Reforma del sistema de salud cada vez con más opositores y más enredada

Diciembre fue clave para el futuro del proyecto de ley 010 que plantea una reforma al sistema de salud. Las cartas están en la mesa y las posiciones muy definidas, el Ministerio de salud se la juega toda para el año termine con la aprobación, y la sociedad civil, gremios de la salud, y la bancada de oposición e independiente abogan con todo por su hundimiento.

Aunque se anunció el aplazamiento del proyecto para el 2021, hasta última hora del 11 de diciembre, congresistas de Cambio Radical trataban de que se diera alguna discusión por cuanto ya estaría radicada la ponencia de la Cámara de Representantes.

Y es que el mes ha sido agitado. El ministro de salud Fernando Ruiz le dio un ultimátum y una noticia a las comisiones séptimas, les pidió que el proyecto fuera aprobado antes de que él deje la cartera en el próximo mes de enero. La salida del ministro no se encontraba en los cálculos políticos de nadie pero el afán del funcionario deja entrever que es una tarea más personal, o de partido (Cambio Radical) que del mismo gobierno, ya que de concretarse la salida de Ruiz, y si la reforma es prioritaria para el gobierno, se supondría que quien llegue en su reemplazo asumiría la defensa del mismo.

El proyecto de reforma 010 se radicó el 20 de julio suscrito por 14 senadores y 30 representantes de la bancada de Cambio Radical, y con apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático, Conservador y de la U., sin embargo el tramite ha sido lento y las objeciones presentadas por la sociedad civil en las audiencias públicas han sido tantas y de tal calibre, que el hundimiento definitivo del proyecto no es descartable.

German Vargas Lleras publicó en su columna de El Tiempo del 6 de diciembre fuertes cuestionamientos que incluyeron a su cuota en el gabinete, Fernando Ruiz. Dijo Vargas: “ la inaplazable y necesaria reforma de la salud naufraga en medio de la desidia y los conflictos de intereses. … Qué falta de compromiso del gobierno, del propio ministro, en buena parte inspirador de esta reforma, y de los presidentes de las comisiones séptimas; … Cuando todos pensábamos que la salud ocuparía el primer lugar entre las prioridades de gobierno y congreso, resulta que ocupa el último, seguramente en razón de las insuperables presiones y el cabildeo de los poderosos intereses del sector salud”.

El asunto es que después del llamado de atención de Vargas y del ministro a los congresistas, se sucedieron una serie de hechos vertiginosos. Primero se llamó a sesión de las comisiones séptimas para el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, pero el viernes al final de la tarde la convocatoria se canceló por que el proyecto no se había radicado. Hubo una nueva citación el sábado en la mañana pero esta vez para el lunes 7 y martes 8 (festivo) la cual fue nuevamente cancelada mientras los congresistas de la oposición adelantaban una rueda de prensa sobre el tema. Esa misma tarde se supo que el proyecto se había radicado, pero con un “pequeño” problema, la firma del congresista Carlos Fernando Motoa, uno de los ponentes, había sido falsificada, como él mismo lo denunció sin descartar que pudiera tomar acciones penales. En la mañana del martes 8 de diciembre, se conoció una carta firmada por el representante Juan Diego Echavarría, dirigida al presidente de la comisión séptima del senado, José Ritter López, pidiendo el retiro de la ponencia debido a lo que calificó de una “fe de erratas” en la firma de un senador.

La situación, que parece más de una feria de los equívocos, contrasta con la postura de los congresistas y líderes del sector salud que piden el retiro de la propuesta.

En rueda de prensa del 7 de diciembre, el representante liberal José Luis Correa manifestó que con este proyecto ni siquiera los aseguradores están de acuerdo. “El proyecto no ataca los problemas de cartera y de riesgo financiero, no se acaba con el problema de que los eslabones más débiles sigan sufriendo por la crisis financiera del sistema, a las EPS les llega su plata a los 17 días pero al resto de la cadena a más de 170. En cuanto a la regionalización que se propone va en contra del servicio porque está demostrado que las EPS buenas se concentran en ciertas regiones que les son más productivas, además no hay nada que beneficie la red pública que por el contrario se violenta más”.

Por su parte el representante por Antioquia, Jorge Gómez, señaló que las audiencias solo el gobierno y las EPS se manifestaron a favor del proyecto, el resto, prestadores y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra: “la sociedad dijo que el proyecto estaba mal y eso se está desconociendo. Y está mal porque se profundiza la intermediación financiera, al reducir el número de EPS se da un paso hacia los monopolios con participación de capitales internacionales, y esta concentración en pocas manos liquidará la red pública hospitalaria al ordenar que se fusione si no es costo eficiente; la integración vertical se profundiza cuando se dice que las redes pueden ser privadas o mixtas y que los hospitales podrán ser propiedad de las EPS”.