MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 287 AGOSTO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La decisión de comer saludable o no, hasta ahora privada y mediada solo por nuestros gustos y costumbres, con la llegada de Ley 2120 empieza a tener el sello de una política pública. Una medida no con pocos retos: implica entender la cultura de nuestras regiones, cambiar paradigmas, crear nuevos hábitos e incidir en las decisiones de compra de todos los días.
A un año de su sanción, abordamos con expertos en el tema algunos de los impactos esperados para la salud y la economía de los colombianos, destacando como su primer logro que llega para atacar un tema hasta ahora descuidado desde lo público, como es el aumento de enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes y obesidad, generadas por el consumo de alimentos procesados, altos en sodio, azúcar, grasas trans y saturadas.
En ese sentido, para el sector salud la aplicación de esta Ley resultará decisiva en la disminución de los índices de sobrepeso en niños, niñas y adolescentes. Una primera fase, según Luis Ernesto López, especialista en cirugía de obesidad y presidente de la ACOCIB, debe ser el freno de estos índices y se debe evaluar mínimo en un año. La segunda fase debería ser la disminución de la obesidad, para lo cual el periodo de observación debe ser de más de dos años.
Resultados imperiosos, cuando en el país las cifras de Acicob nos muestran anualmente más de 15 mil cirugías de obesidad, y un aumento creciente de la obesidad mórbida con personas cada vez más enfermas y físicamente más limitadas. “Hay que reconocer, que la obesidad no es una condición de vida, es una enfermedad crónica, progresiva y potencialmente mortal que puede ser prevenida desde el hogar, con adecuadas prácticas de alimentación sana. Difícilmente las medidas impositivas pueden lograr cambios en las sociedades, estos cambios son posibles con educación y disciplina”, afirma López.
Sí, la educación podría ser el camino, más allá de una campaña mediática. Pero antes hay una variable a revisar y es el alto costo de los alimentos sanos y no procesados que generan una dicotomía en la decisión de compra del consumidor, especialmente de estratos más bajos.
En un momento donde tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años, ¿cuáles serían los retos del nuevo Gobierno para que el consumidor a la hora de elegir tenga un abanico de posibilidades más saludables y no sea el bolsillo el único que decida a la hora de comer?
Según el economista y especialista en economía de la salud, Jaime Peláez no es posible que en un país tan privilegiado en tierra y tan intensivo en cultivos, un jugo que es un producto sustituto del que no debería tomarse como es la gaseosa, sea más costoso, y suceda igual con una fruta. “Se podría pensar que son efectos del desabastecimiento derivado de la crisis en Ucrania, pero esto es una situación que viene de atrás”.
Un impuesto al consumo es a todas luces necesario, según Peláez, y sería no regresivo, es decir, que no recaería directamente sobre el consumidor. El gravamen quedaría repartido entre productor, agente importador y distribuidor. Aun así, los distribuidores podrían trasladar estos aumentos a sus productos y los colombianos pagarían más por ellos.
“Cuando sabemos que el sistema de salud en Colombia hoy presenta cierres financieros negativos en aseguradoras, se necesita crecer en el gasto total en salud como proporción del PIB y en el Ingreso per cápita y para esto se requieren nuevas fuentes de financiamiento donde bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados sean gravados para desincentivar su consumo”, señala Peláez.
Con esta posición coincide el nutricionista, dietista y especialista en cultura política, Anderson Arenas, para quien un impuesto al consumo de este tipo de productos, además de sus efectos en reducir los gastos del Gobierno en salud, llevaría al sistema tributario a estar más alineado con estándares de los países de la región donde ya hay leyes similares.
Hacer un zoom a lo que comemos como base estructural de nuestra cultura, y a los hábitos forjados en casa, escuela y calle, es la invitación que nos hace esta Ley a todos los colombianos. Y será el reto principal en su aplicación, brindar al consumidor información transparente e influir en sus hábitos a partir de la educación.
En este necesario cambio de paradigmas en torno a la alimentación, la educación temprana sería el inicio para establecer hábitos saludables. Arenas enfatiza en que “el gobierno del presidente Gustavo Petro comprenderá que se requiere una política integral, en la que medidas impositivas y lo establecido en la Ley 2021, son una parte de la solución y para complementarlo se requiere un trabajo multidimensional, partiendo de la educación de niños, jóvenes y adultos para desarrollar preferencias de patrones de consumo saludable, actividad física y autocuidado”. Al respecto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha manifestado que se deben volcar los esfuerzos del sector a lograr una salud preventiva y predictiva que obtenga resultados fiscales positivos, y para ello se trabaja con los Ministerios de Hacienda, Educación y Agricultura.
En este proceso que nos confrontará con lo que comemos día a día, por fortuna la seguridad alimentaria y la educación están hoy en el centro del debate. Entre tanto, el doctor López considera que a corto plazo la Ley no conseguirá un equilibrio en el consumo de alimentos chatarra. “Es necesaria una pedagogía amplia hacia la utilización adecuada de los alimentos y en especial de las costumbres sociales de los mismos, es necesario educar a los padres de familia, a los maestros y al comercio. Primero hay que enseñar a hacer las cosas bien”.
La aplicación de esta Ley se podrá ver en:
El costo de los alimentos es un factor decisivo a la hora de comer. Pero media también el sabor y el placer de comer. De ahí la importancia de encontrar el punto medio en lo que elegimos llevarnos a la boca.
Según Arenas, “no necesariamente los alimentos saludables son más caros, las frutas de cosecha, la diversidad de verduras y hortalizas son más económicas y con un valor nutricional importante comparado con productos de paquete. Se deben de aunar esfuerzos para retirar la idea que la alimentación saludable es más costosa”.
Pero mientras esa perspectiva cambia, se esperaría que la industria local promueva la innovación y desarrollo de alimentos más saludables, cambio que ya es notorio en el país con la creciente demanda de productos de paquete más sanos. De hecho, la Ley en su Artículo 5: etiquetado frontal de advertencia, da pistas para incentivar el desarrollo de productos con menos proporción de ingredientes “no saludables” y así ubicarse por debajo del límite indicado que exige el etiquetado, al tiempo que disminuye el impuesto a pagar por cantidad de azúcar empleada que contempla el proyecto de Reforma Tributaria.
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