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Reforma a ley 715 por fast
track:
el camino corto para una reforma amplia
Juan
Carlos Arboleda Z. Periodista -
elpulso@sanvicentefundacion.com |
| La reforma a la Ley 715 se puede dar vía
Fast Track. Esa fue la inquietud en torno a la que se congregaron
diferentes especialistas los pasados 15 y 16 de marzo en Bogotá,
convocados por la Federación Nacional de Departamentos,
la Federación Colombiana de Municipios y USAID. Analizaron
si esta especie de Misión Express (nombre que tuvo el
evento) puede ser el camino más expedito para abordar
la forma en que las competencias y recursos de los entes territoriales,
tanto departamentos como municipios, enfrentarán los
próximos años. |
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| La
tramitación e implementación de la normatividad
necesaria para cumplir los acuerdos de paz con las Farc en el
Congreso dificulta que se tenga el tiempo suficiente para el
estudio juicioso de un tema tan transcendental como es la reforma
a la 715. |
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Además,
si se considera que será en la esfera de los territorios
donde en realidad se aplicarán los acuerdos, cabe el
supuesto de que sea la vía rápida la que permita
un trámite menos traumático y más oportuno.
El palo en la rueda para esta iniciativa se dio precisamente
la misma semana de la reunión: la Corte Constitucional
llamó la atención sobre la inconstitucionalidad
que tendría aprobar todo por un camino que tiene unas
condiciones muy específicas, lo cual abriría
un nuevo peligro, como lo es que la reforma aprobada sea rechazada
por la Corte.
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Visión
del gobierno central
Para la viceministra de Protección Social Carmen
Eugenia Dávila, la Ley 715 fue importante ante todo en
sus momentos iniciales, en la medida en que ayudó a organizar
las fórmulas de asignación de recursos. Sin embargo
considera que en materia de salud el país ha tenido una
evolución sustancial con las leyes 1122, 1176 y 1797.
La viceministra llamó la atención sobre la importancia
de discutir en el marco de una reforma a la 715 los roles de
departamentos y municipios. Para estos últimos, en concepto
del Ministerio, la misión fundamental es mantener la
cercanía con los ciudadanos, ya que una vez desprendidos
de la función de manejar la contratación, se hace
urgente definir el rol del municipio frente al aseguramiento.
Por su parte frente al rol de los departamentos lo centra en
una labor de asesoría a los municipios que puede ser
de carácter técnico.
La funcionaria elogió como experiencia exitosa en el
sector los resultados del giro directo y de las cuentas maestras
y señaló como retos mejorar las condiciones de
accesibilidad y calidad, principalmente en las zonas dispersas
donde aún se detectan inequidades regionales, y donde
podría establecerse un modelo diferencial. Sin embargo,
el mayor de los retos estaría en los temas de salud pública.
La viceministra invitó para que al momento de estudiar
la reforma se reflexione sobre las competencias y el nivel de
coordinación de los recursos en las regiones, llamado
que surge al observar el alto nivel de recursos de salud pública
sin ejecutar y que llegarían a los 400.000 millones de
pesos.
Frente a la crisis por el No POS que vienen denunciando varios
departamentos, la doctora Dávila aseguró que el
No POS presiona también a la nación y al FOSYGA,
y concluyó invitando a revisar la subsistencia del subsidio
a la oferta, donde su opinión es que debería limitarse
a ciertas regiones. Su llamado final fue a repensar qué
pasará con la red pública, y más si se
considera que alrededor de 300 E.S.E.s han salido del riesgo
fiscal alto.
Por su parte la postura frente a la reforma del Departamento
Nacional de Planeación despertó en los asistentes
más preocupaciones que tranquilidad. Para este superministerio
hoy el 65% del gasto se hace por y en los territorios, a la
vez que el Sistema General de Participaciones ha crecido significativamente
en todos los rubros entre 2002 a 2015, y aunque siempre se señale
la necesidad de más recursos, resulta por lo menos curioso
que todos los años se acumulen saldos de recursos sin
ejecutar, los cuales alcanzarían los 19 billones de SGP
y 5.9 billones del Sistema General de Regalías.
Para este ente si se considera que el recaudo tributario municipal
se triplicó entre 2000 y 2015, deberían ser los
ingresos por impuestos prediales la principal fuente de ingresos
de los municipios, cuando hoy es por concepto de impuesto de
industria y comercio. Según la entidad el sistema ha
sido progresivo, sobre todo en los recursos de propósito
general de libre destinación, y aun en los municipios
más rezagados ha habido desarrollo en las capacidades
de acuerdo con la evaluación de desempeño integral
realizada por Planeación Nacional.
Hacia el futuro, y con miras a una reforma de la Ley 715, el
DNP plantea buscar estrategias para ganar en la eficiencia en
el gasto de los recursos, para lo que se deberían evaluar
cuatro temas: los criterios de distribución, las competencias
de los entes territoriales, el uso de los recursos, y la técnica
administrativa y financiera de los SGP; asimismo encauzar la
discusión con base en unos principios orientadores en
torno a un aumento en los resultados, el respeto a la autonomía
de los territorios, la generación de eficiencias, una
progresividad en la asignación, y la transparencia y
participación.
Visión de los departamentos
La óptica que tienen los departamentos difiere
del optimismo del gobierno central. Para el Gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano de la Rosa, si algo no se cumple en el país
es la descentralización, consignada en la Constitución
de 1991 que desde su artículo primero determina que Colombia
es un estado democrático, participativo, pluralista,
descentralizado. Cada año hay más centralismo,
afirmó, mientras se asignan cada vez más responsabilidades
a los territorios y menos recursos, de ahí su afirmación
de incumplimiento del pacto constitucional: “Entregarle
poder a las regiones no se ha cumplido, el 85% de los recursos
se concentran en la nación y vamos camino hacia un país
macrocefálico” aseguró.
Para el mandatario urge una Reforma a la Ley 617 de 2000 que
se proyecte hacia una Ley de Regiones que abarque incluso la
creación de una nueva estructura.En cuanto a la salud
en particular señaló que es indispensable una
mayor disciplina y vigilancia desde el gobierno nacional, puesto
que no se compadece que en el Atlántico por ejemplo haya
una deuda de más de $130.000 millones con los hospitales
debido a la falta de pago de las EPS y no pase nada.
Para Janeth Cristina Castaño, Secretaria de Salud de
Apartadó, es evidente que falta coherencia en la asignación
de recursos para salud pública, puesto que los actuales
son insuficientes para desarrollar todas las actividades. Además
en los últimos años aumentaron las competencias
en inspección, vigilancia y control, sin que se incrementaran
los recursos asignados.
Otro cuestionamiento fue la falta de claridad de los criterios
directos e indirectos para asignar recursos así como,
el manejo de los indicadores de eficiencia utilizados tanto
para evaluar el comportamiento de los municipios como para la
asignación de los recursos, elemento frente al cual se
dan incoherencias como que los cortes de medición se
efectúan a 31 de octubre, cuando los programas continúan
y las coberturas útiles y reales solo se observan al
final del año.
La doctora Castaño planteó que ante una reforma
de la Ley 715 se debería tener como elemento orientador,
la equidad en la asignación de recursos entre educación
y salud como una realidad, la existencia de criterios medibles
y trazables para asignar los recursos provenientes de Coljuegos
y del SGP, y que la eficacia en los territorios sea medida por
el impacto sobre la morbimortalidad, además de que se
giren recursos nuevos para las acciones de IVC a los municipios
certificados. |
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