El Gobierno Nacional advirtió que realizará el próximo año la depuración del Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisbén IV), para lo que cruzará los datos de todas las entidades del gobierno y de la mano de las entidades territoriales logrará identificar en realidad cuál es la población pobre y vulnerable.

Por otro lado, también quedó contenido en Plan Nacional de Desarrollo, que se discute en el Congreso de la República, que quienes tengan alguna capacidad de pago se beneficiarán con subsidios parciales dentro del régimen subsidiado, lo que quiere decir que pagaran parte de su afiliación al sistema de salud.

“Vamos a introducir la gradualidad en un subsidio que hoy es absoluto: quienes tienen alguna capacidad de pago pero están en el subsidiado, podrían mantenerse en este régimen con una contribución solidaria parcial acorde a su capacidad. Las personas pobres y vulnerables mantendrán el subsidio pleno en su afiliación al régimen subsidiado”, explicó el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en entrevista con el diario El Tiempo.

Este nuevo plan está basado en el principio de solidaridad que es común en el sistema de salud. Por ejemplo, en el régimen contributivo los afiliados pagan un porcentaje de sus ingresos, a más salario mayor es el aporte, e igual ocurre con los copagos y cuotas moderadoras que también aumentan conforme crecen los ingresos. Así los pagos que efectúan quienes más ganan ayudan a cubrir los costos de quienes pagan menos.

Para Elisa Carolina Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, esta es una acertada decisión del ejecutivo, pues permite que quienes no son pobres aporten gradualmente al sistema.

Sin embargo, esta iniciativa tiene varios peros que hay que solucionar antes de ponerla en práctica.

¿Una bomba social?

Una experiencia anterior de subsidios parciales dejó en grandes dificultades a los hospitales públicos, recordó Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI.

“El usuario tenía derecho a una colcha de retazos, solo a unas cosas, pero entendió que porque tenía un carné tenía derecho a todo y se volcó a los hospitales a pedir otros servicios que no tenía, y le tocó asumirlos a los hospitales públicos como parte de la atención a la población pobre no asegurada, sin el incremento de recursos para ello”, comentó. Y es que parece lógico que si una persona paga por un servicio quiera sacarle el máximo provecho.

Esta medida afectará a un poco más de tres millones de colombianos. De acuerdo con el ministro Uribe, actualmente hay en el régimen subsidiado 22,7 millones de ciudadanos, de los cuáles alrededor de 19 millones son pobres y vulnerables y para garantizar la sostenibilidad de su aseguramiento pleno es necesario que coparticipen quienes no lo son.

Esta situación es agravada por la realidad laboral de nuestro país: en enero de 2019 el desempleo se ubicó, según reveló el Dane, en 12,8 % y los niveles de informalidad siguen en aumento (48,2%). “La mayoría de usuarios tiene miedo de la temporalidad de sus ingresos y perder el derecho al servicio de salud a través del régimen subsidiado”.

Así mismo, a Zuluaga le preocupa que se realice una nueva encuesta Sisbén que no converse con la realidad, como las anteriores que castigaron a las familias por tener un televisor o piso de baldosa, esa, según su apreciación, no es una buena fórmula para medir la pobreza y la vulnerabilidad.

No olvidar que la salud es un derecho

Néstor Álvarez, director de la asociación pacientes de alto costo, pidió que con esta iniciativa no se pierda de vista que la salud es un derecho fundamental de todos los colombianos.

“Nosotros consideramos que es válido que cada persona aporte si tiene capacidad de pago, con la única condición de que la afiliación no puede ser un requisito para ejercer un goce efectivo del derecho a la salud, porque es un derecho fundamental de todos los colombianos”, dijo Álvarez.

El representante de los pacientes reconoció la importancia de la solidaridad en el sistema de salud, que al final de cuentas es lo que permite que todos los usuarios puedan gozar de los servicios cada que los necesiten, pero su preocupación radica en la “nefasta” experiencia del régimen contributivo que termina sancionando a quienes por algún motivo no pudieron pagar su cuota mensual de afiliación.

“El Gobierno debe verificar los mecanismos para comprobar si hay capacidad de pago o no para que cada familia haga su aporte solidario, pero no puede ocurrir que una persona por no poder pagar mensualmente se quede sin derecho a la salud como está ocurriendo con personas que por un mes que se atrasan se quedan sin afiliación”, aclaró.

Se beneficia la población sánduche

“En este momento somos conscientes de que existe una población sánduche que es la del Sisbén 3, que en este momento no tiene la capacidad para estar en el contributivo, pero tampoco son candidatos para el subsidiado, en ese sentido, si vamos a acoger a esa población sería de entrada parte de una solución, siempre y cuando realmente los subsidios sean coherentes con la situación de la población”, señaló Zuluaga.

En ese sentido, el ministro confirmó que cerca de 500 mil personas que están en ese limbo podrían pasar al régimen subsidiado mediante subsidios parciales, contribuyendo con parte de su afiliación.

Y en este punto es en el que se presenta una mayor desinformación. Torrenegra explicó que muchos ciudadanos todavía no entienden los beneficios que tiene el régimen contributivo y por eso prefieren quedarse en el subsidiado, pese a tener capacidad de pago: incapacidades laborales remuneradas, licencias de maternidad, aporte a pensión que le garantizaría protección en caso de presentar alguna enfermedad como repercusión de una actividad económica o laboral.

Todos esos beneficios son opacados porque además de la afiliación en el régimen contributivo deben pagar copagos y cuotas moderadoras para acceder a los servicios, lo que disminuye su liquidez.

Esto, teniendo en cuenta que el ministro de Salud calculó que “en las últimas dos décadas, uno de cada tres colombianos que ha salido de la pobreza lo ha hecho gracias a este sistema de seguridad social en salud”, evidencia una disyuntiva.

El mismo racero

Otro asunto que es importante analizar, además de las cuentas fiscales del Gobierno, es el impacto que esta decisión puede traer en la opinión pública.

La directora de Acesi consideró que “dentro de los cuestionamientos que hay es que en la Ley de Financiamiento (o reforma tributaria) se generaron exenciones de tributo a grandes contribuyentes, con la falsa premisa de aumentar el empleo, lo cual no se ha dado; entonces no tiene sentido que estemos hablando de poner a participar del pago de afiliación a la salud a la población del Sisbén, que es pobre versus empresarios estrato 6 a quienes se les ha disminuido la carga impositiva. Estamos haciendo las cosas al revés”.

Por eso, antes de que esta medida empiece a regir, se hace necesario que la depuración del listado de beneficiarios se haga de manera ordenada y transparente, que se combata la corrupción al interior de los entes territoriales que es lo que ha permitido que los falsos pobres terminen colados en todos los programas subsidiados, para lo cual el trabajo de la Fiscalía General de la Nación resulta importantísimo para vigilar este proceso que puede desencadenar en sanciones para los usuarios y las entidades territoriales.

Pero también es importante que el Gobierno entienda que este es un país con poco trabajo, la gran parte de él es informal, lo que hace que una gran franja de la población se mantenga en estado de vulnerabilidad.