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En 1996 se convierte en Empresa Industrial y Comercial del
Estado y reafirma los negocios de EPS para el régimen
contributivo y ARS para el subsidiado, como IPS y como Administradora
del Fondo de Reserva Pensional. Ahora, el pasado 10 de mayo,
ad portas de cumplir 90 años de existencia como la
primera Caja de Previsión en América Latina
y siendo la primera ARS del país por volumen de afiliados
y por cobertura (con presencia en 906 de los 1.049 municipios
del país), Caprecom es intervenida por la Supersalud,
a causa de los problemas financieros y administrativos que
habían puesto en riesgo la prestación de servicios
a sus afiliados.
La intervención abarca a la EPS/ARS Caprecom, o sea,
a los dos regímenes: contributivo y subsidiado, y tiene
como objetivo primordial buscar fórmulas de salvamento
de la entidad, que a la fecha de intervención, contaba
con sede en los 32 departamentos del país, 1'513.313
afiliados en el régimen subsidiado (aunque solo tenía
plenamente reconocidos 1'369.708) y 99.561 afiliados compensados
en el régimen contributivo.
Nebulosa financiera
La falta de claridad en la contabilidad le impedía
a Caprecom disponer de datos fiables sobre su operación
financiera, lo que a su vez impedía conocer a ciencia
cierta su realidad económica. Sin embargo, la Supersalud
presentó las cifras en las cuales se apoyó para
adoptar la intervención.
A diciembre 31 de 2001, Caprecom mostraba deudas por $27.263
millones en el régimen contributivo, de los cuales
$7.725 millones estaban en mora; en el régimen subsidiado
las deudas ascendían a $48.066 millones y tenía
en mora $14.493 millones, en tanto que las deudas por cobrar
a los entes territoriales eran de $98.219 millones. La Supersalud
consideró que ésta última situación
demostraba falta de acción administrativa, porque a
pesar de las dificultades económicas y las deudas,
no había gestión en el cobro de cartera.
La capacidad de endeudamiento de Caprecom EPS estaba en 109.74%,
su capital de trabajo negativo figuraba con $2.605 millones,
a los gastos administrativos y de ventas destinaba 36% de
sus ingresos operacionales presentando un déficit de
19% para cubrir los gastos de prestación de servicios
de salud a los afiliados, y en definitiva, las fallas en los
sistemas de información no le permitía garantizar
procesos confiables de afiliación, recaudo y compensación.
Historial de sanciones
La larga vida de Caprecom está cargada de altibajos,
pero infortunadamente más de sanciones y escándalos.
El 10 de julio de 1997, le fue suspendida la autorización
de funcionamiento por irregularidades en su estructura orgánica
y funcional, sistemas de información, cotizaciones
y recaudación de aportes, aspectos presupuestales y
financieros, y planes complementarios. El 20 de marzo de 1998
le fue levantada la suspensión en virtud de un convenio
con el Ministerio de Hacienda y la Supersalud.
El 12 de marzo de 1999 se le impuso una multa y se le suspendió
su capacidad de afiliación al régimen contributivo
por incumplimiento en el margen de solvencia, por lo cual
no pudo ingresar desde entonces y hasta la fecha, nuevos afiliados
a su EPS; el 18 de octubre de 2000 fue multada por irregularidades
en los procesos de afiliación, recaudo y compensación;
el 11 de abril de 2001 fue multada por deficiencias administrativas
y contables, y el 27 de marzo de 2001 le fue confirmada la
autorización de administrar y operar el régimen
subsidiado.
Ante el evidente deterioro de la EPS, la Superintendencia
inició un monitoreo a Caprecom y concluyó que
el servicio público esencial de la salud podía
afectarse gravemente para sus afiliados y usuarios, lo que
obligó a la intervención. La falta de solidez
financiera no garantizaba la prestación permanente
de estos servicios, le generaba incumplimiento en el pago
oportuno a proveedores y prestadores de servicios de salud
(lo que le trasladaba a éstos últimos las dificultades
financieras de Caprecom) y ello finalmente redundaba en la
falta de atención oportuna y de calidad a los afiliados,
en un círculo vicioso que parecía sin fin.
