La
nueva norma
El proyecto modifica el decreto 1546 de 1998, comenzando por
sus Disposiciones Generales, al estipular que se aplicarán
a todos los bancos de tejidos, programas de trasplantes e instituciones
que realicen actividades relacionadas. Luego redefine los Bancos
de Tejidos como entidades sin ánimo de lucro dependientes
o vinculados con IPS, pero admite los bancos independientes;
establece las certificaciones de Buenas Prácticas y Condiciones
Sanitarias, y determina que la autoridad sanitaria competente
en la materia es el Invima en coordinación con los entes
territoriales de salud. Después reglamenta procedimientos
para la obtención, extracción, procesamiento,
conservación y transporte de órganos y tejidos,
las pruebas a realizar a los donantes y prohíbe la remuneración
por donación; también establece parámetros
para la promoción de la donación y para la salida
e ingreso de tejidos y órganos del país, asignando
al Invima funciones de control sobre el tema, algo paradójico
cuando el mismo Ministerio pretende cerrar esta entidad.
También se propone una Red Nacional de Donación
y Trasplante, supeditada al Instituto Nacional de Salud, conformada
por todos los bancos de órganos y tejidos e IPS que realizan
trasplantes, y coordinadora del manejo de estadísticas,
promoción de la donación y “distribución
e intercambio de órganos y tejidos para su trasplante,
teniendo en cuenta urgencias médicas e histocompatibilidad”,
manejando para ello las listas de espera.
El proyecto parece amplio pero deja un intenso sabor a ausencia
de propuestas científicas que promuevan al trasplante
como actividad terapéutica, no incluye por ejemplo el
trasplante de hígado dentro del POS cuando este procedimiento
ya no es experimental, por no mencionar otros como los de intestino,
tráquea o laringe; no contiene medidas que motiven el
trabajo de los grupos de trasplantes de distintas regiones ni
que incentiven la creación de nuevos grupos. Deja así,
la percepción de ser normatizador más que una
gran ley marco que aporte al crecimiento de la actividad quirúrgica
del país.
¿Exportar órganos y tejidos?
El debate surgió cuando el senador Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos hizo un llamado sobre la inconveniencia de incluir
un artículo que abría la posibilidad de exportar
órganos sin antes satisfacer las necesidades de pacientes
colombianos; en un borrador posterior el Ministerio reemplazó
el termino “exportación” por “entrada
y salida de órganos”, tal vez menos duro y con menos
carácter económico, pero para el senador Guerra
el problema continúa, por cuanto el proyecto tiene motivación
económica y no médica, y lo ve como prolongación
extrema de las medidas de globalización. Así declaró
a El Pulso: “temo que por una política de globalización
se empiecen a exportar, para que entren en un rubro económico
y especialmente en el de exportaciones, posiblemente dentro
del ALCA; así como entraron las frutas exóticas,
entrarían también como un rubro importante los
órganos y tejidos humanos. Es reprochable la posición
del Ministerio, donde lo que busca son beneficios económicos
fundamentalmente”. También rechazó aspectos
como la lista única, la centralización a nivel
de Bogotá, y advirtió sobre intereses particulares
de entidades de la capital que no reconocen el trabajo de trasplantes
en el Valle y Antioquia.
Críticas a la centralización
y la lista de espera
En cuanto a la centralización que abre el proyecto, con
la creación de la Red Nacional de Trasplantes y el manejo
de listas de espera, el doctor Alberto Villegas Hernández
de la Clínica Cardiovascular Santa María en Medellín
y quién realizó el primer trasplante de corazón
en el país, afirmó: “creo que el proyecto
es demasiado centralista; hay cosas que hacen imposibles los
trasplantes cuando son tan centralizadas, un permiso se necesita
que sea muy expedito porque los órganos no se pueden
almacenar mucho tiempo. El proyecto desconoce que hay instituciones
que hace años vienen trabajando y que son idóneas”.
De la misma opinión es la doctora Gloria Cecilia Calle
Uribe, directora ejecutiva de la Asociación Nacional
de Trasplantados, al afirmar que “de centralizarse en Bogotá
la lista de espera de donantes significaría un estancamiento
y una falta de reconocimiento para los grupos de trasplantes
que trabajan desde hace varias décadas y son reconocidos
en el ámbito mundial por su gran calidad humana, científica
y por el número de trasplantes... Actualmente existen
listas de espera por ciudades, y el número de pacientes
inscritos es mínimo frente a los que necesitan un trasplante.
La lista de espera centralizada en Bogotá y el criterio
de asignación de órganos por histocompabilidad
pone más trabas y limita la posibilidad de acceder a
un trasplante, dada las dificultades para transportar órganos
o desplazar las personas a lugares donde se les pueda trasplantar”.
Hay que aclarar reglamentación
Para el doctor Juan Guillermo Maya, director médico del
Hospital Universitario San Vicente de Paúl en Medellín,
el proyecto es necesario por varias razones: primero, por un
temor por la comercialización ilícita de órganos
y la dificultad del control sin instrumentos precisos que garanticen
confiabilidad de la información en cada institución;
segundo, porque el Estado tiene la función de controlar.
