La noticia de la renuncia del ahora ex ministro de salud, Juan Pablo Uribe, y su aceptación por parte del presidente Iván Duque, argumentando que el tema había sido concertado, fue la última gran noticia que llegó este diciembre al sector de la salud, en un mes que ha estado cargado de hechos.

Dentro de las acciones destacadas de Juan Pablo Uribe tras 15 meses de estar al frente de la cartera, el presidente Duque resaltó haber puesto en marcha el Acuerdo Punto Final, la ley que le da más elementos a la Supersalud, e incluso la que reglamenta el uso de desfibriladores en lugares públicos.

Casi a la misma hora que se conocía la renuncia del ministro, la Superintendencia Nacional de Salud anunciaba una nueva intervención, esta vez al Hospital Sandiego de Cereté, argumentando fallas graves en los procesos de contratación y vinculación laboral. La medida incluyó la remoción del personal administrativo, y se designó como agente especial a la doctora Sandra Milena Jaramillo. La institución, al parecer, no tenía revisor fiscal, ni oficina de control interno, no cancelaba a los contratistas sus honorarios en los tiempos establecidos, y había firmado un contrato para el suministro de medicamentos donde no existía información sobre los valores unitarios ni cantidades.

Con esta medida, por el lado de la Supersalud, se cierra un año lleno de acciones como intervenciones, liquidaciones, y sanciones pecuniarias, lo que muestra que las nuevas facultades otorgadas al ente de control, se vienen aplicando a cabalidad.

Ayuda a hospitales públicos

Pocos días antes de la renuncia del jefe de la cartera, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que asignaba más 124.000 millones de pesos a hospitales públicos de once departamentos, y a cinco de los que se encuentran bajo intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud. Los recursos beneficiarán a 80 hospitales y están destinados al pago de deudas y cofinanciar 45 proyectos de infraestructura, dotación y ambulancias.

Los once departamentos a donde llegarán 56 mil millones para pago de deuda son: Amazonas, Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y el distrito de Cartagena. Y los cinco hospitales públicos intervenidos son los de Montería, Sincelejo, Chiriguaná, Santa Marta y Tumaco Nariño. El resto de recursos, cofinanciarán 45 proyectos: adquisición de 32 ambulancias básicas, 5 medicalizadas, y 4 unidades médicas odontológicas, en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Valle del Cauca.

Continúa “novela” de usuarios de SaludVida

Cuando el traslado masivo de los afiliados de la EPS SaludVida, ordenado por la Supersalud tras el anuncio de su liquidación definitiva, se encontraba suspendido por una acción de tutela fallada en Valledupar, otra orden, esta vez del juzgado primero administrativo de Manizales, le ordenó al Ministerio de Salud y a la Supersalud trasladar a todos los usuarios de Saludvida a otras EPS. Esta vez, el fallo también se da dentro de una acción de tutela, presentada por los ciudadanos Fabio Soto y Diego Morales, de 69 y 65 años respectivamente, quienes la interpusieron reclamando que su derecho a la salud estaba siendo vulnerado ya que Saludvida se negaba a prestares los servicios médicos para sus enfermedades crónicas.

El juzgado no solo amparó la solicitud de los demandantes, ordenando que la EPS debe autorizar los servicios que estos requieran de manera integral para sus patologías, sino que fue más allá y extendió su ámbito al resto de los afiliados de Saludvida, ya que en consideración del juez, se puede beneficiar a otras personas, más allá de que no fueran parte del proceso.

La medida del juez se dio a conocer el 19 de diciembre, y se suma a las peticiones y ordenamientos frente a las EPS. Dos días antes, el 17 de diciembre, el Procurador General de la Nación, Fernando Carillo Flórez, le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud que comience una intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás, y garantizar así los derechos a la salud y la vida de los usuarios de la EPS.

La solicitud se da luego de conocerse un informe del Contralor, con funciones de Revisor Fiscal, que señala que la EPS tiene pérdidas mensuales por más de 108 mil millones de pesos, que sus pasivos superan los 2.8 billones de pesos y el patrimonio negativo alcanza los -1,02 billones, lo que la justificaría la liquidación.

En comunicado de prensa el procurador Carrillo desestimó los resultados alcanzados hasta ahora la intervención de la Supersalud: “Los hallazgos descritos confirman que la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, han resultado inocuas, y por el contrario, a la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento de la capacidad científica; la capacidad técnico administrativa y la capacidad tecnológica necesarias para que Medimás E.P.S. S.A.S pueda operar como Entidad Promotora de Salud”.

El funcionario llamó la atención de nuevo sobre una serie de irregularidades que se vendrían presentando aún en Medimás, como la entrega irregular de anticipos a las IPS Procardio y Miocardio, accionistas de Prestnewco S.A.S., a su vez propietaria de Medimás, y a las que se les transfirieron recursos para pagar porcentajes de las cuotas derivadas de la adquisición de acciones de Cafesalud S.A. y Esimed S.A., pero además indicó que existen otras IPS que reciben pagos sin prestar los servicios.

Otro cuestionamiento del procurador Carrillo fue que no se conocerían acciones concretas de la Supersalud para evitar la pérdida de recursos públicos, y colocó como ejemplo el caso de la cuenta de deterioro de activos no financieros, calculados en más de $211.830 millones, que fueron girados como anticipos a IPS y que no podrían ser recuperados. “El 75% de esos recursos fueron transferidos a las IPS accionistas de Medimás: Estudios e Inversiones Médicas Esimed S.A. y Century Farma S.A.S.”.

Pero además, asegura el procurador: ”Medimás ha legalizado anticipos por $98.460 millones de pesos, al parecer, sin efectuar auditoría de cuentas, conducta reprochada por este organismo de control y también puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que representa un grave riesgo de desvío de los recursos públicos de la seguridad social en salud administrados por la EPS”, advirtió la comunicación.

Dentro de los argumentos para solicitar la intervención con fines de liquidación definitiva, la Procuraduría, además de los mencionados problemas de manejo financiero, señala que no existe una completa red de prestación de servicios, situación alertada por la Procuraduría desde el primer día de operación de Medimás; se han presentado 4.024 incidentes de desacato a decisiones judiciales, y subsiste una deuda a Saludcoop, por más de 200 mil millones de pesos; múltiples deficiencias en la garantía y prestación de los servicios; barreras de acceso que han generado entre enero a agosto de 2019 un total de 17.333 tutelas, y 458 procesos judiciales en contra, con pretensiones superiores a los 220 mil millones de pesos.

La sumatoria de irregularidades, son para la Procuraduría, razones suficientes para liquidar a Medimás.