, y añade que sí queda la expectativa sobre
a quién se va a escuchar más en la decisión
final: si a las comunidades científicas, con soportes
técnicos, o a las agremiaciones de EPS y hospitales.
“La apuesta que tiene que haber es por el equilibrio científico
y epidemiología del país”, concluye.
¿Decisión unilateral?
Pese a esas percepciones, a Luis Alberto Martínez,
director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales
del Estado, AESA, le inquietan varias cosas. La primera, que
basándose en el derecho a la salud como principio de
la Ley Estatutaria, las exclusiones sean tutelables y haya controversias
por la prestación de servicios y la entrega de medicamentos
que estén en los listados de exclusión.
De otro lado, según la Resolución 330, los conceptos
técnico-científicos de los expertos se asumen
como recomendaciones, pero será el Ministerio el que,
sopesando estos y los de pacientes y ciudadanos, tomará
una decisión que dará a conocer incluso mediante
un acto administrativo.
A Martínez le llama la atención que en uno de
los parágrafos de la fase dos se advierta que a las sesiones
del grupo “podrán asistir en calidad de invitados,
con voz pero sin voto, personas, asociaciones o instituciones
que el Ministerio considere pertinente invitar”.
“Hay que hacer claridad en que los conceptos y análisis
tendrán un alcance consultivo y orientador, pero no vinculante,
de manera que el Ministerio terminará haciendo lo que
quiere”, opina el director ejecutivo, y añade que
de esa forma esa cartera hace a un lado el derecho de la participación
comunitaria y confirma que hay un Gobierno “autocrático”
que toma este tipo de decisiones vía decreto, cuando
debería someterlas al Congreso.
Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia,
tiene temores similares. Aunque sabe que en la etapa uno los
pacientes podrán nominar exclusiones y en la etapa tres
evaluar los listados preliminares, sienten que en la última,
las personas que padecen trastornos y hacen uso de medicamentos
y tratamientos que podrían ya no ser financiados, solo
serán parte de una “socialización”,
en lugar de decidir, mientras el Ministerio tendrá un
peso predominante.
“Los pacientes pueden nominar qué puede ser excluido,
pero cambian las reglas de juego porque la decisión la
toma el Ministerio”, afirma Silva, y añade que le
preocupa que las exclusiones, a la final, no se definan por
la carga de enfermedad o el perfil epidemiológico, sino
por el costo de las tecnologías. |
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