Gestión de salud pública, otro reto para la gobernanza y la articulación del sistema de salud

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 518 de 2015 la Gestión de la Salud Pública - GSP, “es un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo que, bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, está orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores del SGSS junto con sectores del gobierno, de las organizaciones sociales y privadas y la comunidad, con el propósito de alcanzar los resultados en salud. Se enmarca en el ejercicio de rectoría y apunta a la generación de la gobernanza en salud, con el propósito de que las respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se desarrollen de manera articulada y orientada a logro de los resultados en salud”.

Esto entonces plantea un panorama de gran grosor pues en caso de desarticulaciones son los usuarios quienes terminan pagando las consecuencias de ellas. Por ello, las alianzas públicas-privadas también juegan un papel fundamental en la gestión de la salud pública.

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social sugiere que cada entidad del sector desarrolle y adopte un modelo de gestión que sirva de referente y guía para la toma de decisiones, la implementación de las políticas, programas y proyectos; y el mejoramiento continuo de los procesos y servicios que ofrecen; en un entorno cambiante que exige adaptación con rapidez e innovación.

A nivel internacional y nacional, diversos sectores y actores de la economía y de la sociedad han venido promoviendo e implementando múltiples esquemas de mejoramiento, centrados en la gestión de calidad, de gestión organizacional, gestión social, entre otras.

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, expresó la importancia de “vincular a la academia a todo el proceso de formulación y por eso, por primera vez, se creó el comité gestor, que ha generado estos espacios de diálogo, reflexión y crítica frente al proceso”.

La representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini, expresó que “desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud vemos como una gran oportunidad la formulación del Plan Decenal de Salud Pública, donde se plasmará una visión de futuro que puede involucrar a todos los sectores en la responsabilidad social por el cuidado de la población”.

Con relación a ello, para el mes de marzo, se socializaron prácticas con enfoque diferencial, gestión intersectorial y alianzas público-privadas para la gestión de la salud pública. Estas ponencias fueron lideradas por representantes de Valle del Cauca, Antioquia, Cali y Bogotá, así como de la Universidad del Valle.

Allí se buscaba “destacar la experiencia territorial que tanto ha generado valor en los últimos años, para capitalizar y fortalecer el nuevo Plan Decenal de Salud Pública”, afirmó por su parte el coordinador de Planeación en Salud Pública, Carlos Pinzón.

De otro lado, se destacaron acciones articuladas por la salud en Bogotá en el marco de la emergencia sanitaria, tales como la prevención de mortalidad materna, centro de escucha de la línea 106 y su impacto en situaciones de convivencia escolar, entre otras.

Gestión de riesgos en salud pública ¿Hacia dónde va?

La gestión integral del riesgo en salud es una estrategia transversal de la Política de Atención Integral en Salud que se fundamenta en la articulación e interacción de los agentes del sistema de salud y otros sectores para identificar, evaluar, medir, intervenir (desde la prevención hasta la paliación) y llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias y comunidades, orientada al logro de resultados en salud y al bienestar de la población.

Avanzar en la consecución de este objetivo requiere, según las entidades territoriales “el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la coordinación de la agenda sectorial e intersectorial desde las prioridades establecidas en el plan territorial de salud y lograr la corresponsabilidad de los agentes del Sistema de Salud y otros sectores en el territorio, mediante la articulación e interacción de las intervenciones poblacionales, colectivas e individuales de su competencia, el mejoramiento progresivo de la calidad de la gestión por parte de todos los agentes del sistema de salud centrada en las personas y orientada al logro de resultados en salud y su sostenimiento en el tiempo”.

Varias de ellas han expuesto la necesidad de “la generación de condiciones para involucrar a las personas en la toma de decisiones en todos los niveles del Sistema de Salud, con el fin de desarrollar capacidades para el cuidado de su salud y la formulación de políticas y planes”.

Para Ornella Moreno Mattar, Administradora en Salud de la Universidad de Antioquia, MSc en políticas públicas, “los servicios de salud implican una respuesta a eventos que, en muchos casos, son impredecibles y en los que el potencial de pérdidas, tanto financieras como de bienestar, es alto. Los prestadores de servicios de salud y aseguradoras deben ser conscientes de los riesgos que enfrentan para poder gestionarlos oportunamente y prevenir el posible daño tanto para los pacientes como para su propia sostenibilidad”.

