MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 288 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) publicó recientemente sus propuestas de reforma al sistema de salud desde la perspectiva de la salud pública, con miras a que, con el nuevo Gobierno, se logren cambios a través del conocimiento del estado real del sistema y el trabajo conjunto entre los diferentes actores.
“Es necesario avanzar hacia una reforma estructural, real, participativa y democrática, que convoque a todos los actores del sistema de salud colombiano, en consonancia estricta a las disposiciones de la Ley Estatutaria, que garantice el derecho fundamental a la salud y los determinantes sociales, propenda por eliminar las desigualdades sociales en salud y anteponga la vida y el buen vivir de los colombianos por encima de intereses particulares”, argumenta la ACSP.
En ese sentido, la discriminación es una de las mayores preocupaciones expuestas; la condición socioeconómica, la pertenencia a una etnia, la ubicación e incluso la orientación sexual son determinantes que impiden un acceso de calidad a la salud. La reforma, entonces, debe estar enfocada “hacia quienes no tengan una real cobertura de salud y una atención integral de servicios de salud a lo largo de la vida. Lo que implicaría un sistema de salud garante del derecho”, afirmó Dionne Cruz, vicepresidenta de la Asociación, para Edición Médica.
Salud mental: Con la pandemia, los problemas de salud mental se hicieron más evidentes. Solo en el 2021, El Hospital Mental de Antioquia atendió al día 153 citas, para un total anual de 55.200; ya para julio de este año, tuvo que declararse en emergencia por sobreocupación.
Exclusión: “Hay desconocimiento del abordaje inclusivo en los servicios de salud de las poblaciones vulnerables (personas con, LGBTIQ+, campesinos, afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales, indígenas, gitanos)”, declara el documento de la ACSP. Por ejemplo, apenas en mayo del 2022, la Corte Constitucional ordenó cambiar cualquier normativa que relacionara la identidad de género y la orientación sexual como un grupo de riesgo para la donación de sangre.
De igual forma, es de conocimiento que, en múltiples comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, los saberes ancestrales son utilizados en los servicios de salud; prácticas que se llevan a cabo por tradición y porque dichas poblaciones no cuentan con mayor personal de salud. El problema reside en la discriminación que dichos saberes ancestrales reciben. Es el caso de las parteras, quienes denunciaron que durante la pandemia por COVID-19 no fueron catalogadas como talento humano en salud, a pesar de haber atendido pacientes contagiados, tampoco fueron priorizadas en el plan de vacunación ni beneficiarias del reconocimiento económico temporal, y no recibieron los elementos de protección personal.
Población migrante: Según Migración Colombia, a corte del 31 de enero del 2021, 1´742.927 venezolanos, el 50 % mujeres, se encuentran viviendo en territorio colombiano, lo que implica que el sistema de salud debe de adaptarse para atender las necesidades de la población migrante.
Deudas: Otro factor para tener en cuenta es el económico, ya que el sistema público hospitalario se encuentra en una situación de crisis. Según ACESI, las deudas de las EPS alcanzan un valor por 10,5 billones de pesos. Lo que lleva a la pregunta, ¿cómo ofrecer atención de calidad sin los recursos necesarios?
Así las cosas, la Asociación Colombiana de Salud Pública afirma que: “el contexto nacional incide en una serie de desigualdades sociales en salud, que primordialmente afectan a los grupos más vulnerables, tanto en la exposición y acumulación de factores de riesgo a lo largo del curso de vida, como en el acceso a los servicios de salud, lo que repercute en el aumento en la carga tanto de enfermedades crónicas como transmisibles”.
Teniendo en cuenta el contexto anterior, la ACSP apunta sus propuestas con el fin de mejorar el acceso a los servicios de salud, a tener en cuenta los determinantes sociales, a una atención oportuna, a la creación de políticas públicas que vayan en consonancia con la información actualizada sobre la situación de salud. De esta manera, “este tema tiene que estar en la agenda pública de todas las carteras y de todas las áreas del desarrollo y planeación, porque todas ellas tienen políticas públicas que terminan impactando la salud de las comunidades”, explica Cruz.
Precisamente, como respuesta a las problemáticas expuestas, algunas de las principales propuestas son:
Implementación de políticas públicas para intervenir los determinantes sociales y así disminuir el índice de las enfermedades prevenibles. Por ejemplo, la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas para promover una mejor alimentación. De hecho, en el último mes ha sido fuertemente debatida la reforma tributaria propuesta por el nuevo Gobierno, al incluir un impuesto del 10 % sobre el valor de los alimentos ultraprocesados (con alto contenido en azúcares añadidos o edulcorantes).
Mejoramiento de las áreas deterioradas durante la pandemia, como “prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de los pacientes con diferentes patologías”, menciona el documento de la ACSP.
Creación de un Sistema Único de Información, para conocer las condiciones reales del sistema, accesibles en tiempo real, de manera que se consoliden las diferentes fuentes de datos y su procesamiento.
Inversión en los programas de salud pública, con enfoque en las necesidades de la población y la Atención Primaria.
Eliminación de la intermediación financiera, un elemento que, recordemos, fue una de las propuestas más resonadas en salud de los candidatos presidenciales antes de las elecciones, con el fin de evitar la corrupción. “Recomendamos que el Estado actúe como garante del derecho y sea realmente quien maneje el modelo de salud, que tiene que garantizar la llegada de recursos a los prestadores de manera directa y no tiene por qué haber figuras de intermediación que dilaten la llegada de esos recursos públicos”, manifiesta Cruz.
De otro lado, un concepto propuesto por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) desde hace varios años ha sido la creación de una Caja o fondo único de la Salud. Hoy es una realidad, a través de la administradora de recursos del sistema de salud -ADRES-. “Esta entidad que progresivamente ha mejorado su capacidad de gestión, consideramos debe ser repotenciada. ADRES 2.0, como un acumulador de recursos, riesgos y urna maestra de la información. Las funciones más importantes serán: Preservar los recursos que sustentan al sistema de salud, movilizar directamente los pagos a los que efectivamente presten el servicio, producir reportes de situación de gasto y suficiencia. Es de aclarar que esta entidad no hará labores de revisión de cuentas individual, pero podrá hacer aleatoriamente supra-auditoria, con el fin de controlar y vigilar que dicha función en cabeza de las administradoras se ejecute de forma transparente”.
La asociación recalcó: “Esta entidad será el factor clave para disminuir los costos de transacción, eliminar los costos de intermediación, acelerar el movimiento de los recursos y eliminar corrupción”.
Entre otras propuestas, como la descentralización de la Superintendencia Nacional de Salud, el establecimiento de sistemas de vigilancia comunitaria, la eliminación de prácticas discriminatorias en el tratamiento de ciertos grupos poblacionales y la humanización de los servicios. Será, entonces, deber del Estado y de todos los actores involucrados en el sistema trabajar para garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.
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