Sociedad civil propone un decálogo para una nueva reforma al sistema de salud

Una vez hundido en el Congreso de la República el proyecto de ley 010 de 2020 que reformaba el sistema de salud colombiano, y a diferencia de lo sucedido con el proyecto de reforma tributaria, el gobierno nacional ha guardado silencio sobre las posibilidades de presentar una nueva iniciativa que recoja las aspiraciones de quienes se opusieron a su aprobación, con lo que parecería enviarse un mensaje desde el ejecutivo en el sentido que no comparte los cuestionamientos que se le hicieron y que no tiene dentro de la agenda inmediata insistir en una reforma a la salud.

El ministro de salud, Fernando Ruiz, reconoció en Foros Semana que el hundimiento del proyecto “le dolió” entre otras razones porque: “fue un proyecto bastante debatido que tuvo algunas características bastante pertinentes para el futuro del sistema. Después de 10 años del último ajuste, el sistema los necesita, y algunos muy críticos y urgentes como el de seguridad sanitaria; tenemos que aprender de esta pandemia y lo que nos queda es ajustar temas por la vía regulatoria, pero también tocará buscar algunos temas específicos, si el entorno nos da, porque lo que pasó es que nos tocó un entorno donde quedó puesto (el proyecto) en la mitad de una tormenta, creo que el proyecto fue tumbado por el paro por lo controversial, como siempre son los que tocan el tema de la salud”.

Los congresistas que votaron el archivo del proyecto se pusieron de acuerdo después de ocho meses de discusiones, y mucha presión desde las calles, en que la propuesta no resolvía los problemas estructurales del sistema de salud. Por su parte, el senador Fabián Castillo, autor de la iniciativa, aseguró que “Uno de los problemas en medio de la discusión es que cada actor no ha pensado en la totalidad del sistema”.

Por su parte las organizaciones de la salud han visto en la actual coyuntura la oportunidad para presentar un proyecto que recoja el sentir del sector y de la ciudadanía, y que incluso con un año electoral en ciernes, podría contar con el respaldo político de varios partidos.

Una de las propuestas que se viene estudiando y que cuenta con el apoyo de varias organizaciones, es la que se ha denominado “Decálogo por un cambio estructural del Sistema de seguridad social en salud”, liderada por la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, y con el apoyo entre otros de la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME), Médicos Unidos de Colombia (MUC), Asmedas, etc. Este decálogo contiene las bases de lo que podría ser una reforma estructural al sistema de salud, partiendo del desarrollo de la Ley Estatutaria en salud (LES 1751/2015).

Este decálogo parte de una consideración, se debe crear un sistema de salud y seguridad social que sea público, descentralizado, y una atención de los servicios de salud a cargo de entidades públicas, mixtas y privadas. Bajo esta figura no existiría intermediación ni la administración privada del sistema, se cimentaría sobre una estrategia de atención primaria integral en salud (Artículo 12, LES), con acceso universal, igualitario, no asociado a la capacidad de pago, y donde para el acceso solo se necesitaría ser residente, incluso estar de tránsito en el territorio nacional, de esta manera se garantizaría el goce efectivo del derecho a la salud.

Otro principio del decálogo señala que la organización del nuevo sistema se basaría en las Redes Integrales de Servicios de Salud (Art 13, LES), con un sistema nacional de referencia y contrarreferencia, organizado en, y, por los Territorios de Salud con el apoyo de unidades técnico-administrativas para garantizar la continuidad, integralidad, oportunidad y eficiencia de la atención en salud, con lo que se daría cumplimiento a los artículos 4, 13, y 8 de la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional. Otra consideración de fondo es que el sistema estaría orientado en el control de los riesgos de la salud y la gestión de los determinantes sociales en el marco de una política pública transectorial (LES Artículo 9) (además de la prestación integral de servicios. Art 8, LES).

Hasta el momento el decálogo busca generar una discusión amplia sobre la forma en que el país debe afrontar las necesidades en salud de los colombianos.

Determinantes Sociales de la Salud:

Es claro para los proponentes del decálogo que un sistema de salud no se puede limitar a la rehabilitación de la enfermedad, de ahí que un elemento central de la propuesta es el abordaje de los determinantes sociales de la salud, (Carta Internacional de Derechos y, Observación 14 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC- del año 2000 de la ONU), entre otras razones porque: “El derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud” pero además, porque “la salud depende no solo de factores biológicos sino también socioeconómicos, que permitan a las personas y comunidades vivir en un ambiente sano que los pueda llevar a una vida sana” como acceso a agua potable limpia y condiciones sanitarias adecuadas, seguridad alimentaria, vivienda digna, energía eléctrica y disposición de excretas, medio ambiente sano, entre otras.

Ahora bien, la forma en que el sistema de salud propuesto abordaría una serie de determinantes tan amplio se estructura desde la transversalidad y la intersectorialidad en su actuar, como se observa en los demás puntos del decálogo.

El primer elemento es que este Sistema Nacional Seguridad Social en Salud contaría con una Comisión Intersectorial nacional y territorial, de carácter vinculante, que estudie dónde y cómo inciden los determinantes sociales de la salud en las comunidades y los individuos, pero que también establezca metas y acciones específicas en las políticas públicas nacional y locales, (artículo 9 de la LES). La rectoría del sistema estaría a cargo del estado a través del Minsalud y del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Asimismo existiría un mapa sanitario del país conformado por Territorios Saludables que responderían a las características epidemiológicas, sociodemográficas, económicas, geográficas y de servicios públicos de cada región, estos constituirán sus propios entes rectores territoriales. Lo más novedoso en este punto es se superan las divisiones político-administrativas y se centra el accionar de la salud en las características epidemiológicas y culturales en general, de las comunidades.

En cuanto a la financiación del sistema se plantea una participación tripartita entre estado, Empresas y trabajadores, incluyendo a independientes y rentistas, que aportan a un fondo parafiscal, pero con una novedad, que el estado pueda subsidiar temporalmente las obligaciones de aportes para salud de microempresas y de cuentapropistas, cuando su renta presuntiva sea inferior a la línea de pobreza monetaria de una familia promedio, dejando en claro que en ningún caso, el no pago o el atraso en las obligaciones con la seguridad social, sea una barrera para el acceso a los servicios. Ahora bien, la destinación de los recursos tendría como eje la descentralización político-administrativa del país, y de ahí la necesidad de fijar competencias y responsabilidades de los servicios de salud y del manejo de los recursos, divididas en varios niveles de financiamiento, municipios, departamentos y nacional.

Los “territorios de salud” contarían con un Fondo Regional con los aportes de seguridad social de salud del territorio. Este fondo financiaría los hospitales públicos y pagarán los servicios prestados por los privados integrados a la red del territorio. El nivel nacional manejará un Fondo Nacional de Compensación y su función, apoyar a los territorios en situaciones de catástrofes, y garantizar el tratamiento de enfermedades raras de todos los territorios.