Ante la Cámara de Representantes se presentó el proyecto de ley 291 de 2019 que modificaría los artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993. El proyecto tiene por objetivo regular el pago de las nóminas de los servidores públicos, que prestan sus servicios en las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) del nivel nacional, territorial y distrital.

Los servidores públicos cobijados serían los trabajadores que laboran en las E.S.E. en carrera administrativa, provisionales, de libre nombramiento y remoción, los de periodo fijo y los trabajadores oficiales, todos en los diferentes niveles tanto en la parte asistencial como administrativa.

La propuesta busca que se adicione un parágrafo al artículo 194 de la ley 100 de 1993, el cual de aprobarse quedaría así: “Para efecto del salario y prestaciones de los servidores públicos, que prestan sus servicios en las Empresas Sociales del Estado, seguirán a cargo del Estado, en los niveles Nacional, territorial y Distrital”.

En el proyecto también se busca modificar el numeral 5 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, que de aprobarse quedaría:

“Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990, el pago de sus salarios y prestaciones sociales, estarán a cargo del Estado, en el nivel Nacional, Territorial y Distrital”.

De obtener la mayoría de votos en el congreso, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tendrían un plazo de seis meses para la reglamentación respectiva y para determinar la forma en que se asumirán el pago de las nóminas de las E.S.E.

Dentro de los congresistas que apoyan el proyecto están: José Luis Correa, Harry González, Julián Peinado, Carlos Julio Bonilla, Juan Diego Echavarría, Crisanto Pizo, John Jairo Roldán, Nilton Córdoba, Nevardo Eneiro, Andrés David, Jezmi Lizeth Barraza, Óscar Hernán Sánchez, Juan Carlos Losada entre otros representantes a la Cámara.

Beneficios para trabajadores e instituciones de salud

Según Olga Lucia Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, este proyecto es bastante beneficioso para los trabajadores de la salud y es algo que venían pidiendo como gremio a los gobiernos anteriores: “teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos con el recurso humano que es misional, y además porque parte de lo que siempre hemos hablado con el ministerio es la manera de cómo podemos garantizar los procesos de calidad y continuidad en nuestras instituciones”.

La directora señala que este proyecto traería bastantes cambios porque ya no se tendría a un personal pagado de acuerdo a la venta de servicios que tenga cada una de las instituciones “que dadas las dificultades que hay en el flujo de recursos que proviene de las EPS, el recurso humano en muchas instituciones es deficitario, precisamente por dificultades en el pago, y por no existir una remuneración acorde con las dificultades que se generan en sitios alejados”.

“Hoy en día desafortunadamente, cuando nosotros analizamos el último trimestre del año, observamos que nuestras instituciones terminan muchos de los contratos que tienen por prestación de servicios, sobre todo en instituciones que trabajan bajo la modalidad de cobro por evento, como son las de mediana y alta complejidad, debido a que se les acaba el presupuesto. Este es un tema bastante complejo, y que lo hemos mencionado en diferentes escenarios toda vez que dependemos de un recaudo que cada vez es menor por las dificultades del sector y por los problemas financieros que tienen las EPS” añadió Zuluaga.

Con este proyecto, si llega a feliz término, de una u otra forma se garantizan las plantas del personal mínimas que requieren las instituciones. Así como se asegura en el país la educación y a los docentes, independiente del número de estudiantes que tengan a su cargo, se les garantiza el pago de su nómina y por ende se garantiza realmente la educación. “Esto es lo que nosotros hemos pedido de tiempo atrás, y es que se garanticen los servicios y de esa forma de respaldar los servicios, y eso se lograría precisamente si el personal es pagado directamente por el estado” afirmó la dirigente.

Este mecanismo se utilizaba antes de la ley 100

German Reyes, presidente de Asmedas Antioquia, recalca que con el proyecto habría un pago directo, como existía antes de la ley 100, cuando los hospitales cancelaban las nóminas directamente con recursos provenientes de las rentas departamentales: “bajo este panorama los gerentes de los hospitales no estarían preocupados por la compraventa de servicios, y dejarían de estar angustiados con el pago de la nómina, tanto de los empleados públicos como de los empleados oficiales. Este proyecto se estudia en la cámara de representantes, es de origen parlamentario, y dudamos que tenga el aval del gobierno nacional, pero es un buen proyecto de ley”.

Según el presidente de Asmedas, los gerentes de los hospitales advierten que no pueden pagar la nómina porque no tienen los recursos necesarios, porque las EPS, que son las que tienen el dinero, no pagan la totalidad de la prestación de servicios, de ahí que los gerentes aducen que como a ellos no les pagan, tampoco pueden pagar las nóminas. “Hay hospitales con atrasos de cinco, seis meses, o incluso más, pero no solamente son atrasos con la nómina, sino también con las prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, primas, es decir, todo lo que tiene que ver con salarios.

“Ojalá el Congreso de la República lo acoja, lo apruebe, y el gobierno nacional, cree los mecanismos necesarios para que, desde la nación, departamento o municipio, con los recursos que hay de la salud, se pague y garantice el pago de la nómina de los hospitales” puntualizó Reyes.