Las reacciones frente a la estrategia de techos adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social van desde el respaldo con calificativos optimistas, hasta cuestionamientos sobre sus posibles resultados. Para la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi, que agremia a los prestadores públicos del país, la estrategia es una muy buena solución para el gobierno nacional para eliminar el gran incentivo de recobros que se había convertido en una presión económica de crecimiento exponencial que se traducía en importantes desequilibrios financieros tanto para EPS como IPS por el inadecuado flujo de recursos y la ausencia de recursos por parte del gobierno para generar los pagos, además de ser una puerta para recobros indebidos para el sistema.

No obstante la dirigente señala: “no podemos desconocer que la figura de techos genera varias inquietudes en los prestadores públicos, toda vez que la estrategia, al definir topes, estos pueden convertirse en barreras de acceso para los usuarios además de trasladar el riesgo a los prestadores a través de contratos bajo la modalidad de contratación de capitación o pagos globales prospectivos. Otra preocupación surge de los valores asignados para el régimen subsidiado en un monto muy inferior a los del contributivo, a pesar de que existe igualdad en el plan de beneficios. Incluso se desconoce que los valores recobrados por las entidades territoriales (encargadas de lo no incluido en la UPC) tiene un sesgo muy grande, toda vez que muchas de estas entidades, no recibieron facturación por no contar con recursos para pagar los servicios pagados por las EPS por este concepto”. De ahí que la solicitud al gobierno nacional por parte de los hospitales públicos sea que se revisen de manera urgente los valores asignados al subsidiado.

Lo que más preocupa frente al menor monto asignado al régimen subsidiado, para la doctora Zuluaga, es que el impacto en los pacientes puede ser negativo en la medida que no se generen los recursos necesarios para cubrir éste tipo de tecnologías, e incluso, se podría generar la no formulación de las mismas o una coartación de la autonomía médica. “Se requiere que exista una revisión técnica adecuada con estudios actuariales y avanzar hacia la inclusión de las tecnologías en la UPC, cumpliendo con lo definido por la Ley Estatutaria”.

Por otro lado, el doctor Julio Alberto Rincón, director ejecutivo de Cosesam, que agrupa a las secretarías de salud municipales, señala: “El control de las tecnologías y el pago de todas las iniciativas de este tipo, constantemente presionadas por la industria farmacéutica, de diagnósticos o insumos, parece condenada al fracaso. Es loable el esfuerzo del gobierno, pero a pesar de su autoridad lo veo como un enano frente a gigantes. Algo tenía que hacerse, se le dará liquidez a las EPS escudados en ese objetivo, espero que en forma inocente, y que este recurso se use adecuadamente para lo que se está entregando y no termine en el hueco negro de las finanzas de algunas de estas entidades y terminemos pagando nuevamente, por otra ventanilla, estos servicios”.

El doctor Rincón recuerda que el anterior gobierno hizo un esfuerzo con el Mipres, asignó recursos importantes para pagar el NO POS o NO PBS, pero “el Mipres no ha sido explotado para un profundo análisis y así entender los recobros que desde el 2005 nos asaltaron por una equivocada política de medicamentos, que luego se ha tratado de corregir, pero esa medusa de 1.000 cabezas encuentra las grietas para seguir aumentando la factura. Siempre he considerado que si la causa de los recobros genera mayor salud y mejores resultados debemos ver como sociedad como pagarlos, pero esa virtud no se ha mostrado, y creo que un importante componente de esos recobros sólo son un buen negocio que raya en la ilegalidad y asalta nuestras finanzas públicas y no generan salud”.

Y concluye: “Soy pesimista, encontrarán nuevas formas de volver a cobrar y demostrar que el recurso entregado es insuficiente. Aprovecharán el sistema judicial para hacerlo”.