¿Si hay Derecho?
por Arturo Yepes Alzate
Manizales

La Constitución del 91 catalogó como fundamental el derecho a la salud, en cuanto es conexo con el de la vida. Para desarrollar este precepto se expidió la Ley 100, de cuya aprobación han transcurrido más de siete años y unos cinco de estar en plena aplicación. Observemos algunos resultados:

Los afiliados al régimen contributivo (léase EPS públicas y privadas), padecen de servicios restringidos, red de servicios insuficientes y con mora en sus pagos, y en casos como el Seguro Social, sufren la peor atención, porque se contrae sólo a las urgencias y acciones derivadas de tutelas, y Cajanal sin red que preste el IV nivel, es decir la atención en enfermedades de alta complejidad.

Para el régimen de vinculados (léase población sin seguridad social que crece aceleradamente año a año), los recursos son insuficientes por parte del Estado. Los municipios no aportan al sistema, los hospitales públicos con graves problemas estructurales y financieros no dan abasto para atender pacientes a quienes la red privada rechaza porque no es solidaria frente a la población de escasos recursos, y además se ha incrementado la cultura del no pago por parte de quienes requieren los servicios.

Finalmente, los planes complementarios (léase medicina prepagada), han tomado nuevamente auge, pero funcionan con tarifas muy bajas, tomadas del Plan Obligatorio de Salud, y por esto los contratos están plagados de “letra menuda” que ayuda a eludir muchas de las actividades que prometen los vendedores de pólizas y permite elevar glosas a las instituciones prestadoras de salud para retardar los pagos.

El panorama es caótico, desalentador y preocupante. Lo más grave, es que han sido muchos los esfuerzos para ajustar todas las fallas descritas, pero son insuficientes los resultados.

¿Qué hacer? ¿Expedir más leyes? Creemos que no. Normas y más normas, reformas y contrarreformas, no son otra cosa que pérdida de tiempo y aplazamiento de las soluciones. Se requieren entidades sólidas, valor civil, respeto por el diseño normativo del sistema y capacidad sancionatoria con mano firme. Sobran más diagnósticos, necesitamos hechos que nos permitan recuperar la credibilidad en un sistema que agoniza en medio de muchas leyes que por lo prolijas nunca llegan a aplicarse.

¿De quién es la responsabilidad de la salud de los colombianos? Todos al unísono contestamos: del Estado. ¿Pero dónde queda la responsabilidad social, el autocontrol, los estilos de vida sanos, la responsabilidad frente a nosotros mismos?

De ahí la invitación a que hagamos la siguiente reflexión: siempre los recursos serán insuficientes si de aliviar la enfermedad se trata. Gobernantes, entidades del sistema y usuarios, debemos esforzarnos conjuntamente en mantener la salud, y en financiar la atención de la enfermedad, pero no únicamente con los dineros del Estado. Somos nosotros como ciudadanos responsables también por los actos que atentan contra nuestro propio bienestar. Nos corresponde eliminar el descuido, los malos hábitos, el alicoramiento, las conductas imprudentes, la violencia.

Nos falta mucho para alcanzar el ideal de municipio saludable. Dejemos de engañarnos tras un eslogan y mejor comprometamos nuestra conducta para superar una realidad que hoy nos golpea con la fuerza contundente de los hechos: En salud...!No hay derecho!