Salud en el campo colombiano, entre lo que se ejecutó y lo que está pendiente

Mucho se ha debatido sobre las necesidades focales que notablemente hay dentro del sistema de salud en Colombia. Sin embargo, y a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos por fortalecerlas, aún sigue siendo amplía la brecha para generar un acceso eficiente y oportuno en las zonas rurales del país.

Durante el Plan de Nacional de Desarrollo del pasado Gobierno (2018 - 2022) se exponía como una estrategia clave la operatividad de modelos especiales de atención desde lo local, con enfoque integral para el paciente y diferencial para las zonas rurales con población dispersa. Además de querer introducir más reformas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tal y como es el marco de subsidios a la oferta y modelos especiales de salud en el campo.

Asimismo, se expuso la necesidad de implementar la estrategia Colombia Rural Vital en cuatro departamentos con 14 municipios y afianzar la telesalud y la telemedicina para estas poblaciones. Cabe resaltar que, hasta principios del 2022, el 20 % de las sedes de prestadores públicos estaban ubicadas en municipios que hacían parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y 38 % en zonas del Plan Nacional de Salud Rural. Hasta ese momento se evidencia mayor participación del sector privado, con 89,8 % de las sedes y 88,4 % de los servicios, lo que representa solo el 4,4 % de la oferta de ese sector.

De igual forma, y ante las mencionadas necesidades por atender con la población de las zonas rurales, desde el 2020, el Ministerio de Salud adoptó mediante un proyecto de resolución lo que sería Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) y la ruta metodológica para su ejecución.

En cuanto al Plan Nacional de Salud Rural, el Ministerio de Salud del anterior Gobierno, afirmó a través de su informe de gestión que la apropiación final de fuentes, inversión y funcionamiento con vigencia hasta 2021 se había desglosado de la siguiente manera: Apropiación inicial de $11 mil millones, con los cuales se cofinanciaron 52 proyectos de Traslado Asistencial (Básico – Medicalizado), Unidades Médico Odontológicas, dotación biomédica e infraestructura en salud; correspondiente al 99.99 %. También se presentó una adición presupuestal de $345 mil millones, una apropiación final asignada de $405 mil millones, y tuvo una reducción de traslado presupuestal por $20 mil millones. Esto, entonces, presentó una apropiación final para ejecutar de $384 mil millones.

Estos recursos están destinados a hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud de las comunidades de las zonas rurales de Colombia, asegurando cobertura, acceso, oportunidad y calidad de las atenciones en salud, con un enfoque territorial, poblacional y de género.

De otro lado, en cuanto al marco regulatorio de esta implementación para fortalecer la salud en la zona rural, se asignó la Resolución 1198 del 10 de agosto de 2021, la cual tuvo un valor de $10 mil millones y tuvo como resultado el apoyo a 45 proyectos, distribuidos así: 40 en transporte asistencial (básico y medicalizado), tres en dotación biomédica y dos en infraestructura en salud. A su vez, la Resolución 1452 del 21 de septiembre de 2021, tuvo un valor de Mil millones, en la cual se apoyaron siete proyectos, seis de transporte asistencial básico y una unidad móvil odontológica.

Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral

Según el Informe de “Empalme Entre Gobiernos Nacionales” publicado en agosto de 2022 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “durante la vigencia 2021 se adelantó el proceso de elaboración y publicación del proyecto de resolución para su adopción formal. Si bien, el Plan no está adoptado formalmente, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza y la desigualdad, se ha venido desarrollando acciones en el marco de las estrategias definidas para tal fin, obteniendo los siguientes resultados como: “El fortalecimiento de la oferta de servicios de salud en el campo colombiano, el cual se ha enfocado en la construcción y el mejoramiento de la infraestructura, la dotación de equipos, la adopción de nuevas tecnologías y la disponibilidad y permanencia de talento humano en salud en las zonas rurales y rurales dispersas, buscando atender al mayor número de usuarios en cada región”.

El DNP, aseguró que “se asistieron técnicamente 53 proyectos de infraestructura, dotación hospitalaria y transporte medicalizado presentados por parte de las Entidades Territoriales, departamentales y distritales, ubicados en los municipios rurales y rurales dispersos, a fin de ser objeto de cofinanciación por parte de este Ministerio. Durante la vigencia 2021 se realizaron transferencias por $106 mil millones para la cofinanciación de 52 proyectos de infraestructura, dotación hospitalaria y transporte medicalizado en 42 municipios del PNSR”.

