Balance del sistema de salud desde la óptica de los hospitales públicos

Llegado el momento de los balances y rendición de cuentas por parte del gobierno saliente, y la necesidad de analizar su desempeño frente al sistema de salud colombiano, son varias las reflexiones suscitadas y que en esencia pueden girar en torno a tres aspectos: ¿Cuáles son las apuestas del Gobierno Nacional o la ruta definida en su accionar? ¿Cómo se encuentra el plan de recuperación de las EPS? y ¿Cómo avanza la cartera hospitalaria y las dificultades que se tienen para cubrir los pasivos de los hospitales públicos?.

El Gobierno ha insistido en que la crisis del sistema es de carácter financiero, desconociendo que exista en otros componentes de igual importancia como la salud pública o la prestación de servicios, y esta postura, que se sale de las evidencias mostradas por los medios de comunicación y las investigaciones realizadas por las universidades, además de restringir el alcance de la crisis, plantea que las soluciones se limitan al accionar económico, para lo cual se han tomado medidas para solucionar lo que el Ministro Alejandro Gaviria ha clasificado como los problemas del pasado y del presente.

Entre las soluciones presentadas para los problemas de “el pasado” se incluye como un elemento central la recuperación patrimonial de las EPS, y la generación de recursos que provendrían de la Reforma Tributaria, recursos que mayoritariamente no llegaron por la caída de la propuesta del impuesto a las gaseosas derrotada en el Congreso. Por su parte para los problemas financieros del “presente”, plantea el ministro una serie de instrumentos que en realidad se han convertido en barreras de acceso para la población como la política del Modelo Integral de Atención en Salud, la cual no arranca y está desfinanciada, y sus RIAS. Pero también, establece nuevos mecanismos de pago, especialmente al PGP, que le traslada el riesgo financiero y epidemiológico a los hospitales, y estos a su vez a los médicos, quienes extienden la cadena a los pacientes. Por su parte la implementación del MIPRES termina yendo en contra del acceso a la salud de la población. Esa es la ruta de salvación, a groso modo.

Una recuperación fallida

Los Decretos: 2702, 2117 y 718, que han marcado la “senda de recuperación” de las EPS estableciendo un periodo de diez años que puede ser extendible hasta el infinito, lo que han producido es una desfiguración del real estado del sistema. Los indicadores para las aseguradoras se han flexibilizado hasta permitir acomodarlos a las necesidades de cada EPS, de ahí que procesos de reorganización, como el de CAFESALUD mutado a MEDIMAS, haya traído consecuencias negativas y aberraciones como la venta de pacientes, que terminan sometidos a un manejo denigrante, pero también para toda la sociedad colombiana que percibe que en salud son tratados como mercancías. Otras prácticas autorizadas desde los Decretos mencionados, como ceder contratos y activos, permite aplicar amparados desde la normatividad una estrategia para no responder por las deudas, situación que se repetirá próximamente con la extinta CAFESALUD y que dejará un nuevo lastre sobre los prestadores y otros actores del sistema.

Dentro de este accionar gubernamental, resulta preocupante la forma en que se otorgan plazos y un tratamiento especial para que las EPS ajusten los indicadores de permanencia financieros; ¿Cómo se puede ajustar un indicador con el cual se mide la ejecución de recursos públicos de destinación específica? Esta medida desde toda óptica es un despropósito. Igualmente llama la atención una gabela como la de descontar las pérdidas en que van incurriendo año tras año las EPS para diferirlas a un lapso de 10 años, en otras palabras, el reciente informe publicado por la Supersalud deberá ser mirado con lupa para ver cuáles EPS ya difirieron las pérdidas, con lo cual la verdad escueta es que dichos informes no reflejan la realidad.

Y es que precisamente el maquillaje de los hechos parece ser una constante. Mientras el Superintendente señala un mejoramiento en la situación financiera de las EPS, las cifras de su mismo informe dicen lo contrario: pasamos de un margen de solvencia negativo, y de un patrimonio adecuado de menos 5.5 billones de pesos a uno de menos 6.1 billones, lo que quiere decir que la situación empeoró.

Hospitales públicos al borde del colapso

La cartera de los Hospitales Públicos llegaba a los 7.2 billones de pesos en marzo de 2017, el 50% a más de un año, lo que significa que es un dinero que ya se perdió. La deuda con los hospitales creció casi el 14% en un año y en el ranking de las EPS más deudoras están Caprecom en liquidación con 640 mil millones; Capital Salud con 422 mil millones; Savia Salud con 316 mil millones, y un largo etcétera.

Si bien la deuda es generalizada, merece especial análisis la mutación del trío SALUDCOOP-CAFESALUD-MEDIMAS. La primera de ellas dejó una gran deuda, pero en la última Resolución del agente liquidador, solo se reconoce si acaso un 60%, además sabemos que no se tienen los suficientes activos para responder a los prestadores y sus reclamaciones por 4 billones de pesos. La venta de CAFESALUD, con todos los enredos sobre la falta de pluralidad de oferentes, y lo que tramita el Contencioso Administrativo, hace que si bien CAFESALUD aún no se extingue, es un hecho que próximamente entrará en liquidación, y con eso se perderán alrededor de 1.5 billones de pesos, a lo que se debe sumar que MEDIMAS no cuenta con los recursos suficientes para pagar los casi 2.9 billones de pesos que quedó debiendo CAFESALUD. Este tipo de situaciones hace que el denominador común entre los actores sea la desconfianza agudizada por una débil interlocución.

En el Régimen Contributivo la NUEVA EPS, quien ha asumido el roll de ir llenando los vacíos que dejan otras EPS que se retiran de alguna región, vive sus problemas y debe 317 mil millones de pesos a los hospitales públicos; Coomeva incrementó la cartera en un año en el 33%, llegando a los 230 mil millones de pesos. Esta realidad ha llevado a que los hospitales en riesgo fiscal financiero, que según información de la Superintendencia y el Ministerio estarían mejorando, por el contrario empeoren; el país pasó de tener el 26% de los Hospitales públicos en riesgo medio y alto, a tener el 40% en dicha categoría, generando una contención de costos como única estrategia para salir de esa categorización; por otro lado es una falacia plantear que le puedan llegar más ingresos a los hospitales ¿provenientes de quién? ¿De las EPS que se están liquidando? Lo anterior conduce a que los planes de saneamiento obviamente no se ejecuten y abre la puerta a más liquidaciones.

Se puede concluir que la política del ministerio ha estado enfocada a otorgar más gabelas a las EPS, extendiendo una especie de licencia para todo; por su parte hospitales y clínicas vienen salvando a las EPS apalancando su funcionamiento y asumiendo el riesgo epidemiológico y financiero, todo bajo un gobierno autocrático y contemporizador de la crisis mientras trata de maquillar un sistema fallido.