Diez hospitales del país salieron del estado crítico en el que se encontraban, según la Superintendencia Nacional de salud, y se encuentran ahora en estado de “reanimación”, gracias a la figura de “intervención forzosa para administrar” que permitió que la Superintendencia los tuviera bajo lupa debido al deterioro en el que se encontraban y que podría haberlos llevado al cierre definitivo.

Según el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, el balance de la intervención a estos centros asistenciales deja a dos hospitales cien por ciento recuperados y operando con todos sus servicios, siendo ellos El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, que fue entregado a la gobernación del Tolima, y el Departamental de Villavicencio que será entregado en las primeras semanas de 2020 a la nueva administración del Meta.

Bajo esta medida también se encuentran: el Hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.

Para recuperar el funcionamiento financiero de estos hospitales, la Superintendencia gestionó recursos del Fonsaet, según señala Aristizábal: “fueron cerca de 97 mil millones de pesos, de estos $ 54.984 fueron gestionados en 2018 y se han venido ejecutando en el mejoramiento de las instalaciones, y el pago de nómina de cinco hospitales, y los 42.425 millones restantes, hacen parte de la gestión del 2019 y están en proceso para beneficiar a otras cinco instituciones en 2020”.

La intervención en estos centros asistenciales permitió a la Supersalud gestionar nuevos recursos, y ahora se cuenta con 98 nuevas camas para pediatría, observación y hospitalización, 14 nuevas camillas para pacientes de mayor riesgo y 24 de observación de hombres; 82 nuevos consultorios y 7 salas de cirugía adicionales.

En relación con la cartera de las IPS, desde el inicio del actual gobierno a la fecha, se han conciliado 1.2 billones de pesos así: 669.000 millones en 51 mesas de flujos de recursos y más de $570.000 en las jornadas de conciliación extrajudiciales en derecho, producto de 1.307 acuerdos suscritos entre las EPS y las clínicas y hospitales del país.

Fabio Aristizábal destacó los resultados alcanzados en las mesas de flujo de recursos y en las jornadas de conciliación, propiciadas por la entidad, y en las que además de clarificar las deudas que tienen las EPS, y las secretarías de salud, con las clínicas y hospitales del país, también se lograron acuerdos de pago que ayudan a oxigenar las finanzas de estas prestadoras del servicio de salud.

Más de un millón de personas estrenan EPS este 2020

Cerca de 1´600.000 usuarios del sistema están estrenando EPS, luego de la intervención de la Superintendencia sobre seis EPS que no garantizaban a sus afiliados el derecho a la salud y estaban poniendo en riesgo los recursos del sistema, según el ente de control.

Este año, no es tan positivo las EPS que se encuentran en proceso de liquidación forzosa, por lo que más de 1´300.000 usuarios tuvieron que ser asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna.

Así mismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, y que fueron asignados a otras aseguradoras.

Aristizábal Ángel indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1’100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por decisión de un juzgado en Valledupar.

Además de las anteriores acciones, la Supersalud sigue realizando seguimiento a 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restricción para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.

Supersalud estrenó los “dientes” que le dio la Ley 1949 de 2019

Durante 2019 se impusieron, en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías, y a personas naturales, que en conjunto suman más de 60.000 millones de pesos.

El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de servicios de salud (29.000 millones), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información (21.000 millones) y el 11% por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud (9.000 millones).

Según la Supersalud, en ocho de estas sanciones aplicaron las nuevas medidas y tarifas contenidas en la Ley 1949 de 2019, y equivalen a multas por 11.000 millones, las más relevantes fueron dos tomadas contra Medimás, que suman 5.800 millones, una de ellas por 4.968 millones, ocasionada por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados y no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato; y otra por 828 millones debido a no responder de manera oportuna a la Superintendencia, quien la requirió por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo la vida y salud de sus afiliados en Cundinamarca.

Enero llega con 70 investigaciones a EPS e IPS

Dentro del balance se destaca que se abrieron 70 investigaciones, de las cuales 14 corresponden a hechos cometidos después de divulgada la Ley 1949 de 2019, y esperan que para 2020 estas investigaciones arrojen resultados positivos para el mejoramiento de los servicios de salud.

Con los nuevos “dientes” otorgados por la ley 1949, la Supersalud recibió 330 demandas contra EPS e IPS, principalmente, y que tienen que ver con la cobertura de servicios de salud, la libre escogencia de EPS, la multiafiliación y la prestación de servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud (antes POS). En total se resolvieron 356 casos, teniendo en cuenta que otras demandas venían desde antes de la vigencia de la Ley.

Un ejemplo de la capacidad de intervención de la Supersalud, señalado por Aristizábal, es el caso de una de las demandas que recibió interpuesta por una mujer diagnosticada con cáncer de linfoma de células B, y a quien le recetaron Bortezomib+R-CVP en ciclos de cada 21 días, sin embargo la EPS se la negó. La paciente demandó ante la Supersalud el 4 de julio de 2019 y el día 24 del mismo mes, ya tenía la medicina.

La Ley 1949 estableció en 60 días el plazo en que se deben resolver las demandas por reembolsos económicos de pagos médicos que se hacen, por ejemplo, cuando un paciente debe comprar los medicamentos por su cuenta, o cuando este paga los servicios de urgencias en una IPS que no tiene contrato con su EPS. Sobre estos temas se recibieron 766 demandas en 2019 de las cuales 743 se resolvieron, según la entidad de control. 2019 terminó con 248 demandas por devoluciones de facturas entre las entidades del sistema de salud, que se resuelven en un término de 120 días. A la fecha se han resuelto 243.