MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 288 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com icono facebook icono twitter icono twitter

Aportes de la academia a la salud

Por: Andrea Ochoa Restrepo
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En 2021, los rectores de siete universidades colombianas, entre ellas la Universidad de Antioquia, se pronunciaron públicamente reconociendo el movimiento social en curso como expresión de las necesidades e invitando a fortalecer un diálogo amplio e inclusivo con la comunidad académica para buscar convergencias y soluciones a la crisis. Esto dio paso a espacios que abordaran los grandes problemas del sistema de salud.

Es entonces, que la universidad planteó que frente al derecho fundamental a la salud y su relación con el sistema de salud enfatiza que: “Esto no implica que el sistema de salud sea el responsable principal de la garantía de todo el conjunto de derechos, pero sí le cabe la responsabilidad de reconocer la complejidad involucrada en la salud y de liderar el manejo de las evidencias para que estos otros, con su conocimiento y recursos, contribuyan a la construcción de salud desde esta perspectiva amplia vinculada con el bienestar y el buen vivir. Lo anterior exige reconocer que la planificación de la salud de las poblaciones es parte de la planificación social y del desarrollo de país”.

De otro lado, se habla de las problemáticas del Sistema General de Seguridad Social en Salud “El SGSSS, creado con la Ley 100 de 1993, ha sido modificado por un gran número de normas que aún después de la Ley Estatutaria de 2015 (Ley 1751 de 2015) lo fueron ajustando sin transformarlo de fondo ni solucionar sus problemas estructurales. Si bien algunos actores sostienen que lo que se requiere son ajustes al modelo actual, es evidente la necesidad de crear un nuevo sistema que recoja los avances y aprendizajes, supere sus problemas y contribuya a subsanar las inequidades y al bienestar de la población” afirmó el grupo coordinado por Yuly Andrea Marín Ospina, docente de la Facultad de Medicina.

Frente a ello, se propuso a través del documento “Aportes UDEA al diálogo Nacional” la necesidad de un nuevo sistema de salud pública, único, público, basado en la Atención Primaria de Salud, centrado en el cuidado de la vida y con enfoque territorial, que se oriente, al menos, por los siguientes principios: Universalidad: todos los habitantes del país tienen derecho a la salud en términos y condiciones igualitarias y sin discriminación. Equidad: entendido como la distribución justa de recursos, oportunidades, bienes y servicios, a partir de la consideración diferencial de las necesidades y capacidades de las personas; la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables en salud.

También se habla de aspectos claves como la solidaridad: expresado en la contribución relativa a la capacidad de pago para el financiamiento de los servicios para todos y en las relaciones de cooperación entre actores y sectores, el enfoque territorial: reconoce la diversidad territorio-poblacional del país desde sus aspectos cosmogónicos, ontológicos y culturales en las concepciones del proceso salud-enfermedad-cuidado y, desde allí, determina las acciones sanitarias en los planos individual y colectivo que supera la división político-administrativa del país y que pone, en el centro, el cuidado de la vida toda y la armonía con el territorio.

En cuanto a la atención integral, continua y de calidad, se propone que deberá incluir acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas, así como el cuidado de la salud y la vida, en todas las etapas del curso de vida; dirigida a las personas, las familias y la comunidad; con continuidad y demás atributos de la calidad en salud y en relación estrecha con otros sectores.

Yuly Andrea Marín Ospina, argumentó que: “Cuando hablamos del derecho a la salud, no solo hablamos del sistema de salud, también hacemos referencia a la educación, alimentación, vivienda, paz, entre otros derechos. Por lo que, una de las primeras conclusiones es que las recomendaciones de las otras mesas son esenciales para garantizar el derecho a la salud”.

Financiación del sistema de salud

La academia expone que se deben explorar fuentes adicionales, algunas de ellas controversiales, tales como: la imposición con destino específico a actividades económicas que representen riesgos mayores para la salud, la naturaleza y los recursos naturales, así como impuestos al consumo de bienes y servicios suntuosos.

En la administración, “en respaldo de la descentralización del sistema y del enfoque territorial, los recursos tendrán administración pública y serán manejados en fondos territoriales en la nación, en los departamentos, distritos y municipios, con el diseño de fuertes mecanismos de vigilancia y control en los que un elemento fundamental será la participación social”.

Además, se expone la necesidad de fortalecer la capacitación, asesoramiento y supervisión para la conformación y administración de los recursos de los fondos de salud. “El principio rector de la asignación de los recursos será el subsidio a la oferta. Este se constituye en el mecanismo que garantiza que los recursos se apliquen en los servicios a los individuos y a la población, que estén disponibles en todo momento y en todo lugar, y en una estrategia de protección del patrimonio público a cargo del sistema” se argumenta en el documento que aborda los diferentes aportes con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Prestación de servicios

Varios de los académicos expresan que la prestación de servicios de salud, como servicio de carácter público, será ofertada por instituciones públicas, privadas o de carácter mixto, sin ánimo de lucro, organizadas en redes integradas de servicios de salud que sean coordinadas por las entidades territoriales.

De otro lado, la Universidad Nacional de Colombia argumentó la necesidad que hay de reforzar el talento humano: “La idea es fortalecer el talento humano en temas de derecho en salud y la Ley 1751 de 2015 (Estatutaria de Salud), la cual contempla la salud como un derecho autónomo al que se debe garantizar su prestación y regular sus mecanismos de protección”.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina – ASCOFAME, planteó “la necesidad de atender necesidades en la formación del médico general, para que tenga integralidad y capacidad resolutiva”.

La entidad, enfatizó también, en que “hay que atender la problemática de aumento de oferta de programas formativos en el país, y garantizar el desarrollo profesional permanente de médicos y médicas”.


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