¿Cómo afrontar la corrupción y la opacidad en el sistema de salud?

La corrupción y la opacidad son dos problemas que dificultan el desempeño del sistema de salud colombiano. En el primer caso, se trata de conductas que transgreden normas o valores y desvían el uso de recursos o el ejercicio del poder hacia beneficios particulares, y en el segundo, de falta de transparencia al no contar con información fiable, procesos y normas claras o la rendición de cuentas por parte de funcionarios y entidades que tienen una función pública.

Los hechos más preocupantes:

Del estudio adelantado por el GES durante el último año, enmarcado en el Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE – Colombia), se concluyeron varios hechos preocupantes. Entre ellos se destacan:

Todos los actores del sistema son percibido por la ciudadanía con algún nivel de corrupción, desde medio en el caso de profesionales de la salud y usuarios, hasta alto o muy alto para secretarías de salud, hospitales públicos, EPS, industria farmacéutica, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, IPS.

La falta de transparencia es generalizada en el sistema de salud, especialmente por la falta de reglas claras, asimetrías de información y débil rendición de cuentas, y la misma facilita la ocurrencia de prácticas corruptas.

Muchas personas reconocen ser testigos de hechos como: soborno, desvío de dinero, fraude en la contratación, conflicto de intereses, tráfico de influencias y favoritismo.

La denuncia de hechos corruptos es poca y muy baja ante la justicia y órganos de control, mientras que predomina en redes sociales y medios de comunicación. En la mayoría de los casos denunciados, no hay lugar a sanciones.

En las entidades del sistema no se tiene arraigada una cultura de prevención y manejo de riesgos de corrupción y opacidad, hay poca apertura para hablar del tema y reconocerlo.

Entre las entidades que reconocen riesgos más bajos de corrupción y opacidad se encuentran precisamente las que cuentan con prácticas de buen gobierno.

Entre los actores se reclama el fortalecimiento de las sanciones, especialmente penales. También se sugieren sanciones sociales y hasta económicas para afiliados y usuarios.

Bases para una política sectorial de integridad y transparencia

Para afrontar esta problemática, el GES propone la adopción de una política sectorial que permita blindar al sistema de salud frente a prácticas corruptas y a la falta de transparencia. Ahora bien, el desarrollo de una política efectiva requiere el cumplimiento de unos requisitos iniciales. Entre estos se destaca el liderazgo y la voluntad política del Ministerio de Salud y Protección Social, a quien se propone designar un responsable o grupo de responsables para desarrollar e implementar la política, de modo que se visibilicen compromisos y tareas. También, dar señales claras de la coherencia en su gestión, acerca de lo que significa liderar con el ejemplo la integridad y la transparencia. De manera similar, este liderazgo y la voluntad política deben buscarse también en el nivel territorial, de modo que allí se vean reflejados compromisos concretos de la función de inspección y vigilancia.

La puesta en marcha de la política sectorial también requiere la creación o el fortalecimiento de una instancia de coordinación del sistema de salud, en la cual se pongan en común los asuntos de la política y de buen gobierno como una prioridad inaplazable (gobernanza). En este mismo sentido, es fundamental la corresponsabilidad del sector empresarial y otros actores en procura de un “Pacto por la Probidad y la Transparencia en el sistema de salud”, así como el contar con el compromiso de la ciudadanía, tanto en el rol de ciudadanos como de líderes sociales.

La política sectorial de integridad y transparencia: lucha contra la corrupción

Esta política será responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, acompañado por la Superintendencia Nacional de Salud, y además debe involucrar a todos los actores, públicos y privados del orden nacional y descentralizado, con un énfasis inicial en las direcciones territoriales de salud y los hospitales públicos. Además, la política se refiere a acciones de carácter preventivo y también de vigilancia, investigación y sanción, teniendo en cuenta la aplicación de herramientas disponibles en el país, en particular la Ley de transparencia y acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación y el control social.

Principales recomendaciones son:

Para el Ministerio de Salud y Protección Social:

Liderar y promover el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley 712 de 2014), de modo que esta ley sea interiorizada por los distintos actores y se forme así una cultura de la transparencia.

Promover, con base en una guía específica para el sector, la rendición de cuentas periódica y exclusiva de Direcciones Territoriales de Salud y, por medio de ellas, de las Empresas Sociales del Estado.

Revisar criterios para el nombramiento de gerentes y directores de ESE (Circular 09 de 2016), incluyendo aspectos relacionados con las calidades éticas y trayectoria pública

Incorporar criterios de transparencia y buen gobierno en habilitación y acreditación de servicios.

Promover una cultura de la integridad, enfocada en aspectos como: cursos que los empleados certifiquen, procesos de inducción y reinducción que incluyan los principios y valores del servidor público, instancias en donde se puedan plantear posibles dilemas éticos o conflictos de interés de los funcionarios.

Para la Superintendencia Nacional de Salud:

Promover entre las entidades del sector la gestión de riesgos de corrupción y opacidad.

Consolidar un canal de denuncia ciudadana que se acompañe de medidas de protección como el anonimato, garantías de confidencialidad y la posibilidad de seguimiento.

Promoción de la participación ciudadana, enfocada en: a) incentivar en líderes y veedores medidas de transparencia, probidad y rendición de cuentas en su gestión social; b) formación sobre identificación de riesgos y conductas de corrupción y c) actuación para la denuncia.

Promover unos estándares mínimos de gobierno corporativo para direcciones territoriales de salud, ESE, EPS e IPS, en aspectos como: conformación, evaluación y rendición de cuentas de órganos internos de gobierno, transparencia de la información legal, societaria, económica y financiera.

Promover un trabajo articulado con Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, para responder a las alertas y a los hechos sobre corrupción que se conozcan desde otros entes de investigación y control, medios de comunicación y organizaciones sociales (red de controladores).

Para las Direcciones Territoriales de Salud: i) Cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y gestión de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano, ii) interiorizar la gestión de riesgos de corrupción y opacidad, iii) Rendición de cuentas, iv) controlar el cumplimiento de las condiciones de habilitación con criterios de transparencia y buen gobierno.

Para las Empresas Sociales del Estado (ESE) e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS): Además de las tres primeras del punto anterior, adoptar estándares mínimos de gobierno corporativo.

Para las Empresas Promotoras de Salud: i) Clúster de transparencia, integridad y buen gobierno como una iniciativa que permitiría el intercambio de conocimiento para avanzar de manera conjunta en transparencia y buen gobierno, ii) articular al SARLAFT el cumplimiento de la política sectorial de lucha contra la corrupción, iii) Propender por la rendición de cuentas a los ciudadanos.