Salud Pública: nuevos retos, propuestas y oportunidades

Dos grandes retos en salud pública marcaron la gestión del Gobierno en el cuatrienio pasado: la pandemia del Covid-19 y las acciones para apoyar el postconflicto en el campo colombiano.

En el primero vimos como el Sistema de Salud de ese momento actúo con lo que tenía y dio a luz una campaña de vacunación sin precedentes en el país. En el segundo, una tímida gestión se enfocó en brindar cobertura en seguridad social a las víctimas y personas en proceso de reincorporación, y mejorar infraestructura hospitalaria.

Hoy, con miras a establecer en nuevo Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, un balance de lo sucedido revela que: “a pesar de los esfuerzos realizados, desde una perspectiva de salud pública, nos rajamos como país”. Lo afirma José Pablo Escobar, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y agrega: “esto tiene una responsabilidad directa que recae en el Gobierno que acaba de culminar”.

Para Escobar, la respuesta institucional ante la pandemia se quedó corta. “No puede ser positiva, cuando gran parte de la población vivió un deterioro de sus condiciones de trabajo y de subsistencia, mientras los bancos tuvieron un periodo de grandes réditos financieros; o cuando las EPS acumularon beneficios con los recursos públicos que debían destinarse a la prevención y la atención; o cuando los prestadores de salud tuvieron que aguantar meses de retrasos en los pagos o fueron sacrificados en ausencia de condiciones de trabajo digno. La respuesta nacional privilegió la intermediación del aseguramiento comercial por encima del deber constitucional de protección y cuidado de la vida y la salud”.

De otro lado, para Escobar, en más de dos años de pandemia, “desaprovechamos la oportunidad histórica para fortalecer las capacidades sociales en el cuidado de la salud”, en una coyuntura que parecía oportuna para posicionar en la ciudadanía las nociones de salud como derecho humano la salud pública como bien común.

Frente al segundo desafío, la salud en el postconflicto, para el decano de Salud Pública, el balance es similar, “en la medida en que el Gobierno anterior no tuvo una apuesta decidida por avanzar en la etapa de postconflicto y desde las acciones de gobierno se deslegitimaron los esfuerzos de construcción de paz y se desestimaron los avances logrados por el Gobierno que les antecedió”.

Una oportunidad a 10 años

La pandemia nos aleccionó en salud pública: por primera vez en este siglo una enfermedad podía afectarnos a todos sin distinción alguna. Y para frenarla bastaba una práctica masiva de cuidado propio, lo cual podía hacer la diferencia entre estar en casa o ingresar a una UCI. Por otro lado, fue un espejo que nos obligó a vivir la cruda e inequitativa realidad del país en el acceso a la salud, el empleo, la seguridad alimentaria. Frente a ello, podríamos preguntarnos: ¿Cómo queremos vernos en 10 años?

Contamos hoy con un proyecto de resolución para adoptar el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que podría ser la oportunidad, desde una lectura de las necesidades como país, con las particularidades de sus territorios, para construir una visión de largo plazo, sólida, sostenible, que integre al sector salud, a la academia y la ciudadanía. Un plan con estrategias para afrontar sucesos súbitos como el Covid-19, y cambios a nivel epidemiológico, demográfico, social y ambiental.

Este Plan, desde el análisis realizado por la Alianza Académica Nacional, Presente y Futuro de la Salud Pública, y la Asociación Colombiana de Salud Pública, plantea varios desafíos. En primera instancia, que cada territorio avance en la definición, formulación, seguimiento y evaluación de la salud en todas las políticas, en un mediano y largo plazo.

Otro reto será redimensionar la autoridad sanitaria en los territorios y en las regiones del país para garantizar el pleno ejercicio del Estado; “un Estado que actúe con coherencia sobre los determinantes sociales en salud, que deben posicionarse como eje de las intervenciones en salud pública y vía para que el derecho fundamental a la salud en el sistema actual se haga realidad”.

