A pesar de las aparentes bondades que tiene la ley, la misma
ha venido generando una gran controversia en el país,
ya que ha puesto a los médicos y a las instituciones
transplantadoras entre la espada y la pared. Ninguna institución
va a entrar a extraerle los órganos a una persona en
muerte cerebral sin habérselo comunicado a su familia,
y al hacerlo ¿qué pasa si la familia se niega?
¿Se puede violentar esta negación?;
por otro lado si el médico o la institución
respetan la voluntad de la familia de no aceptar la donación,
¿no están dejando de beneficiar a alguien que
lo necesita a sabiendas de que la ley lo autoriza?
Salir de esa disyuntiva no va a ser fácil y sólo
será posible con lo que debió hacerse desde
el primer momento: educación, sensibilización,
concientización. No se podía asumir que la gente
ya estaba lo suficientemente preparada para asumir el contenido
de una ley que ni siquiera conoce, y de la cual si se ha enterado,
ha sido por los medios de comunicación y no por mecanismos
formales a cargo del estado.
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