El PND no es la respuesta para la salud

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que se tramita en el Congreso de la República ha despertado tantas críticas que se podría pensar que su aprobación será difícil, el problema es que este tipo de ley la mayoría de las veces pasa a pupitrazo limpio, aunque esta vez los argumentos en contra son tan fuertes y sólidos que tal vez se dé una excepción.

Lo más preocupante para los analistas es que mientras más se lee el proyecto, aparecen nuevas amenazas, como el artículo 117 que le quita a las personas la posibilidad de reclamar los ahorros pensionales cuando pasen 10 días luego de cumplir la edad para jubilación y no sean reclamados, lo que permitiría que el gobierno tome los recursos y los convierta en BEPS. Los más estudiosos han encontrado que son más de 100 los artículos del proyecto que se repiten casi que al pie de la letra con los Planes de Desarrollo de Juan Manuel Santos, y en el caso de la salud, las propuestas incluidas derrumban las prioridades del sector anunciadas por el ministro Juan Pablo Uribe que en todos los escenarios había indicado que los temas financieros no estaban en primer lugar.

Un grupo de más de 40 instituciones del sector salud, dentro de las que se encuentran las principales asociaciones médico científicas del país, gremios de abogados, asociaciones de pacientes, entre otros, quienes elaboraron un documento que, primero señala las graves fallas que contiene el PND, pero además presenta a los congresistas, de manera juiciosa, propuestas de un articulado alternativo que puede enderezar un proyecto que hasta ahora no ha obtenido sino críticas.

La primera conclusión del análisis es que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo no soluciona la crisis del sector salud y por el contrario profundiza las causas del déficit actual, cercano a los 16 billones de pesos, facilita la ineficiencia, y no toca elementos que puedan disminuir las causas evitables de mortalidad.

El documento presentado por el grupo de 40 instituciones comienza resaltando la existencia de problemas en el diagnostico efectuado para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual no muestra ni escruta el impacto producido por el modelo de aseguramiento establecido en la ley 100 ni sus efectos sobre la población, lo cual habría sido oportuno y más cuando se cumplen 25 años de vigencia y tampoco se analiza la situación actual de la salud de los colombianos.

Resulta interesante observar que algunas de los conceptos centrales del proyecto de PND parecen quedar en simple retórica, por lo menos en el campo de la salud, y así se consigna en el documento: “el gobierno dice que su objetivo es sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Sin embargo, en materia de salud el PND no se ajusta a la legalidad, pues desconoce la Ley Estatutaria de Salud y la Sentencia C 313 /2014 y el bloque de constitucionalidad; no es equitativo, pues no contempla los principios de universalidad, solidaridad y progresividad para garantizar la cobertura en salud a toda la población en condiciones de igualdad de acceso a los servicios de salud sin supeditarla a su capacidad de pago”. Ahora bien ¿Cómo desconoce el PND la Ley Estatutaria de Salud? Mantiene en su articulado la división entren regímenes contributivo y subsidiado con sus coberturas de prestación de servicios diferenciadas, así como los modelos PBS y No PBS, los que no tienen sustento legal ni constitucional al no estar contemplados en la Ley Estatutaria de salud por ser contrarios a la garantía del Derecho Fundamental a la Salud.

Otro problema en la concepción del PND es que busca resolver el problema de las deudas acumuladas del sector sin tener en cuenta el componente estructural del sistema de salud, que es su verdadera causa. Asimismo desconoce al omitir completamente del texto el Derecho Fundamental y los determinantes sociales de la salud, y aunque admite que en las zonas dispersas el modelo de la Ley 100/93 ha fracasado en la solución de los problemas de salud que aquejan a sus habitantes, insiste en el modelo de aseguramiento en dichas zonas. En materia de inversión el PND ignora nuevamente la Ley Estatutaria de Salud al dejar de lado la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), herramienta para preservar y recuperar la salud mediante la promoción de la salud, prevención de la enfermedad con su evidente disminución de la carga de la misma, lo que permitiría una optimización eficaz de los recursos con la consecuente reducción de costos y mejoramiento de los indicadores de salud.

El documento señala que esta era la oportunidad para sentar las bases que desarrollen un modelo de salud acorde a la Ley Estatutaria, pero también para diseñar una política para el talento humano en salud y garantizar la calidad de la atención fortaleciendo los hospitales públicos, y promoviendo otros elementos esenciales como la accesibilidad y aceptabilidad.

En cuanto a la creación de un piso mínimo de protección social, consignado en el artículo 113, y que pretende que se entreguen unas mínimas garantías para acceder a la seguridad social, cierta protección de la vejez y un seguro para la cobertura de riesgos de salud y laborales denominado Programa de Beneficios Económicos Periódicos en Salud (BEPS), la propuesta en realidad funciona como otra manera de financiar el sistema “a costa de aquellos con menor capacidad adquisitiva y de restringirles el acceso a la seguridad social, pues lo supedita a su capacidad de pago. Así, ignora la universalidad, la equidad y la solidaridad como principios fundamentales del sistema, según los cuales la capacidad de pago del trabajador no debe condicionar su acceso a servicios de salud”.

Algo que resulta especialmente paradójico es la propuesta de castigar los estilos de vida al establecer un copago obligatorio para el tratamiento de enfermedades derivadas de ellos. La contradicción se hace evidente frente a un Estado que tolera el juego, el alcohol y el tabaco para obtener rentas por su consumo, de las que buena parte es destinada al sector salud, y no regula férreamente las campañas publicitarias para desincentivarlo, pero a la vez que se desentiende de su papel, le carga exclusivamente a los consumidores toda la responsabilidad por los efectos negativos en la salud individual.

Aunque en un trino el presidente Iván Duque señaló que se eliminaría la propuesta de aumentar la base de cotización a un 55% al sistema de seguridad social a los trabajadores independientes contratados por orden de prestación de servicios, la intención del artículo responde a una estrategia para incrementar el recaudo para la financiación del sistema a partir de los trabajadores independientes con lo que se regresa a los subsidios parciales, eliminados hace años del SGSSS por inequitativos.

Es mucho lo que habría que ajustarle a la propuesta del PND para dar respuesta efectiva a la crisis de la salud, de ahí que lo que posiblemente se necesite sea una ley independiente, y no aprovechar la oportunidad para adelantar una reforma semi disfrazada.