MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 284 MAYO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Un billón cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y un millones diecisiete mil trescientos sesenta y dos pesos M/cte. ($1.447.381.017.362), será la cantidad que Saludvida EPS S.A. dejará de pagar a sus acreedores simplemente porque no tiene los recursos para hacerlo. Sin embargo, durante los años en que la entidad funcionó, sus proveedores y cientos de IPS en todo el país sí debieron garantizar la existencia de recursos, insumos, talento humano, infraestructura física, edificios, y un largo etcétera, para que los afiliados a esta aseguradora en salud recibieran la atención que necesitaban con oportunidad y calidad. A primera vista parece que la ecuación está desigual.
Si la estrategia fuera acabar con la cartera de difícil recaudo de los hospitales y clínicas del país en muy poco tiempo, a través de declaraciones de insolvencia de los procesos liquidatorios de las EPS intervenidas, todos estarían de acuerdo en que lo sucedido en las ultimas semanas es el camino correcto, sin embargo quienes esperarían que haya un responsable por unas deudas resultado de servicios ya prestados, y que estos se traduzcan en pagos reales hacia una red de prestadores ampliamente afectada en sus finanzas desde hace años, definitivamente miran con desilusión como el sistema de salud le vuelve a fallar a uno de sus actores: los prestadores.
Lo mas grave es que definitivamente si algo se rompió en el SGSSS es la confianza. En el caso de la intermediación en salud en Colombia el asunto es simple. El gobierno gira unos recursos a unas entidades que los administran, pero que no atienden a nadie. Los hospitales y clínicas (prestadores) “contratan” con estas administradoras para atender a las personas en sus necesidades, pero acá surge el problema, a pesar de que median contratos, nada garantiza la oportunidad de los pagos, y en este caso, nadie se hace responsable por cancelar las deudas cuando estas se hacen multimillonarias y las EPS deciden ya sea de manera voluntaria, o presionadas por la Supersalud, abandonar el sistema de salud, dejando tras de sí deudas, quiebras, personas afectadas en su salud, pero poco dinero para responder.
En su momento el Fosyga incluía dentro de su nombre la palabra “garantía” (Fondo de Solidaridad y Garantía) con lo que se pretendía generar una cierta tranquilidad sobre la existencia de un responsable final frente a cualquier posibilidad de quiebra en el sistema, similar a lo que sucede con el sistema bancario y el Fogafin; sin embargo, esos conceptos se perdieron en el sistema de salud.
El caso de Saludvida es fácil y se parece mucho a historias recientes. Con la Resolución No. 008896 de 1 de octubre de 2019, y sus posteriores modificaciones, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a Saludvida EPS S.A. La decisión de liquidarla se tomó después de encontrar graves fallas en la capacidad de atención, carencia de redes, un número creciente de quejas y un incumplimiento en la mayoría de los indicadores de calidad, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. A eso se suman el déficit financiero y grietas en los márgenes de solvencia, indicadores que hacían inviable su funcionamiento, a juicio de la Supersalud.
Para ese momento Saludvida presentaba deudas que bordean los 200.000 millones de pesos y que superan los 380 días, con pasivos al 30 de junio de más de un 1,3 billones y un capital de trabajo negativo de 270.000 millones, pérdidas acumuladas que bordean los 900.000 millones y un endeudamiento del 326 por ciento. Fabio Aristizábal Ángel, superintendente nacional de salud, como en otras oportunidades manifestó que los afiliados serían trasladados a otras EPS en las áreas de influencia de Saludvida, desde la Guajira hasta Nariño en 15 departamentos y Bogotá. En octubre de 2019, Saludvida era la sexta EPS liquidada en ese año por orden de la Supersalud y entraba a acompañar a Cafesalud, Manexca, Comfacor, Cruz Blanca y Emdisalud.
Con la orden de intervención para liquidar se comenzó un proceso similar al de otros casos, con una interrupción generada por el desarrollo de una tutela 2019-252, el 24 de octubre de 2019, que ordenó suspender el proceso, aunque la tutela fue revocada el 3 de febrero de 2020, por el Tribunal Superior del Distrito de Judicial de Valledupar, pero logró afectar el proceso liquidatorio y le impuso a Saludvida la carga de atender a sus afilados desde el 11 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.
En pesos la liquidación mostró lo siguiente. En la contabilidad de Saludvida S.A. E.P.S. existe un pasivo por reconocimiento de acreencias que asciende a la suma de un billón cuatrocientos noventa y un mil quinientos ochenta y dos millones seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($1.491.582.681.449); en los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2022, el total de activos de Saludvida Entidad Promotora de Salud S.A. En Liquidacion, asciende a Cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y dos millones ochocientos veintitrés mil ciento veintisiete pesos M/cte. ($54.292.823.127), y el total, pasivos: Un billón setecientos setenta y ocho mil quinientos treinta y ocho millones ochocientos setenta y un mil sesenta y dos pesos M/cte. ($1.778.538.871.062). Así el patrimonio neto negativo de Saludvida asciende a Un billón setecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y seis millones cuarenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos M/cte. ($1.724.246.047.935), generando un déficit por valor de Un billón cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y un millones diecisiete mil trescientos sesenta y dos pesos M/cte. ($1.447.381.017.362). La Resolución firmada por el agente liquidador Darro Laguado concluye escuetamente: “por el agotamiento total de sus activos, configurándose un desequilibrio económico entre los activos y los pasivos de la intervenida”.
Y es que Saludvida no se escapó de los escándalos que han rodeado a muchas EPS. Una investigación de la procuraduría cuestionó que el representante legal hiciera uso de los recursos dados a través del giro directo para pagar compromisos económicos adquiridos con la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A, y las IPS Clínica Médico Quirúrgica S.A., Clínica de Especialistas María Auxiliadora SAS, Meintegral S.A.S., Integral Solutions SD S.A.S., House Care Medical IPS S.A.S., Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S. y Medical Room Services MRS S.A.S. entidades aparentemente accionistas de la EPS, y con lo que un carrusel de los recursos concentra los ingresos en los socios mientras el resto del sistema hereda la deuda.
Mientras el país se enteraba con muy poca difusión de esta noticia, con bombos y platillos los noticieros de TV anunciaron el 1ro de mayo la entrada en operación de una nueva EPS Familiar de Colombia, resultado del Plan de Reorganización Institucional y la escisión del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre).
Si bien parecen noticias independientes, con este aval de la Superintendencia Nacional de Salud para poner en marcha la EPS Familiar de Colombia, en realidad se le da oxigeno nuevo a Comfasucre, sin embargo, hay que prender una alerta: la resolución 415-6 del 9 de febrero 2022, donde se aprobó el plan de reorganización, la Superintendencia advirtió que el Programa de Salud de Comfasucre deberá informar a toda su red prestadora de servicios y acreedores, quién será la entidad responsable del pago de los pasivos. Qué tanto cumpla Comfasucre es otra historia.
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