Debe aclararse, sin embargo, que los servicios continúan
prestándose a los afiliados en la red de servicios
de salud que tiene contratos vigentes y que la intervención
no afecta a Caprecom Pensiones.
Lío jurídico con Hospital
General de Medellín
En diciembre de 2001, el Hospital General de Medellín
declaró caducidad de contrato a Caprecom, la Caja presentó
recurso de reposición al HGM y éste no fue aceptado;
luego, Caprecom presentó acción de tutela contra
la caducidad y ésta fue negada. Posteriormente, la
Caja presentó contrademanda contra la caducidad ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual fue aceptada
el pasado 5 de abril, pero sin estar en firme. El caso por
tanto no está cerrado, pero genera múltiples
implicaciones para Caprecom a nivel nacional.
La Ley 80 de 1993 establece en su artículo 86, que
son inhábiles para participar en licitaciones y concursos
y para celebrar contratos con las entidades estatales, quienes
dieron lugar a la declaración de caducidad, determinando
además en su artículo 97, que si llegase a sobrevenir
una inhabilidad en el contratista, éste cederá
el contrato previa autorización escrita de la entidad
contratante o, si ello no fuere posible, renunciará
a su ejecución.
La mora en el pago de cuentas y el índice de endeudamiento
llevaron a las IPS que conforman la red prestadora de servicios
de Caprecom, a disminuir sus servicios a los afiliados de
la Caja, y en el caso del Hospital General, a declarar la
caducidad administrativa, lo que ahora le impide a Caprecom
suscribir nuevos contratos en el país para prestación
de servicios.
Ante la declaración de caducidad del HGM, la Caja señala
que hubo mucha injusticia de parte del hospital, y que ahora
están esperando el fallo, la segunda instancia de la
tutela que se interpuso, que creen le dará la razón
a Caprecom, porque al parecer hubo precipitación e
incomprensión del hospital, y faltó concertación
y diálogo.
La intervención
Los antecedentes de irregularidades obligaron a la Supersalud
a decretar la intervención por 3 meses, duración
que podrá prorrogarse y que se aplica sin perjuicio
del proceso de disolución y liquidación si éste
fuera necesario.
La intervención implica realizar los procesos necesarios
para mejorar el régimen contributivo, especialmente
en la garantía de prestación de servicios de
salud a los afiliados; también determina la protección
de negocios y activos de Caprecom, la adopción de medidas
administrativas para garantizar los objetivos de la intervención
y la liquidación de activos cuando sea necesaria. Actuará
como agente contralor del proceso, la firma Jahv McGregor
Limitada.
"La liquidación está
proscrita"
Con esta declaración, el interventor designado por
la Supersalud para Caprecom, José Rafael Domínguez
Ayala, reiteró enfáticamente que el propósito
de la intervención es buscar fórmulas de viabilidad
financiera al régimen contributivo y volverlo más
competitivo. Domínguez confía en que un plan
de gestión adecuado y un cronograma fiable, con metas
alcanzables, convencerá al Ministerio de Hacienda y
al gobierno nacional, de que ayuden económicamente
a la entidad en el monto necesario para salir de la crisis.
"Al Estado hay que comprometerlo con los dineros pero
también con planes de gestión. No se puede pedir
acostado en una hamaca, hay que pedir recursos pero también
decir: nos comprometemos a mejorar eficiencia, reducir costos,
racionalizar gastos y a volver la empresa más productiva",
agregó.
Domínguez señaló que se necesita depuración
urgente de la contabilidad, porque falta claridad sobre deudas
a IPS y proveedores; también se debe actualizar la
base de datos, y hacer más eficaces algunas áreas.
En el régimen contributivo el flujo de caja tiene un
desequilibrio real entre ingresos y egresos, que configura
una iliquidez muy preocupante, siendo el principal problema.