De estos recursos, $ 7 mil millones fueron transferidos para la cofinanciación de 37 proyectos de infraestructura, dotación hospitalaria y transporte medicalizado en 29 municipios PDET. Adicionalmente, a través de la Resolución 568 de 2022 se asignaron mil millones, a 24 propuestas para financiar los esquemas de salud de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el despliegue de vehículos de transporte asistencial básico, 34 proyectos de los 137 proyectos que fueron financiados o cofinanciados, entre 2018 y 2021, y que se encontraban en ejecución en municipios priorizados por el PNSR, fueron terminados de ejecutar en un 100 % en la vigencia 2021.

De acuerdo con lo reportado en el REPS, a abril 30 de 2022 se encuentra habilitadas el 36 % IPS públicas con servicios de telemedicina habilitadas ubicados en municipios del PNSR, a través de los procesos de Servicio Social Obligatorio se designaron 850 plazas distribuidas así: 87 de Bacteriología, 153 de Enfermería, 500 de Medicina y 110 de odontología.

La entidad también afirmó que: “se adelantó la formulación de los lineamientos de la incorporación del enfoque intercultural en la formación del talento humano en salud, y se concertó el diseño curricular del programa de formación continua, denominado: “Desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento natural o contacto inicial, como compromiso del PND 2018 – 2022”, con la subcomisión de salud de los pueblos indígenas”.

Temas técnicos que requieren atención prioritaria por parte de la nueva administración

Según ha afirmado la Organización Así Vamos en Salud, “la salud rural necesita ocupar un lugar prioritario en el debate público y ser uno de los ejes centrales en la construcción de las políticas para los próximos gobiernos. No basta con llevar servicios de salud a lugares apartados; para avanzar en la superación de las inequidades debemos atender los factores sociales que determinan la salud en la ruralidad. Lo anterior requiere de la articulación de las diferentes instituciones junto a la comunidad, para que los modelos propuestos respondan a las necesidades, condiciones y capacidades de cada territorio”.

También, la misma organización expresó que: “Uno de los grandes retos en el ámbito de salud mental en el área rural es asegurar el acceso a los servicios de salud mental, en tanto que, barreras estructurales como localización geográfica lejana o los costos para el transporte son, entre otros, algunos limitantes para el acceso real en salud. Así mismo, lo son las rutas de atención poco claras y desarticuladas con la atención primaria, la limitación de camas hospitalarias, los horarios de atención y la falta de personal adecuadamente capacitado en salud mental”.

“En el área rural hay una diferencia significativa entre la percepción de algún tipo de síntoma y la búsqueda de apoyo o ayuda, poniendo de presente importantes barreras actitudinales que son los mayores limitantes al acceso efectivo y llamando la atención a la necesidad de acciones promocionales y preventivas en salud mental para esta población con modelos comunitarios que impacten las necesidades particulares de ella”, exponen en su comunicado “La Salud Mental y la ruralidad en Colombia”.

De otro lado, los investigadores Natalia Polanco, Natalia Cediel, Efraín Benavides y Efraín Benavides de la Universidad de La Salle de Bogotá afirman que “las principales barreras de acceso a la salud de la población rural obedecen a una falta de oferta en los servicios de salud, sumada a una menor disponibilidad de talento humano e infraestructura en salud. Mientras que la densidad de profesionales de la salud es de 102, por cada 10.000 habitantes en cabeceras municipales, en zonas rurales es de 40,8 % y en áreas rurales dispersas desciende a 28,1 % profesionales”.

Frente a ello, argumentan en su investigación “Covid-19 como sindemia en la ruralidad colombiana: brechas y desigualdades” que las regiones rurales tienden a tener mayor vulnerabilidad con relación a las áreas urbanas. Además, como lo señalan los autores, “carecen de acceso a la atención médica de calidad; tendrán una mayor dependencia de la telemedicina; tienden a tener mayor población con personas mayores y con compromisos de salud; enfrentan serias barreras para inscribirse en ensayos clínicos, y tienen un acceso mucho más limitado, por ejemplo, a las pruebas de Covid-19”.

Todo el panorama expuesto permite deducir que las amplias brechas entre lo urbano y lo rural también atraviesan disparidades en la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. Si bien es cierto que el país ha alcanzado “un alto grado de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) existen territorios con un rezago importante relacionado con un alto grado de ruralidad y dispersión poblacional; con mayores índices de necesidades insatisfechas, y, en algunas ocasiones, con alto grado de incidencia del conflicto armado.