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Salud pública, nuevamente sacrificada

Por: Redacción EL PULSO
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Parece ser una constante en toda la normatividad que se expide en el país frente a la salud pública: cada nueva norma le reduce recursos y la deja con menos margen de maniobra.

Salud pública desfinanciada

Y es que como se lo hizo saber la Asociación Colombiana de Salud Pública al Ministro Juan Pablo Uribe, el proyecto plantea que a los ya exiguos recursos asignados para responder a los inmensos desafíos que tiene el país en materia de salud pública, se anuncia en el artículo 131°, un recorte del 25%, de los 10 puntos asignados por la Ley 715 de 2001, y en el artículo 129° del proyecto, se plantea que aquellos recursos destinados a acciones de salud pública “...que no se comprometan al cierre de cada vigencia fiscal, se girarán a la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud -ADRES para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen Subsidiado”, lo que en otras palabras quiere decir que cambian de destino.

Ahora bien, se podría plantear que en aras de una buena y eficaz administración de los recursos públicos, la medida se justificaría como castigo a las administraciones que no los ejecutan, sin embargo este axioma no puede ser tan tajante y desconoce la realidad del país, por cuanto en la mayoría de los casos son otras las circunstancias que entran en juego, como la tercerización del talento humano en el sector salud y que conduce a contrataciones por periodos de pocos meses que dejan a los programas de salud pública huérfanos gran parte del año, entre otras razones.

Para la Asociación: “En un país donde semana a semana el panorama epidemiológico del país deja ver cómo, eventos prevenibles de interés en salud persisten y aumentan, donde la vulnerabilidad y riesgo persistente por situaciones internacionales no son excepción, donde las situaciones derivadas del deterioro ambiental requiere respuestas integrales y complejas desde la salud pública y donde es evidente que la capacidad de respuesta de los entes territoriales, justamente se muestra insuficiente por razones múltiples, resulta absolutamente inaceptable las propuestas presentadas en este proyecto”.

Y precisamente frente a la precariedad en el manejo del talento humano que debería ejecutar los programas y acciones de salud pública, la asociación señala: “Este plan de DESARROLLO por el contrario debería asumir estrategias para resolver las condiciones precarias de vinculación laboral de los miles de trabajadores y profesionales de la salud, que con abnegación y sacrificio se someten a laborar mediante modalidad de contratos por prestación de servicios, que además de menguar su estabilidad laboral, lleva a que solo coticen al sistema de Seguridad Social sobre el 40% del Ingreso Base de Cotización, con lo cual el Estado, además de eludir aportes, termina siendo artífice de que las pensiones de jubilación no mantengan la capacidad adquisitiva y un nivel de vida digno”.

Pero la Asociación hace además un análisis que permitiría ver un cambio significativo en la que se había señalado sería el curso de la salud en el presente cuatrienio. “Resulta incomprensible cómo, habiendo anunciado el señor ministro de salud y protección social que la salud pública constituye una prioridad para este gobierno, se propongan o acepten alternativas para financiar cualquier otro déficit histórico. Sabiendo que la salud pública constituye un pilar esencial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que constituye el objetivo del Plan, según lo expresado en el artículo 1°, lo propuesto deja entrever que se esboza un pacto que vulnera la posibilidad de alcanzar la enunciada equidad”.

Finalmente, desde el gremio de la salud pública se propone incorporar al Plan Nacional de Desarrollo un artículo en la siguiente dirección: “Con el fin de garantizar condiciones dignas de trabajo, los profesionales y trabajadores del sector salud gozarán de especial reconocimiento y serán vinculados mediante régimen de carrera administrativa, gozando de todas las prerrogativas de estabilidad, capacitación, ascensos por méritos y antigüedad”, que si bien es posible que no solucione de fondo los problemas denunciados en el proyecto de PND, por lo menos permitiría que se le den continuidad en cuanto al talento humano a los programas de salud pública en las diferentes regiones del país.


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