Además agrega: “hay interés de ciertos grupos
de lograr una preponderancia más de artificio que de
argumentos de fondo; el trasplante es un adelanto científico
y como actividad terapéutica no es propiedad de nadie
sino de la humanidad, y habrá que ampliar fronteras si
queremos beneficiar los pacientes, dando más oportunidad
a colombianos y a extranjeros”. El doctor Maya considera
ajustes como reglamentación de exportaciones, pero dejando
clara la posición frente a los derechos de los colombianos,
además de que el decreto debería reglamentar y
ser explícito al momento del desarrollo científico
y de grupos del país, y facilitar el trasplante de extranjeros,
sin colocarlo como exportación de órganos cuando
ya son trasplantados en el propio país: “Lo que
tiene que tener claro el proyecto es favorecer a la población
nacional, garantizar el acceso a través del aseguramiento
a esos adelantos científicos”.
Una opinión similar tiene el doctor Armando Caicedo,
Jefe de Trasplantes de la Fundación Valle de Lili en
Cali, quien no ve una justificación al proyecto de decreto
pero que ha detectado pugnas en los grupos de trasplantes de
Bogotá que buscan el poder; para el doctor Caicedo el
principio filosófico debe ser el mismo, cada grupo regional
debe resolver sus problemas: “no podemos decir: vamos a
hacer una lista única nacional y el próximo hígado
o riñón que salga se le va a ofrecer a la lista,
porque entonces todos los órganos terminarían
en Bogotá, lo que no tiene sentido”. Considera que
deben existir redes locales auditadas por el Ministerio y ve
algunos aspectos intrascendentes, como legislar sobre los exámenes
a realizar ya que en seis meses podrían cambiar, por
lo que el decreto debería ser más marco y fomentar
la equidad. Frente a la exportación, indicó: “¿quién
dice que sobran órganos? Es la primera pregunta. A mi
que me digan como hace uno para decir que sobra un hígado
en Colombia: podría ser que se lo ofrecí a todos
los grupos de trasplantes y nadie lo recibió, entonces
bueno, lo voy a exportar, pero, ¿tengo el tiempo?”
Un aspecto que llama la atención fue la posición
del Viceministro de Salud frente al concepto de exportación,
dada a conocer por el senador Guerra: “en reunión
con el Ministro y el Viceministro, doctor Juan Gonzalo López,
éste expreso que el hecho de que vengan al país
ciudadanos extranjeros y reciban trasplantes, también
es exportación... yo considero que eso es exportación
de la calidad del procedimiento, de que se venda la ciudad,
su recurso humano, por la posibilidad que tienen esos extranjeros
de venir a dinamizar la economía; ellos vienen y pagan,
sus familias permanecen 3 o 4 meses y creo que es la manera
de mostrar una cara importante tecnológica e intelectualmente
en salud al resto del mundo; la solución no es vender
órganos y tejidos a otras partes del mundo, porque eso
es un negocio, lo ideal seria que todos esos trasplantes fueran
aplicados a colombianos, pero yo diría que es una manera
de vender el país y no de entregar los órganos
para que se desarrolle dicha tecnología en otros sitios,
cuando se puede impulsar el trabajo que realizan de manera consagrada
grupos de profesionales en Colombia”.
Deben resolverse contradicciones y
tener en cuenta los pacientes
Para el doctor Caicedo de la Fundación Valle de Lili,
el gobierno es contradictorio, “hay que poner una tutela
para trasplantar un hígado y viene un tipo de afuera
para que le trasplantemos el hígado y tampoco se puede;
es contradictorio porque por otro lado está Proexport
y el Ministerio de Comercio diciendo que muy bueno que se venda
y exporte salud, mientras el Ministerio de la Protección
Social busca como colocar trabas... a mi me permitió
que el programa de trasplantes no se cayera, el hecho de que
hubiese panameños... si no se hubiese hecho así,
esto se acaba”.
Para el doctor Maya del Hospital Universitario San Vicente de
Paúl: “es necesario que se desligue el ejercicio
del trasplante en pacientes extranjeros al interior de Colombia,
que es diferente a exportar un órgano para ser trasplantado
y aplicado a un extranjero en su país de origen; eso
tiene que quedar suficientemente reglamentado, uno de los problemas
graves de las leyes y proyectos es que dejan grandes vacíos,
por los cuales se dan interpretaciones, y en salud sí
que es cierto. Para mí, los trasplantes en extranjeros
es el desarrollo del conocimiento y las posibilidades que tiene
un país de mostrar su crecimiento en un sector tan importante
como es la salud”.
La práctica colombiana en trasplantes de órganos
es inmensa y lleva más de 30 años acumulando experiencias
con muy buenos resultados; como siempre sucede, la proyección
académica y científica no van en la misma dirección
que la legislativa; los trasplantes son producto del desarrollo
biomédico y son un recurso terapéutico necesario
para el tratamiento de enfermedades que disminuyen notoriamente
la calidad de vida y el proyecto de decreto deja un enorme vacío:
¿qué sucede con los pacientes? Parece no importar
que muchos deben acceder a estas intervenciones a través
de tutelas en las cuales se alega el derecho a la vida. ¿No
sería acaso importante que la ley les permita de una
vez el trasplante como terapia incluida en el POS? Como dice
el Doctor Luis Fernando García, Coordinador del grupo
de Inmunología e Inmunogenética de la Universidad
de Antioquia en carta dirigida al Ministerio de la Protección
Social: “aunque es muy importante reglamentar la actividad
de trasplantes, es aún más importante permitirle,
en forma real a todos los colombianos, el acceso a estos procedimientos
médicos, lo cual en los últimos años ha
estado sujeto a grandes restricciones”. El debate continuará
y se prepara una plenaria en el Congreso de la República,
además del envío de comunicados y cartas de los
conocedores del tema al Ministerio pidiendo un debate amplio,
en el cual participen conocedores y no solo los técnicos
de esa cartera. |
