V er el tamaño, la seriedad, la profundidad de los argumentos y el excelente comportamiento de los manifestantes el pasado 10 de Octubre, día de las marchas nacionales en defensa de la educación pública, llena de optimismo sobre el futuro del país y sobre el compromiso de las nuevas generaciones con la historia. A muchos nos llena.

Nos trae a la memoria lo que nos pasaba en los años 1990 en los que todo el mundo entendía que se requería una reforma a la salud, mientras dos o tres veces al año se tramitaban adiciones presupuestales para que los hospitales públicos pudieran pagar la nómina. Para que no se cerraran. Mientras tanto, tal y como hoy pasa con las universidades públicas, no había presupuesto para las imperativas reformas físicas de los edificios, no había insumos, los medicamentos los tenía que traer el paciente, la calidad de la atención era un desastre. La imagen del sector público no podía ser peor. (Había excepciones, pero la regla era la regla).

Yo pasé por el Ministerio de Salud de aquel entonces y fui testigo de reiteradas y repetitivas negociaciones de algo así como los 500.000 millones de hoy, moviendo unos pesos de aquí para allá para tapar aquí lo que se destapaba allá y lograr llegar al fin del año, con uno o dos paros nacionales, tratando de mantener el orden público, la tranquilidad ciudadana y sobre todo la gobernabilidad y la imagen del gobierno a cargo.

Al sector de la salud llegó la Ley 100. Muchos –yo me incluyo- la apoyamos con entusiasmo. Al fin y al cabo su principal sustento filosófico era y sigue siendo, el viejo principio marxista que reza “… de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad…”. Hay pocas cosas buenas que sobreviven de la Ley 100. La solidaridad en el financiamiento ciertamente es una de ellas.

Pero sufrimos sucesivas inundaciones de tecnócratas del Departamento Nacional de Planeación, de Harvard, del MIT, HMOs y tantos economistas de la salud decididos a dinamizar mercados en un prometedor sector lleno de recursos gracias a las contribuciones de los ciudadanos al régimen contributivo. Tantos fundamentalistas de la religión del mercado. Una cosa es tratar de vender medicamentos y tratamientos costosos en un país con un pequeña clase media y más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, y otra cosa es tener un fondo que nos proteja a todos de los riesgos catastróficos en salud, que haga llegar el dinero a los vendedores de tratamientos especializados, a los vendedores de medicamentos de alto costo y a las clínicas de prestigio. Al sector privado. Al sector productivo.

Si algo se le debe a la Ley 100, ha sido el enorme crecimiento de la cantidad de recursos para la salud. No por parte del Tesoro General de la Nación, sino por una reforma que trasladó a los ciudadanos el financiamiento que antes estaba a cargo del estado. Recursos parafiscales, que siguen siendo públicos pues son contribuciones obligatorias, pero cuya destinación no es más la provisión y prestación de servicios.

Pero no era del caso (no para los tecnócratas) inundar de dinero a un sector hospitalario lleno de corrupción, ineficiencia y desidia. A un sector público corrupto, ineficaz, ineficiente e incapaz. (Había entonces algunos otros adjetivos pero creo que la idea se entiende). El mercado, con su sabiduría para la asignación de recursos, solo podía convertirse en el gran regulador de los servicios de salud si se imponía la competencia, si los hospitales abandonaban la responsabilidad por la salud de un grupo de personas en una región geográfica para convertirse en empresas competitivas que solo podrían pagar la nómina si vendían servicios.

En pocos años se consiguió que los hospitales, convertidos en Empresas Sociales del Estado, se liberaran de la nómina, de las cargas prestacionales, de los sindicatos. Gradualmente todo el personal pasó a ser contratado por prestación de servicios vía cooperativas de trabajo asociado. Los servicios de salud no rentables se cerraron y las ambulancias abandonaron su vocación de afanarse por salvar vidas, por moverse rápido siguiendo los incentivos. Mientras tanto floreció el sector de las clínicas –privadas- aquellas en las que todo el mundo quería ser atendido gracias a su prestigio (o su modelo de mercadeo).

Transformar subsidios a la oferta en subsidios a la demanda. Que el Estado no sea más el responsable del financiamiento de las Universidades Públicas. Que el dinero se desplace de esas instituciones anacrónicas hacia el sector privado, competitivo por naturaleza y de mucha mejor calidad. No más paros, siempre politizados. Siempre infiltrados. No más sindicatos. No más profesores pagados 12 meses al año, con vacaciones y con año sabático. No más estudiantes organizados.

Es el origen de los programas que tuvieron tanto éxito en el sector salud, para reducir las cargas laborales y prestacionales del estado. Para pagar por los servicios prestados y liberarse de la responsabilidad por los resultados. Ser Pilo Paga. Los subsidios a la demanda liberan al Estado de la responsabilidad estatal de la provisión de servicios. Así, Hacienda y DNP pueden concentrar el Presupuesto Nacional en lo realmente relevante para ellos: pagar la deuda y brindar un ambiente favorable a la inversión extranjera.

Muy poco probable es que se logre crear un esquema de recursos parafiscales para financiar la educación. Ya la escuálida clase media no tiene de donde pagar tanto IVA, tanta salud y tantas pensiones, riesgos laborales, compensación familiar. Tanta Reforma tributaria.

Pero mientras, es bien notoria la tendencia por, al menos, liberar al estado y al gobierno de turno, de los crecientes gastos educativos en las universidades públicas. De los crecientes gastos derivados de las negociaciones anuales con el sindicato de los educadores, que no han podido ser atomizados como si lo fueron en el sector hospitalario. Lo dijo la ministra de educación: las universidades tienen que ser más creativas para obtener financiamiento de fuentes diferentes al presupuesto nacional. ¿Se acuerdan de la política de “recuperación de costos” de los hospitales?

No creemos posible un esquema de financiamiento tipo Ley 100 para la Educación. Pero mientras tanto la política de estrangulación, de desacreditación, de languidecimiento, va por buen camino, y los programas para volver competitiva a la universidad pública (subsidios a la demanda) mientras se dirigen los recursos a las privadas con programas como Ser Pilo Paga, siguen su curso.

Interesante observar que en esta defensa de la educación pública, estamos siguiendo con un par de años de retraso, a ese emocionante y espectacular movimiento estudiantil por la educación pública del Chile que nos antecedió en el ingreso a la OCDE. Emocionante observar que fueron mujeres jóvenes y no tan jóvenes, las que lideraron con mucho el proceso. Nos llena de mucha esperanza.