Más de 105 organizaciones entre las que se encuentran facultades de medicina, de derecho, agremiaciones académicas, científicas y sociales, y más de 60 líderes del país dentro de los cuales aparecen varios ex ministros de salud, Alejandro Gaviria, Alonso Gómez Duque, Augusto Galán Sarmiento, Beatriz Londoño Soto, Camilo González Posso, y Jaime Arias, se sumaron a la solicitud realizada al gobierno colombiano y al Congreso de la República para realizar lo que se podría llamar un proceso mesurado y analítico frente a una potencial vacuna contra la Covid-19.

La declaración fue difundida el miércoles 23 de septiembre en un video foro donde el ministro de salud Fernando Ruiz, mediante una grabación, ratificó los compromisos con la plataforma Covax, reconociendo que sin duda hay en ella un déficit de transparencia y de democracia, ya que las opciones de participación o negociación son muy limitadas, especialmente para países como Colombia. Sin embargo Ruiz insistió en que el gobierno no se puede limitar a esperar a tener mejor información sobre la eficacia de las vacunas cuando el mundo entero está embarcado en una carrera por un número de dosis para sus ciudadanos.

Por su parte, el doctor Julio César Aldana, director del Invima, manifestó que el instituto se ha visto a grandes presiones como consecuencia de la pandemia, pero aseguró que no se sacrificarán las exigencias sobre la seguridad y eficacia de las vacunas y tratamientos.

En su intervención el doctor Hernando Nieto del Ministerio de ciencias y tecnologías, se refirió de manera especial a la propuesta que solicita el fortalecimiento de las capacidades nacionales y recogió la recomendación de fortalecer la capacidad de producción de vacunas y biológicos.

Finalmente, el senador Jorge Robledo enfatizó en los problemas relacionados con los efectos de las patentes en el acceso a los medicamentos y vacunas, abogando por una revisión de su vigencia como incentivo para la innovación y la investigación, tanto dentro del país como a nivel global. Un llamado adicional fue el realizado por la doctora Constanza Ovalle, presidenta del Consejo Nacional de Bioética, quien insistió en la necesidad de ofrecer garantías a los voluntarios participantes en los estudios de eficacia de las vacunas y al imperativo de no menoscabar los principios de la bioética en el afán de encontrar una respuesta rápida a la crisis.

Declaración y solicitud

El texto presentado al gobierno nacional señala:

A los tomadores de decisiones a nivel nacional y local:

1. No suscribir ningún acuerdo de confidencialidad relativo a la negociación y compra de vacunas. Actuar de manera transparente, consultar a la ciudadanía sobre los planes y mantenerla informada de las decisiones. Hacer pública toda la información clínica, incluyendo los protocolos de investigación y todos los resultados de los ensayos: tanto los positivos como los negativos; publicar la evidencia sobre la que base sus decisiones, así como la relativa a los precios negociados, las cantidades, la forma de pago, los plazos de entrega, etc.
2. Tomar las decisiones sobre cuál vacuna comprar y aplicar en espacios colegiados deliberativos que tomen en cuenta los comentarios de la ciudadanía, utilizando la mejor evidencia disponible, y no aceptar vacunas cuya eficacia sea inferior al 50%.
3. En los contratos que suscriban, incluir cláusulas que condicionen el pago, al compromiso de no ejercicio por parte del contratista de ningún derecho de exclusividad en el mercado que pueda existir sobre las vacunas. Esto incluye los contratos directos con las empresas y los acuerdos vinculantes que llegaran a firmarse con COVAX.
4. Fortalecer las capacidades locales de producción de vacunas. Esto incluye destinar recursos, facilitar los trámites, crear espacios de diálogo directo, apoyar las decisiones técnicas y un acompañamiento de las autoridades sanitarias y de salud durante el proceso de fabricación y aprobación. Esto es útil no solo para hacer frente a la pandemia por Covid-19, sino para estar mejor preparados para enfrentar nuevas epidemias.
   El fortalecimiento de las capacidades locales solo tiene sentido si está acompañado de una estrategia que permita fabricar libremente las vacunas en el país. Por ello, solicitamos además:
5. Tomar una postura diplomática clara y proactiva para que las vacunas sean declaradas bienes públicos globales (#vacunasinmarca, #freethevaccine). Establecer una estrategia diplomática que implique formar un bloque con los países que ya han adoptado esta postura y, juntos, a través de las relaciones internacionales, sumar nuevos países.
   La dueña real de las vacunas es, al menos en parte, la humanidad y no las empresas privadas, pues no están siendo desarrolladas exclusivamente con capital privado.
6. Adoptar una actitud interna, acorde con esa postura. Ello implica utilizar las flexibilidades de la propiedad intelectual para que se suspendan todos los derechos de exclusividad asociados a dicha figura, de manera que los productores locales, debidamente fortalecidos, puedan producir las vacunas sin ninguna limitación o riesgo de ser demandados por infracción de patentes u otras figuras de propiedad intelectual.

Al Congreso de la República,

• Crear el marco normativo necesario para que los tomadores de decisiones ejecuten las acciones descritas en el punto anterior. Ello implica aprobar una ley que:
• Otorgue licencias obligatorias automáticas sobre todas las patentes existentes o que llegaran a concederse sobre las vacunas o las herramientas tecnológicas necesarias para producirlas.
• Declare de interés público toda la información necesaria para reproducir la vacuna, y reafirme de manera inequívoca el requisito de la que misma deba publicarse. Esto incluye la información clínica e implica que cualquier derecho de exclusividad sobre la misma debe suspenderse por efecto de la ley.
• Cree como requisito de los contratos de financiación de la investigación y desarrollo, compra anticipada o adquisición de vacunas, la inclusión de cláusulas contractuales como las mencionadas en el punto 3 del aparte anterior.
• Cree la obligación de generar una política pública para el fortalecimiento de las capacidades locales de producción, que comprenda entre otras cosas, financiación, subsidios, exenciones tributarias, programas de apoyo técnico, facilitación de la transferencia de tecnología, etc.

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