MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com icono facebook icono twitter icono twitter

Nuestro equipo lamenta la partida de Juan Carlos Arboleda Zapata, quien por más de 20 años escribió a través de su pluma las más profundas historias de la salud. A través de su templanza lideró el editorial y nos regaló toda la experiencia para formar los nuevos periodistas. Gracias por escribir una vida entera historias por la vida.

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Descentralización territorial y cartera: ¿Capacidad de gestión?

La descentralización en Colombia ha tenido un proceso de avance en los distintos sectores y en las diferentes instituciones. En el sector de la salud, se inicia con la Ley 10 de 1990, consolidada posteriormente con la promulgación de la Constitución Política de Colombia y respaldada con la Ley 60 de 1993 y su Decreto reglamentario 1770, por medio del cual se establecieron los requisitos para la certificación de los municipios en salud.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, implementó la utilización de los recursos invertidos que respaldan las reservas técnicas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el fin de disminuir las carteras con los prestadores y proveedores de servicios.

Anteriormente, la descentralización aparecía como un modelo alternativo, capaz no solo de responder a las necesidades ciudadanas, sino también de hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos al eliminar los costos de transacción.

Sin embargo, debido al panorama del déficit de las finanzas públicas, se implementaron reformas que buscaron subsanar el presupuesto local y nacional. Así pues, aun cuando el esfuerzo inicial se concentró en promover la descentralización territorial, las decisiones gubernamentales de los últimos años han iniciado un proceso de recentralización, evidenciada no solo en las modificaciones a la Constitución Política de 1991, sino a través de diversas leyes.

Actualmente, la descentralización ha traído grandes desafíos que en conjunto con los retos de la cartera han propiciado la reflexión sobre la dispersión del gasto regional, y las estrictas reglas que hacen que los recursos no se ejecuten en su totalidad. Adicionalmente, el financiamiento del déficit nacional con la no ejecución de recursos territoriales, es otro efecto agravante. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que incrementar la participación del Sistema General de Participación (SGP) en Propósito General de 11,6 % a 23,2 %, aumentaría en más de 20 % los ingresos de los más pobres.


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