MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 284 MAYO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Según los resultados financieros publicados por la Superintendencia Nacional de Salud en 2021 para el aseguramiento en salud y entidades complementarias, el informe permite dar cuenta de los resultados contrastados entre los años 2020-2021.
El periodo se caracterizó por los efectos directos de la pandemia del COVID-19 que implicó un cierre de servicios y atenciones, con derivaciones lesivas en las estructuras económicas de los prestadores públicos y privados, así como demás agentes de la cadena.
Luego de la progresiva reactivación económica y levantamiento de medidas restrictas en materia sanitaria, es claro observar que mientras en el año de crisis sanitaria las EPS a diciembre 31 de 2020 arrojaron por vez primera en dos décadas utilidades por $585.138 millones en el consolidado de las 37 EPS, un año más tarde, en 2021, una vez que se fueron reactivando los motores de la economía y haber presentado un crecimiento de 10.6 %, contrario a una contracción o desaceleración del 6.8 % del 2020, paradójicamente para las EPS, la reactivación de ordenaciones y de servicios, generó mayores costos que se tradujeron al final del ejercicio económico en una pérdida contable de $510.529 millones en 34 EPS.
En 2021 las 34 EPS administraron recursos de compensación y liquidación mensual de afiliados en su componente de ingresos operacionales y aforaron un total de $67 billones con un costos de producción de servicios de salud, por $64 billones, es decir que el costo médico representó el 95.65 %, o lo que es lo mismo, por cada $100 de ingresos recaudados por las aseguradoras, se pagaron casi $96 quedando un total de $4 para cubrir gastos operacionales, impuestos e intereses. Aquí es claro advertir que los ingresos dispuestos por medio de la prima del aseguramiento representados en la UPC, alcanzó a cubrir la totalidad de los costos de producción, lo que ha sido constante en todos los años de análisis del aseguramiento en salud, pero no alcanza a cubrir la totalidad de los gastos de administración que generalmente están entre 6.5 % y 7.5 %.
A este valor bruto (ingresos menos costos), se le descontaron los gastos operacionales de $4.8 billones, que equivalen al 7.2 % de los ingresos operacionales y arrojó un resultado operacional negativo (Utilidad Antes de Impuestos e Intereses) de $1.9 billones, es decir que solo con el resultado bruto ($2.9 billones) se logró cubrir en esa misma proporción de $2.9 billones (60.42 %), en otras palabras, quedó sin cobertura el 39.58 % y que es parte de lo que estructuralmente ocurre con la suficiencia de UPC, que cubre el costo de atención, pero no la totalidad de los gastos administrativos, lo que genera un desequilibrio financiero que se traduce en pérdida contable y correlativamente en defecto patrimonial; lo que es un defecto estructural sistémico, que conlleva un desenlace directo en prestadores, por cuanto se cubren los gastos administrativos y los costos hasta donde alcancen los recursos con prelación en la red propia de la organización, el resto de los recursos no pagados se convierten en cartera creciente.
Del neto entre otros ingresos y gastos no operacionales se obtuvo un resultado final para la vigencia de 2021 negativo de $510.529 millones, cuando en 2020, el resultado fue similar de $585.138 millones, es decir que literalmente se perdió el ahorro obtenido en 2020, pese a que fue un asunto de forzosa decisión y que a la postre resultó en un exceso de ingresos para las EPS que no tuvo una partida asociada en el costo y los gastos. Según esto el margen fue negativo de -0.08 %.
Es menester señalar como los otros ingresos resultan ser altamente significativos en este esquema de organización, habida cuenta de la dinámica contable entre operaciones de un mismo año que afecta el costo médico, o de vigencias diferentes que se registra como forma de aprovechamiento, con un valor de $1.5 billones, cuando los otros gastos fueron solo de $67.483 millones, por lo que de no haber tenido estos otros ingresos no operacionales la pérdida habría sido significativamente mayor.
En lo que respecta a la ecuación contable, se registraron activos consolidados de $34.4 billones, deudas con terceros de $34.7 billones, lo que representó un patrimonio de -$271.271 millones, cuando en 2020 fue de -$1.7 billones, que contrasta con lo que se venía arrastrando desde 2019 que se situó en -$5.5 billones, es decir que se observa una mejora sustancial en este indicador y que será incidental para disminuir el defecto patrimonial de próximos reportes, toda vez que se enjugaron pérdidas de vigencias anteriores.
Así las cosas, el nivel de endeudamiento en 2021 fue de 101 %, cuando en 2020 venía de ser de 107 %. Tanto el indicador de rentabilidad del activo como del patrimonio, o tasa esperada por la empresa y el inversionista respectivamente fueron negativos, dado que los resultados operacionales y netos fueron negativos, lo mismo que el patrimonio.
Un análisis particular es el que se puede realizar cuando se calculan los valores promedio de ingresos y costos (dividiendo los ingresos y costos entre la población total afiliados de 48.518.893), se tiene que el ingreso medio en Colombia fue de $1´379.603 y costo medio de $1´319.575, según esto se tiene un diferencial positivo de $60.028 millones, es decir que se cubre el costo medio con el ingreso medio (compensación), pero no alcanza si no a cubrir el 60 % del gasto administrativo, por lo que al final arroja una pérdida contable y un defecto patrimonial.
Estas 59 entidades, incluida las 34 EPS, aforaron un total de $74.5 billones como ingresos operacionales y unos costos totales de $69.1 billones, para un resultado bruto de $5.4 billones, para cubrir unos gastos operacionales de $8.6 billones, es decir que solo se pudo sufragar el 62.79 %, lo cual generó un total de -$3.3 billones, para un margen operativo negativo de -4.4 %, es decir que, sumados los costos y gastos excedieron en 4.4 % el total de los ingresos consolidados.
Llama la atención lo robusto y significativo de los otros ingresos no operacionales que fueron de $4.0 billones, con gastos no operacionales de $272.029 millones, por lo que el resultado financiero fue de $420.107 millones, lo que corresponde a un margen neto de 0.6 %.
Es muy importante señalar que, estas empresas en su conjunto, han consolidado un verdadero poder empresarial, como quiera que su volumen de activos es de $43.9 billones, con unos pasivos de $40.5 billones, para una solvencia patrimonial de $3.3 billones, que es muy contrario al de las aseguradoras en salud, que año tras año resulta ser negativo, no obstante que ha venido sensiblemente mejorándose.
Los ingresos de las 59 entidades aumentaron en 143.83 %, pero los costos se incrementaron en mayor proporción con 17.06 %, lo mismo que los gastos administrativos que aumentaron en 25.27 %, lo cual explica la caída en el consolidado de los resultados finales, toda vez que los mismos en 2020 fueron de $1.3 billones.
Si a este valor de $74.4 billones de ingresos consolidado se le computan los valores de un posible gasto de bolsillo de $9.5 billones (ajustado por inflación de 2021 de 5.62 %, a partir de reporte de SNS en 2019), unos ingresos por salud pública de $1.1 billones, por la población pobre no asegurada (PPNA) de $331.626 millones, y unos ingresos por ambulancia de $4.7 billones, pólizas de salud de $1.7 billones, planes complementarios de $694.729 millones, ARL de $4.3 billones y de SOAT de $2.4 billones (registros indexados IPC 2021), se tendría un agregado final de $94.5 billones, que representan un 8 % del total del PIB para 2021 ($1.177 billones), lo que es un dato revelador, y muestra la magnitud de recursos con que cuenta el sistema de salud en Colombia.
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