Frente a ello, se enfatizó: “las aseguradoras deben enfocar sus esfuerzos a la gestión del riesgo a través de la identificación, evaluación, medición, tratamiento, seguimiento y monitoreo de los riesgos en salud para los afiliados, implementando modelos de atención basados en las mejores prácticas y con el talento humano en salud adecuado”.

Vale recordar que antes se consideraba la gestión integral del riesgo en salud como una disposición dirigida a optimizar el uso de la UPC asignada para cada aseguradora, desde inicios del 2020 y con la entrada en vigor de los Presupuestos Máximos el gobierno busca estimular una gestión del riesgo por parte de las aseguradoras basada en la integralidad.

Lo expuesto entonces, plantea que a pesar de los avances y las experiencias exitosas que se conocen en algunos programas de gestión integral del riesgo, de la toma de medidas desde la política nacional para garantizar la integralidad en la atención de la población y de la generación de espacios de discusión entre las aseguradoras, prestadores y entidades del gobierno, en Colombia, aún existen grandes retos en esta materia; por ejemplo, el aumento de la capacidad para gestionar el riesgo en las regiones apartadas de los centros urbanos; el fortalecimiento de la articulación entre los Entes Territoriales, aseguradoras y prestadores; y el avance hacia modelos de contratación orientados a resultados en salud.

Desafíos de la gobernanza y la gestión en salud

Desde la perspectiva de la gobernanza, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene algunas características que exigen la participación y la coordinación de actores. Sin embargo, problemáticas como la corrupción, la falta de coordinación intersectorial y la inexistencia de una instancia formal para el encuentro de actores ante decisiones clave del sistema, dan cuenta de una gobernanza ineficiente.

Según dio a conocer la Universidad de Antioquia a través del estudio “Los Desafíos de la gobernanza en salud en Colombia: Una mirada con actores del sistema de salud” las funciones asociadas a la gobernanza, obtuvieron un resultado bajo (2,6). La función mejor calificada fue “formular normas y marcos regulatorios” (3,4), la única positiva, y las peor calificadas (2,4) fueron “fomentar la participación ciudadana en la gestión y el control de las políticas del sistema”, y “observancia de la transparencia y la rendición de cuentas”.

En cuanto a las instancias de participación y coordinación. “Se identifica, en su orden: las comisiones séptimas del Congreso de la República (92,9 % de los participantes), los comités territoriales de seguridad social en salud (77,3 %), la Comisión Intersectorial de Salud Pública (61,7 %), la Instancia de Coordinación y Asesoría (58,1 %) y la Comisión Nacional de Salud Ambiental, CONASA (31,2 %)”.

Con relación a la gestión de la pandemia. Entre 19 actores del sistema, acerca del manejo que han tenido en el marco de la pandemia, se asignó una calificación promedio de 2,9. “La más baja calificación la obtuvieron los actores políticos (2,1), los gremios económicos y las organizaciones comunitarias (2,4 cada uno), y la más alta, el Instituto Nacional de Salud (3,7), los hospitales privados (3,6), y el Ministerio de Salud y Protección Social (3,5). Además, respecto a las capacidades del país para enfrentar una situación contingente como la pandemia, el aspecto con la mejor calificación fue “Gestión y divulgación de la información” (3,3), seguida de la “Capacidad de adaptación del sistema”. Caso contrario ocurrió cuando se abordan los aspectos relacionados directamente con la gobernanza: “Coordinación entre gobiernos nacional y territoriales” (2,7), “Transparencia en contratación y rendición de cuentas” (2,4), y “Participación ciudadana” (2,4)”.

Frente a ello, la mayoría de los participantes señaló la corrupción como el principal problema que requiere intervención inmediata (72 %), seguido de las falencias en la articulación de actores e instituciones, problemática que ha sido reconocida por expertos y hacedores de política como la fragmentación del sistema (41 %), el desfinanciamiento (30 %), y la ausencia o inoperancia de controles y de vigilancia en el sistema.