Es una deuda de casi $35.000 millones que podría apalancarse
cuando se cancelen las cuentas por cobrar; se disminuiría
la deuda pero continuaría el déficit, por lo
que se necesitan estrategias para lograr más y mejores
ingresos, además de reducir costos. Se detectó
que empresas afiliadas como Telecom, Inravisión, Adpostal,
Ministerio de Comunicaciones, Audiovisuales, entre otras,
deben alrededor de $15.000 millones, por lo que se les instará
a ponerse al día en los pagos, muchos del plan complementario.
También se va a caracterizar la deuda por municipio,
IPS y tipo, para plantear una estrategia que permita mover
el margen de solvencia, a efecto de presentar un plan que
permita levantar la sanción y afiliar nuevos cotizantes.
El régimen subsidiado marcha mejor, pero hay dificultades
por la alta cartera por cobrar a los entes territoriales,
deudas que pasan de 5 y 6 años y que exigirán
acciones muy agresivas de cobro, luego de intentar la concertación
con alcaldes y gobernadores; Caprecom espera recuperar más
de $98.000 millones, lo que permitiría pagar los algo
más de $75.000 millones que se deben y alcanzar un
buen punto de equilibrio. Las ARS con más deudas son
las regionales Atlántico, Valle y Santander.
Domínguez señaló que se negociarán
deudas con IPS públicas de cada jurisdicción,
luego de que los alcaldes paguen, lo que beneficiará
a todas las partes. Además, invitó a los entes
territoriales a renovar contratos y a volver a confiar en
la ARS Caprecom, porque existe voluntad real de no defraudarlos
en servicios.
Frente a la restricción de servicios en las regiones,
la red se ha reabierto poco a poco y se procurará tenerla
disponible en un 90%. La red propia apenas ofrece servicios
de primer nivel y algunos ambulatorios del segundo, pero se
está poniendo su capacidad máxima de oferta
a disposición de los dos regímenes, para contratar
exclusivamente lo necesario de nivel 3 y 4. "No podemos
darnos el lujo de tener IPS vacías atendiendo únicamente
al contributivo mientras el subsidiado no tiene donde lo atiendan.
Esto lo revisamos con IPS por IPS, para confrontar costos
de la IPS Vs productividad".
Domínguez señala que falta más integración
al Plan de Trabajo desde las regiones, por lo que es prioritario
conservar la unidad de empresa y no trabajar como 32 familias
sueltas por todo el país; para ello es necesario generar
cultura de la información permanente y compromiso con
las directrices nacionales. Hay regiones con nivel administrativo
"más enano" que otras, señaló,
dependiendo del número de afiliados y la gestión
particular, proactividad, compromiso y creatividad de algunos
directores.
Ante los problemas de Caprecom en Antioquia, espera también
apoyo de algunos directivos de IPS, con los cuales se buscarán
acuerdos de pago sobre cartera vencida, porque la principal
preocupación ahora es que la falta o la distorsión
de la información sobre la situación real de
la empresa, "espante" a los afiliados.
También debe reconocerse que ha habido casos de descuido
a nivel nacional: el contrato administrativo de 1996 del régimen
subsidiado no se ha liquidado a la fecha y obviamente el primer
paso es reconocer obligaciones de parte y parte para efectos
de cancelar y saldar la deuda, liquidando el contrato. En
eso hay mucho atraso por parte de la entidad, pero será
otra de las estrategias a aplicar de inmediato: la liquidación
de todos los contratos interadministrativos pendientes, agregó
Domínguez.
La planta potencial de empleados es de 1.650, se tienen en
realidad 1.345 (porque se tienen 315 vacantes que no se van
a cubrir), y hay 90 promotores del régimen subsidiado
contratados en diferentes regiones por prestación de
servicios.
Sobre la debilidad enorme en sistemas de información,
Domínguez expresó que no es exclusiva de Caprecom
sino de muchas EPS, públicas y privadas, y que la Caja
aspira a transformarla en fortaleza, insistiendo ante Planeación
Nacional en la liberación de recursos destinados a
esta plataforma tecnológica, para así agilizar
procesos.