En su revisión del proyecto, ambas Asociaciones sugieren que en los 100 primeros días de nuevo gobierno se revisen instrumentos, metas e indicadores para subir la escala alcanzable, teniendo en cuenta las necesidades de talento humano, recursos financieros y tecnológicos en un contexto de afectación por la pandemia de COVID-19 y de déficit fiscal creciente, y que el plan se implemente en máximo 11 meses, para lograr un periodo más amplio de ejecución.

En cuanto a la sostenibilidad financiera del Plan, consideran necesario, en otros aspectos, lograr que mínimo el 30 % de los recursos del Sistema de Salud se destinen a fortalecer los primeros niveles de atención y atender los territorios y grupos más vulnerables, según recomienda la OMS.

Para el decano de Salud Pública, “lo que necesita el nuevo Plan Decenal de Salud Pública del país es redimensionar la manera de trabajar sectorial e intersectorialmente para lograr transformaciones en los perfiles de salud de nuestras poblaciones. Toda acción dirigida a producir y promover la salud, tendrá que reconocer, comprender y actuar sobre los procesos sociales determinantes que están implicados en cada caso”.

De otro lado, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, argumenta que “es importante señalar que Colombia tiene un gasto en salud que se encuentra en niveles promedio respecto de países con similar PIB por habitante. Desde lo macro se ve bien, con unos números que permiten al país ser comparable en el ámbito internacional. Sin embargo, dentro de la doble aceptación hay que decir que existe un enorme problema en la administración de los recursos del SGSSS; un problema de cartera con la red hospitalaria, dificultades en el movimiento y administración de esos recursos, EPS que no cumplen con las condiciones patrimoniales y de permanencia exigidas por las entidades de control, lo cual ha minado la confianza entre los agentes”.

Además, la entidad enfatizó: “Para resolver dicha problemática es necesario garantizar la adecuada administración de los recursos y que estos se transmitan efectivamente para que lleguen al punto donde se necesitan, que es la operación y prestación del servicio de salud. Es indispensable una administración limpia de los recursos”.

Confianza entre ciencia y política, asignatura pendiente

En ese trabajo intersectorial, plantean como un desafío adicional la necesidad de convocar a la sociedad, para que desde sus saberes y prácticas participen en la implementación, evaluación y seguimiento del PDSP; y a la academia, para aprovechar el conocimiento generado en la toma de decisiones del sector salud.

Pero hasta ahora, y como bien nos lo explica el decano Escobar, “la política de salud del país no está fundada sobre la base de la generación de conocimiento en salud, y está a su vez, no está sustentada en las necesidades de la política sanitaria.

Más allá de reconocer que la academia y la política son dos mundos con su propia lógica que avanzan a velocidades distintas, hay un problema de confianzas, de capacidad para construir desde la pluralidad de la estrechez de miradas en los tomadores de decisiones políticas”, afirma.

Si la articulación entre investigación enfocada a la salud y la política resulta ser un paso decisivo, tender ese puente para lograrlo será uno más de los desafíos del Gobierno que inicia.

Determinantes en salud y desigualdad

Si los determinantes sociales en salud deben ser el eje de la intervención en salud pública, cómo hacer foco en lo que realmente necesitamos los colombianos.

Al respecto, Escobar subraya que el enfoque de los determinantes sociales no se trata de la acción sobre una lista de “asuntos sociales” importantes que les corresponde a otros sectores, pero que están desconectados del abordaje integral de la salud.

“Este enfoque nos invita a renovar nuestra forma de entender las causas sociales generativas de la salud-enfermedad de los grupos humanos. Si queremos cambiar los perfiles sanitarios debemos transformar nuestra comprensión sobre ello. Se trata de un desafío no solo de gestión de la política, sino también un desafío paradigmático, en la forma cómo entendemos la salud, para poder renovar el repertorio de nuestras prácticas sociales”.

