Periódico EL PULSO

multinacionales; la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi y tres cámaras más del gremio industrial: Salud, Alimentos y Cosméticos; la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC; la Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud, Ifarma, entre otros, e incluso el mismo Invima, formaron causa común para decirle al gobierno nacional que no es procedente ni conveniente cerrar o liquidar el Invima, pero que tampoco puede mantenérsele como está, porque el Instituto, el sector salud y todos sus vigilados, reclaman a grito en pecho que al Invima debe fortalecérsele para que cumpla adecuadamente sus funciones de inspección, vigilancia y control de los productos de consumo humano y animal.
A pesar de que la firma del decreto que acababa con el Invima se frenó en seco durante el tiempo de facultades especiales del presidente Uribe, gracias a la advertencia de voceros gremiales como el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, que mostró la preocupación del sector productivo ante la iniciativa, el gobierno tampoco se ha mostrado dispuesto a archivarlo, sino que anunció una reestructuración del mismo que sería presentada en unos dos meses. Ello mantiene en la cuerda floja al Instituto y en vilo a los actores del mundo del medicamento y de la salud, pendientes de la decisión al respecto.
Un proyecto con contradictores
El decreto estaba listo para ser firmado el 6 de junio de este año, y en él se trasladaban al Ministerio de la Protección Social funciones como la expedición de registros sanitarios; a la Superintendencia de Competencia y Consumo, que se crearía como un ente más grande que la Superintendencia de Industria y Comercio, irían otras funciones como la salvaguarda de la información que entregan los laboratorios para obtener dichos registros, la autorización de publicidad para promover comercialización y consumo de productos, la organización-dirección y control de la red nacional de laboratorios, y finalmente, la promoción, apoyo y acreditación de instituciones para la realización de evaluaciones farmacéuticas y técnicas, así como los laboratorios de control de calidad, su asesoría y control de operación, sin perjuicio del control de los entes territoriales; y a la Supersalud, pasarían las funciones y facultades para sancionar personas y empresas que violen las normas regulatorias de producción y comercialización de alimentos y medicamentos. Luego, el decreto ordenaba la eliminación de los cuerpos directivos del Invima y consecuentemente, la supresión del Instituto.
Aunque este proyecto de decreto se había filtrado en el sector salud desde finales del mes de junio, el toque de sirena fue dado por un artículo del periódico El Tiempo el pasado 8 de julio, “Ajuste/ Una liquidación que pondría en riesgo la salud pública. Así se proyecta dividir el Invima”, del redactor Jorge Correa; en la publicación se mostraba este intento de desmembrar la entidad y repartir sus funciones, incluso entre particulares, y la poca o nula simpatía que generaba entre algunos de los gremios mencionados. Estos argumentan en el texto, que la sola idea de que la expedición de registros sanitarios o permisos para fabricar, comercializar, importar y exportar medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos, se devuelva al hoy Ministerio de la Protección Social, es una propuesta escalofriante.
Según la ACHC, el Invima controla la calidad de unos 12.000 productos comercializados en Colombia y de otros 50.000 fabricados o importados por empresas que también vigila la entidad. Según la Andi, los sectores vigilados por el Invima suman el 40% de la producción industrial del país (unos 23 billones de pesos), la quinta parte de las exportaciones industriales y el 11.2% de las importaciones; además, autoriza el ingreso de millones de dólares en materias primas para producir los bienes en mención y genera el 34% del total de empleos creados por la industria (cerca de 172.000 empleos) además de las 400.000 personas que derivan sus ingresos por distribución, venta directa o multinivel. En exportaciones de medicamentos, a inicios de los años 90 se exportaban 27 millones de dólares en medicamentos y hoy día superan los 248 millones de dólares.
De cerrarse el Invima, sus funciones se fragmentarían, generando un verdadero retroceso y enredando mucho más cualquier trámite relacionado con los productos de consumo humano y animal. Además, la acreditación de laboratorios farmacéuticos en Buenas Prácticas de Manufactura, la cadena de distribución de medicamentos y la farmacovigilancia (manejo de reportes de los médicos sobre efectos secundarios o adversos de medicamentos), pasarían a manos de particulares del sector privado, algo considerado absolutamente inconveniente por todos los actores involucrados en estos procesos. Sería como perder 10 años de toda una estructuración de actividades tendientes a mejorar la vigilancia, inspección y control de los medicamentos y alimentos.
El senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos también se pronunció contra el proyecto, por considerar que el control o poder sancionatorio es función inherente al Estado y no puede delegarse a particulares, porque los convertiría en juez y parte; recordó como el Invima recibe recursos por unos $19.000 millones anuales por sus servicios y de ellos solo le dejan $9.000 millones, ya que el resto va al gobierno central por estimarse como excedentes financieros. Según el senador, con estos recursos el Invima podría implementar una Red de Laboratorios de Control de Calidad para medicamentos, insumos y alimentos (que costaría unos $3.000 millones), continuar con las Buenas Prácticas de Manufactura que le dan reconocimiento a los productos colombianos por calidad en el exterior, implementar las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y de Abastecimiento (BPA), además de descentralizar funciones en las Secretarias Seccionales de Salud.
Por todo ello, el parlamentario antioqueño señaló que el gobierno debe evitar a toda costa la conformación de monopolios rentísticos en aspectos de salud y bienestar, porque quedarían sujetos a la manipulación de dichos monopolios; además, advirtió que si se entrega el manejo de los mecanismos de inspección, vigilancia y control a quienes ya controlan la producción y los canales de distribución, esa hegemonía llevaría a una mayor descomposición de este mercado, generando el caos total en la salud pública.
Y en carta del presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, Jorge Olarte, al Departamento Nacional de Planeación, éste afirma que siempre se ha considerado como uno de los grandes logros del país en control sanitario, la creación del Invima para vigilancia y control exclusivo de medicamentos, alimentos, productos médico-quirúrgicos, licores y demás productos que inciden en la salud individual o colectiva. Recordó además que los países más desarrollados en este tipo de control, cuentan con organismos fuertes y totalmente autónomos para proteger la salud de los consumidores, como la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos, la EMEA de la Comunidad Europea, la DIGEMID en Perú, el ANVISA en Brasil, el Instituto Rafael Rancel en Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez en Ecuador, entre otros.
Resaltó además, que en el desarrollo del Invima se han logrado impactos positivos como la lucha contra la falsificación de medicamentos incluso con reconocimiento internacional, y el decomiso de productos adulterados o en mal estado, con una nómina de apenas unas 200 personas, entre empleados fijos y contratistas. Por ello, afirma Jorge Olarte, desintegrar al Invima es un retroceso sanitario que deja a Colombia en desventaja frente a mercados extranjeros que ya trabajan con altos estándares de control sanitario.
Sería un contrasentido cerrar el Invima: ACHC
Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), considera al Invima una creación afortunada de la Ley 100 que ha ido evolucionando favorablemente en su adaptación al sistema de seguridad social. Enfatizó como superó el represamiento en concesión de licencias y autorizaciones necesarias para hacer operativo el tema sanitario de su competencia, por lo que parece un contrasentido el hecho de que una vez ha madurado con un tamaño estructural adecuado y cierta autosostenibilidad, el Estado quiera desmembrarlo, quitarle funciones o desaparecerlo.
La pregunta de fondo en estas disyuntivas, indicó, es: “¿Cuál es la relación costo-beneficio de esa decisión? Uno cree que estas decisiones responden a una macropolitica de reestructuración del Estado, en la línea de que el Estado ideal es uno muy pequeño; nos parece que esto se debe poner en la balanza y mirar si se gana más desapareciendo unas funciones y ahorrando unos costos de funcionamiento de esa entidad o si se consigue mucho más teniéndola viva para ejercer esas funciones”.
El doctor Giraldo explicó como el Invima ha hecho una defensa excepcional de su funcionamiento y de su permanencia dentro del Estado colombiano, al poner en blanco y negro lo que hace el Instituto, cuáles serían los escenarios con y sin Invima, mostrando uno bueno, uno regular y uno malo. El Ministerio de la Protección Social ha dicho que tomará todos estos elementos, incluidos los presentados por la industria farmacéutica y los gremios, para presentar una propuesta intermedia, con lo cual queda en el ambiente que sí se va a avanzar hacia un proceso de reestructuración, no tan profundo como inicialmente se había dicho. Para evitar especulaciones, sería conveniente que el gobierno presentara su posición, buscando consenso entre las diferentes propuestas.
Concluyó Giraldo Valencia que en un momento problemático tan severo como el que vivimos, las únicas entidades que no pueden en ningún momento ser desmanteladas, fusionadas, desmembradas y desaparecidas, son las entidades de vigilancia y control, sino que al contrario, habría que darles una capacidad punitiva, investigativa y de acción mucho más grande, porque eso al final es lo único que salva el sistema. “Son el cien de la balanza. Si se debilitan o se entregan sus funciones a otras entidades públicas o privadas, definitivamente no va a haber confianza dentro del sistema”.