"En esta Caja de Previsión está proscrita
la palabra liquidación, porque hablar de liquidación
es hablar de derrota y nosotros no estamos derrotados. La
intervención es para buscar la recuperación,
la viabilidad financiera de la empresa y el mejoramiento de
los servicios", concluyó Domínguez Ayala.
"Es una carrera contra reloj, pero tenemos la política
de que los problemas nuevos no se dejarán envejecer".
En Atlántico piden descentralización
Saúl Orozco, director de Caprecom Atlántico,
señaló que falta descentralización para
mejorar procesos y que faltan insumos administrativos. Allí
se tienen 78.000 afiliados en el subsidiado y 3.578 en el
contributivo, que padecen la dilación en todo trámite.
En enero pasado la red prestaba apenas algunos servicios por
falta de pago a nivel nacional en el contributivo. Las principales
quejas fueron por la deficiente asistencia o la no entrega
de medicamentos, y en la atención a quejas se genera
desgaste y se desatiende el servicio. Aquí vuelve y
juega el centralismo, señaló Orozco.
Ahora se tienen contratos con la red de urgencias del Atlántico
y de Barranquilla, y hay ejecutivos nocturnos para resolver
dificultades con la atención, por directriz del director
interventor. En la costa atlántica se atiende en forma
relativamente normal a los afiliados y se hizo un plan de
choque para procedimientos y cirugías represadas, indicó
Orozco, quién agregó que no se debe sembrar
terrorismo con la intervención, porque existen otras
EPS y ARS donde se dilatan más los procesos de atención.
En el año 2000, la regional Atlántico tenía
39.000 afiliados en los dos regímenes y el año
2001 lo cerró con 78.000 afiliados, o sea que duplicó
afiliación con la estrategia de los promotores y los
Comités de participación comunitaria, que explican
las ventajas de afiliarse a Caprecom por ser una empresa del
Estado.
Caprecom es la ARS con más
quejas en Sucre
En evaluación de la División de Desarrollo de
Servicios de Dasssalud, Caprecom presenta el mayor número
de quejas de afiliados al régimen subsidiado (34.000
en 17 municipios), casi todas generadas porque no les entregan
a tiempo los medicamentos. Según Gustavo Montes, jefe
de la División, las dificultades de las ARS en Sucre,
incluida Caprecom, provienen de los retrasos en el flujo de
recursos de los fondos estatales y la falta de conocimiento
de los usuarios sobre derechos y deberes.
El director de ARS y EPS Caprecom, Isaac Hernández
Hernández, manifestó que las demoras y dificultades
en el traslado de medicamentos, especialmente en zonas de
alto riesgo, es la explicación para el descontento
que reflejan también los afiliados al régimen
contributivo de esta entidad (880), quienes sólo pueden
acceder a servicios de medicina general y de droguería,
debido a la sanción de la Supersalud desde hace tres
años y a las deudas contraídas con las IPS y
las farmacias.
El plazo
Queda muy poco tiempo para que la EPS/ARS Caprecom pueda solucionar
las graves dificultades que atraviesa y que le permitan salvarse
de la liquidación. Se trata de un compromiso donde
todos deben poner si se quiere salvar a la entidad, y el primer
involucrado es el Estado, con el pago de las deudas pendientes
de tiempo atrás, tanto por parte de entidades territoriales
como de empresas oficiales de comunicaciones.
Es una tarea titánica, porque es mucho el tiempo que
se ha dejado correr en el proceso de deterioro paulatino de
Caprecom y grandes los vicios acumulados en la entidad. Le
queda a la Supersalud y a los empleados y dolientes de la
Caja, la penosa y dura tarea de elaborar el Plan de Salvamento
de la institución, y el reto de convencer a diferentes
estamentos del gobierno nacional, para que financie procesos
que le ayuden a Caprecom a apalancar su recuperación
como EPS y ARS. Ellos ahora tienen la palabra, pero el reloj
corre cada vez más rápido.
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