MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 272 MAYO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 272 MAYO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
Es incierto el futuro del proyecto de ley 010 de 2020 que pretende reformar el sistema de salud colombiano, y lo es, porque el apoyo en el Congreso de la República ha ido pasando de tibio a negativo con el retiro de las firmas de varios coautores y ponentes, e incluso de bancadas completas que luego de varios meses de discusiones, ahora lo ven inconveniente.
Es probable que en la próxima votación en las comisiones séptimas se apruebe el archivo de la iniciativa, o que el ejecutivo solicite su retiro, aunque la propuesta no tenga origen en el gobierno sino en el mismo congreso, pero también es posible que el trámite continúe y hasta que se apruebe, esto dependerá de los vaivenes de la política; lo que sí es cierto es que el país necesita reflexionar de manera profunda sobre los problemas endémicos del sistema de salud, las realidades sanitarias develadas por la pandemia, y las necesidades de la población, la cual debe retornar a su papel de eje central y objetivo del SGSSS.
Ahora bien, sería importante que antes de avanzar en una nueva reforma se cumplan las estrategias actuales, existen temas pendientes como el acuerdo de punto final, el cual se encuentra estancado a pesar del interés mostrado al principio del actual gobierno para impulsarlo como medida de saneamiento financiero y que no deberían quedarse en el tintero.
Colombia es un país de leyes, y eso se traduce en la práctica en que ante cualquier problema pensamos que una ley, o alguna otra norma, pueden corregirlo, de ahí que la Ley 100 de 1993 sobre la cual se basó la constitución del actual sistema de salud, ha tenido modificaciones y reformas que en cada ocasión han buscado solucionar, ya sea problemas puntuales, o darle un giro sustancial, por lo menos así han sido anunciadas, sin embargo ni la 1122 o la 1438, o los muchos otros cambios normativos, han logrado que el país tenga en la práctica una solución efectiva a todas las problemáticas sanitarias en todo el territorio, y eso se deberá solucionar, ojalá más temprano que tarde.
Y es que estos problemas son tan amplios y estructurales que la primera tarea a emprender debe ser un análisis profundo donde participen todos los agentes involucrados, en forma ideal con acompañamiento de la academia y una amplia participación ciudadana que permita construir, a forma de gran pacto nacional, los acuerdos esenciales y necesarios para avanzar hacia un modelo que responda a todas las necesidades de la población.
En esa dinámica, varios pueden ser los pilares para emprender el análisis.
Lo primero es que un sistema de salud debe centrarse en las personas, y es entorno a ellas que debe colocarse el accionar de todos los involucrados, esto incluye al estado en todas sus dimensiones territoriales, a los prestadores de servicios de salud, los sectores farmacéuticos y de suministros, a quienes funjan como administradores o gestores de la salud y a la misma comunidad. Pensar en las personas como centro debe buscar prevenir la enfermedad y promocionar la salud como un estilo de vida, lo que es un primer paso importante, pero también, facilitar el acceso para la atención en casos que se requiera rehabilitar las condiciones de salud, con oportunidad y a los niveles de complejidad terapéutica suficientes y escalados, de manera que la utilización de los recursos, siempre finitos, se apliquen de la manera más inteligente posible.
Es evidente que un sistema de salud requiere financiarse, y acá hay un segundo pilar para ese gran pacto. Determinar la fuente de los recursos está relativamente claro en el país, habría que afinar la metodología para lograr su suficiencia, sin embargo lo fundamental acá es garantizar el flujo de los recursos a través de toda la cadena; no es posible que en el país los billonarios recursos invertidos se estanquen en papeleos, subterfugios, trabas administrativas y burocráticas, muchas veces con intereses particulares non santos, y este comportamiento que no necesitaría una norma específica, si no el cumplimiento estricto de las obligaciones y responsabilidades, debe quedar solucionado y ser base de cualquier modelo que se adopte.
Un tercer pilar es recuperar la gobernanza del sistema, las autoridades departamentales y municipales no pueden seguir siendo testigos maniatados en el control, o receptores de funciones sin recursos para actuar, y mucho menos incapaces de incidir, por las razones que sean, sobre la salud de sus comunidades. La salud pública es una obligación del estado, y para ejercerla se necesita la capacidad y los medios suficientes, carencias que la pandemia desnudó de manera cruda.
Otro aspecto es que hay que entender que la salud no es una responsabilidad exclusiva de los profesionales del área, actuar con decisión sobre los determinantes sociales que la afectan es una tarea transversal, como lo diría la OMS en alguna oportunidad, las políticas de salud deben estar presentes en todas las políticas, y esta sí es una meta que implica un cambio rotundo en la forma del estado de concebir el concepto de bienestar de sus ciudadanos.
Finalmente es importante rescatar las buenas ideas del actual proyecto de reforma; la salud familiar es una estrategia válida y que ha sido solicitada desde hace años en el país, igualmente recuperar la capacidad de producir medicamentos, y vacunas en la actual coyuntura, es una necesidad que piensa en el futuro, y más allá de la suerte del proyecto 010 de 2020 se deben sacar adelante.
EL PULSO como un aporte a la buena calidad de la información en momentos de contingencia, pública y pone a disposición de toda la comunidad, los enlaces donde se pueden consultar de manera expedita todo lo relacionado con el Covid-19-
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com
