MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 283 ABRIL DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Que en Colombia diversos grupos de opinión, y sectores en su mayoría altamente cualificados, vengan dando a conocer propuestas amparadas en trabajos bastante serios y concienzudos, sobre posibles reformas al sistema de salud, debe ser una evidencia contundente de que esa reforma se requiere de manera urgente y tendrá que ser asumida por el próximo gobierno, independiente del matiz político que represente.
Bajo el tímido nombre de “recomendaciones para mejorar el sistema de salud y riesgos laborales”, que mostraría no tener mayores pretensiones, la Pontificia Universidad Javeriana y Seguros SURA, dieron a conocer, aunque con poca difusión, una serie de propuestas resultado de un trabajo desarrollado en tres fases que buscaron, primero identificar los principales problemas de los sistemas de salud y de riesgos laborales, revisar literatura nacional e internacional con visiones de diferentes disciplinas asociadas con el tema, para llegar al planteamiento final de recomendaciones encaminadas a superar los problemas identificados.
La metodología incluyó discusiones interdisciplinarias e interinstitucionales que permitieran desarrollar una propuesta consensuada que incluyeran la opinión de los responsables del estudio y de invitados y expertos en las distintas temáticas tratadas.
El trabajo final aborda temáticas variadas que ya han sido también identificadas por otros análisis como esenciales para encontrar los parámetros centrales para una buena reforma del sistema.
Por ejemplo, frente a la rectoría se identificaron como problemas la “incompatibilidad de la rectoría constitucional y los cambios normativos, las limitaciones en la definición de la visión y dirección de la política sanitaria, la deficiencia en la regulación y control, la desarticulación entre la rectoría, y el financiamiento, y el escaso desarrollo en la articulación y de acciones en salud pública, circunstancias que limitarían el funcionamiento y consecución de los objetivos del sistema de salud”.
Como propuestas para solucionar estos problemas de rectoría, los responsables del trabajo proponen “crear un mecanismo de representación denominado “Gobierno Participativo del Sistema de Salud”, que establezca una relación entre el gobierno y la ciudadanía”, figura con la que se recuperaría conceptualmente lo que fue el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Se propone también replantear el esquema de los territorios para aprovechar la Ley de las Regiones, generando grandes grupos con capacidad de inversión social y así facilitar la administración del Sistema en la ejecución de las acciones; establecer para los entes territoriales las características técnicas y económicas que deben cumplir los aseguradores; proveer interoperabilidad y calidad en los sistemas de información para la toma de decisiones estratégicas y materializar la unificación del Plan de Salud, acabando con el dualismo entre la seguridad social y la atención en salud.
Por otro lado, se planteó descentralizar las funciones sancionatorias de la Supersalud hacia las Secretarías de Salud Distritales y Municipales para que cumplan el papel de primera instancia; capacitar jurídicamente a jueces, usuarios y operadores; conceptualizar la salud a partir de los determinantes de salud, que permita construir un sistema más solidario y equitativo; ejecutar una Atención Primaria en Salud orientada a los servicios de salud y delimitar el alcance de la salud pública, los roles y responsabilidades de los diferentes actores y los recursos a destinar para su desarrollo.
En este componente las acciones se enfocarían hacia la sostenibilidad entendiendo que esta no solo se limita a las fuentes de recursos, sino también con retos en torno a la administración eficiente de los mismos y determinantes estructurales como la informalidad laboral que limita los recursos generales del sistema; el alto costo de los medicamentos, los gastos crecientes por nuevas tecnologías, la falta de claridad en el PBS, una Unidad de UPC sin un suficiente ajuste de riesgo, órdenes masivas de prestaciones por parte de jueces, entre otros elementos que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
Como soluciones para el tema financiero se propone desvincular la financiación de la seguridad social en salud del mercado laboral formal y financiarla mediante recursos fiscales; mejorar la calidad implementando el pago por desempeño de las EPS y las IPS; establecer compensación por desatención imputable a una EPS en favor de la EPS que recibe a los usuarios; unificación de los regímenes; incentivos para elevar el nivel de consciencia de los usuarios; otorgar facultades sancionatorias a las secretarias de salud y que los pagos de sanciones sean destinados a un fondo para inversión en salud, entre otras propuestas.
La innovación farmacéutica ocupa un capítulo especial donde se plantea el apalancamiento de los seguros voluntarios como mecanismos para reducir costos dentro del sistema de salud; ajustes a la normatividad actual que permitan la contratación directa de contratos de reaseguro por parte de las EPS; UPC con mejores ajustadores por riesgo; esquema de seguro de todo riesgo con exclusiones; crear jueces de la salud; y una cuota moderadora del 30 % para los medicamentos NO PBS.
Frente al aseguramiento, como eje articulador del sistema, se analizaron los usos de las reservas técnicas y la distribución del riesgo, el aseguramiento en zonas rurales y lugares dispersos, la fragmentación del aseguramiento y heterogeneidad de las prestaciones de servicio de salud entre las diferentes EAPB, la cobertura del PBS en el modelo de reaseguramiento.
Acá se propone concebir a las EPS como verdaderas aseguradoras, buscando coherencia y consistencia en todo el modelo: normativo, técnico y financiero; construir zonas o regiones de aseguramiento: regulación diferenciada en lugares dispersos donde hay barreras; supervisión a cargo de la SuperFinanciera o posibilidad de vigilancia conjunta entre esta y la SuperSalud; aclarar esquema de cobertura en el sistema: modelo todo riesgo, pero con un plan de exclusiones claro; definir límite en el valor asegurado; trasladar el deber de conservación del Estado del riesgo del aseguramiento tradicional; separar y profundizar en la financiación dispuesta para las actividades de promoción y prevención, de forma independiente a lo comprendido en la UPC, adoptando el componente fijo y variable en el cálculo de la UPC.
Otra propuesta es diferenciar la financiación para las actividades de Promoción y Prevención, de la UPC; definir el esquema de reaseguro para la dispersión del riesgo; adoptar el esquema de reaseguro ante desviaciones significativas de la siniestralidad o eventos que puedan afectar significativamente el patrimonio del asegurador.
En relación con la prestación de servicios y de salud pública, los autores consideran la falta de continuidad en la atención y la deficiencia en la caracterización de las necesidades de los territorios y regiones a nivel nacional, como principal problema. Se encontró también una fragmentación de la información que limita la articulación entre los actores. En ámbito del talento humano en salud, se establece la necesidad de intervenir la pertinencia y calidad en la formación.
Respecto a estos problemas se propone construir un modelo que gestione la salud de la comunidad, identificando necesidades de territorio y los determinantes sociales en salud; fortalecer el liderazgo de las entidades territoriales y su capacidad técnica; implementar las Rutas Integrales de Atención de Promoción y Mantenimiento de la Salud.
Entre otras propuestas, que coinciden con las provenientes de otros grupos civiles que vienen trabajando una posible reforma, se encuentra diseñar un sistema único de información, vincular las actividades colectivas con las individuales; construir indicadores de impacto en salud con identificación y gestión de riesgo; fortalecer la telesalud; propender por la formalización laboral del talento humano; un enfoque hacia la prevención y que vale la pena evaluar en aras de ir consolidando una reforma conciliada.
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