Para Nancy Cañón, Directora de la Asociación de Empresas Sociales del Estado del Noriente e integrante de la Junta directiva ACESI, es importante volver a tener las promotoras de salud en los municipios, especialmente en aquellos de quinta y sexta categoría, ya que esto afianza los procesos de prevención y promoción. Además, resaltó: “Hay que fortalecer los equipos básicos para que los usuarios tengan acceso a la salud dentro del municipio de residencia, independientemente que tenga o no contrato. Esto es lo que nos esta afectando, la atención se esta centrando en las cabeceras municipales y el usuario de las zonas rurales tiene que hacer un desplazamiento para poder recibir una atención”.

Salud pública 2019-2022

Según el informe de empalme con el nuevo gobierno, presentado por el MSPS, en el cuatrienio pasado las principales estrategias de salud pública en el país fueron:

• Con la aparición de la pandemia COVID-19, el MSPS emprendió un ambicioso plan de vacunación con 84 millones de dosis aplicadas. A 30 de junio de 2022, 546 municipios cumplían con el indicador del 70 %.
• Se amplía la estrategia de telemedicina. A junio de 2022, el 8,64 % de las sedes de los prestadores públicos cuentan con servicios de salud habilitados en esta modalidad, superando la meta del cuatrienio (7,34 %).
• En cuanto a las metas del MSPS en el Plan Nacional de desarrollo, a junio de 2022 se registran 12 metas enfocadas en Población NARP (Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera) con 58,33 % de avance; cuatro metas en atención integral a la primera infancia con un 80,06 % y 12 metas en equidad para la mujer con 53,49 %.
• En el postconflicto, el MSPS se enfocó en el mejoramiento de la infraestructura, dotación hospitalaria y transporte medicalizado, con transferencias por $106 mil millones, para cofinanciar 52 proyectos en 42 municipios del Plan Nacional de Salud Rural. De estos recursos, $7 mil millones fueron transferidos a 37 proyectos en 29 municipios PDET.
• Se asignaron $1.700 millones a 24 propuestas para financiar esquemas de salud similares en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR.
• Se transfirieron $2 mil millones a 14 IPS, provenientes del Convenio de financiación T0644 entre Colombia y la Unión Europea, para fortalecer la atención a personas con discapacidad en proceso de reincorporación.
• Fueron afiliados al SGSSS 12.864 hombres y mujeres en proceso de reincorporación, de los cuales el 78,3 % se encuentran en el subsidiado y el restante 2.787 en el contributivo.
• En torno a las víctimas, la cobertura de afiliación llegó al 94,5 %, es decir, 7.349.591 colombianos. Se brindó atención psicosocial a 74.506 víctimas.

Salud para la paz, en la ruralidad

• El proyecto Salud para la Paz fue puesto en marcha en 26 municipios donde están ubicados los ETCR, en el pasado Gobierno. Entre sus resultados se anotan:
• En 69 jornadas extramurales se atendieron 9.256 personas (4.178 mujeres, 1.416 hombres, 2.013 niñas y 1.649 niños), con medicina general, ginecología, pediatría, así como actividades de promoción y prevención.
• Niños de 1 a 2 años recibieron desparasitantes, 5.449 niños de 6 a 23 meses con micronutrientes, y 237 menores de 5 años con desnutrición aguda, moderada y severa, recibieron fórmula lista para el consumo.
• Fueron capacitados 524 funcionarios en salud materna, anticoncepción, violencia sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otros 108 profesionales en AIEPI clínico, atención integral a la desnutrición, ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Escala Abreviada del Desarrollo.
• Se conformaron 31 redes comunitarias en salud, con 524 líderes capacitados en promoción de salud y prevención de la enfermedad.
• Se entregaron 15.075 implantes subdérmicos y 9.960 dosis de píldoras de emergencia para apoyar a los hospitales de los 170 municipios PDET.