MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 288 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Una nueva reforma del sistema de salud es un planteamiento que día a día gana más adeptos. En las últimas dos décadas cada Gobierno ha promulgado leyes para cada crisis, y se han vislumbrado reformas. Hoy, el nuevo Gobierno ha expuesto, otro tema de debate: “la mercantilización del servicio público de salud”.
Según lo que han pronunciado los actores gubernamentales “el Estado privilegia a diversos actores del sistema, mientras que a los ciudadanos que son a quienes debe proteger, pasan a ser una cifra en la cobertura de salud y en la facturación”.
“La mercantilización es una trampa en la que están todos los agentes del sistema y si no salimos estamos lejos de avanzar en el goce del derecho, el cuidado de la población y la protección de los recursos”, afirmó el Viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alberto Martínez, durante su intervención en la charla realizada con el Colegio Médico Colombiano.
Esta trampa, en análisis del Viceministro, consiste en entregar a las EPS recursos de la UPC, tratando de garantizar su sostenibilidad financiera y ofreciéndole además incentivos como el rol de asegurador comercial. Así las cosas, mientras menos recursos de UPC usen, más posibilidades tienen de hacer intermediación financiera y obtener utilidades.
“Se busca contener el costo, haciendo compras inteligentes por parte de las EPS a las instituciones públicas y privadas, aumentando la facturación en servicios que den más utilidad y generando un racionamiento de servicios al paciente”, afirmó Martínez. De ahí que en las grandes ciudades se vengan cerrando servicios que son necesarios, pero no son rentables, como los maternos infantiles, de salud mental y medicina interna, mientras aumentan los de UCI y de ayudas diagnósticas.
En cuanto a la identificación de las barreras de acceso que existen dentro del sistema, Martínez sostiene que: “hay una contribución favorable para los que no clasifican al régimen subsidiado y que no son pobres. “En esta teoría competitiva de juegos lo que gane una parte lo pierde la otra o viceversa.
El Gobierno, por su parte y a partir de la Ley Estatutaria 1751, ha definido instrumentos de política pública para la contención de costos y la sostenibilidad financiera, pública y privada.
Entre ellos está el control de precios de la tecnología y los medicamentos; el control en calidad y precio para el ingreso de nuevas tecnologías y obtención de su registro sanitario; los presupuestos máximos para dar atención con tecnologías fuera del plan de beneficios, y la judicialización del derecho para presionar al Sistema.
Paralelamente, a las EPS se les ha venido dando oportunidades de mejora. En 2014 se firmó el Decreto 02 de diciembre que les otorgaba otros siete años para mejorar su balance financiero. Al finalizar 2021, muchas no cumplieron aduciendo falta de flujo de recursos y daño patrimonial.
Entretanto, los hospitales públicos se debaten entre cumplir su misión o sostenerse financieramente. A diciembre de 2021 reclamaban a las EPS una cartera de $9.8 billones, mientras que las EPS en liquidación Medimas y Cafesalud, Coomeva, Caprecom les adeudan $2,7 billones. Medimas deja la deuda más grande, $828 mil millones.
La OMS viene planteando la necesidad de tener servicios integrados de salud centrados en las personas, a partir de la identificación de las necesidades de cada familia y entorno; para ello se necesita interactuar con los sectores del desarrollo social y económico del territorio.
Este escenario integra además la creación de sistemas de información adecuados que conozcan la historia clínica de cada integrante de la familia; generar recursos destinados a metas sanitarias en cada territorio y articular la participación de la sociedad civil para hacer control a los prestadores de servicios.
Con la Mesa Antioquia se viene trabajado en poner al ser humano como centro del Sistema de Salud y esto implicaría, según el Viceministro, más cambios: “Acabar con la segmentación de la población según su capacidad de pago; recuperar la rectoría de la autoridad sanitaria a nivel territorial; desarrollar un concepto de aseguramiento en salud no individual; pasar de la competencia a la cooperación entre los agentes del sistema, y lograr que la financiación de servicios en hospitales no dependa de la venta de servicios de salud”.
Asimismo, hacer la planificación de servicios basados en las necesidades de la población en cada territorio, y no en la rentabilidad de los agentes, y reformar la Ley 715 para mejorar la capacidad a nivel territorial.
Otro punto que plantea Martínez “es desarrollar una política integral del talento humano en salud, porque quienes nos ayudan a sanar necesitan estabilidad, buena remuneración, acceso a capacitación y estímulos para quedarse en las áreas rurales, en especial las más apartadas, donde nuestros campesinos se encuentran con todas las dificultades para acceder a la atención”.
El diálogo social con médicos, agremiaciones, pacientes, es el paso siguiente que plantea Martínez para ajustar esta propuesta. Entretanto, la Asociación Colombiana de Hospitales Y Clínicas - ACHC, propone re-valorar el recurso humano, “propender por mejores condiciones laborales, el establecimiento de modelos alternativos de contratación y tecnologías innovadoras ancladas a modelos de talento costo efectivos de última generación, así como nuevas políticas de bienestar, de reconocimientos e incentivos. Adicionalmente adoptar tecnologías avanzadas que aceleren la toma de decisiones y eliminen la rutina de las labores administrativas para centrar su trabajo en el servicio esencial de atención, y el desarrollo de entorno de prácticas favorables”, expone la asociación a través de la “RUTA LÓGICA HACIA UNA SALUD PROGRESIVA1”.
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