MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 315 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
De acuerdo con los estados financieros reportados por la Superintendencia Nacional de Salud al 30 de septiembre de 2024, el aseguramiento en salud está sufriendo una profunda crisis económica. Con respecto a la gestión financiera, 25 EPS presentaron información parcial, aunque la Nueva EPS y Comfaoriente no reportaron sus datos, lo que dificultó el análisis. En conjunto, las pérdidas acumuladas durante el tercer trimestre del año 2024 alcanzan un valor de $1.9 billones, con un déficit operativo de $3.2 billones, un patrimonio negativo de $7.1 billones y pasivos totales de $23.3 billones.
A pesar de que los ingresos por compensación y liquidación mensual de afiliados han aumentado, lo hacen en un ritmo inferior al de los costos técnicos, médicos y operativos, que siguen en aumento. Los gastos operativos, que oscilan entre el 6,4 % y 6,5 % de los ingresos, dificultan la equilibración de las finanzas.
Las consideraciones para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en los años 2022 y 2023 no estuvieron alineadas con tendencias emergentes, como el aumento de demandas por servicios de salud, la presión tecnológica, el incremento de la población con Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), la transición demográfica, las tasas de inflación y los siniestros ocurridos, pero no reclamados.
“Frente a un incremento decretado del 16,2 % para 2023, el ajuste real de la UPC base debió ser del 23,1 % para compensar los desajustes de 2022 y reflejar la inflación real de 2023, en lugar del 7,5 % asumido como tendencia inflacionaria en el cálculo del ministerio. Para ajustar la UPC a su nivel adecuado en 2023, se requería un incremento adicional del 5,9 %, esto habría permitido restituir las condiciones financieras básicas de 2021, sumando una compensación transitoria por la insuficiencia de la UPC en 2022 equivalente al 7,2 % de su valor”, expone el estudio del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia.
Estudios técnicos de diversos centros de pensamiento y asociaciones gremiales coinciden en señalar un alarmante desajuste fiscal y financiero en el sistema de salud. El Centro de Estudios de ANIF, en su informe El desfinanciamiento del sector salud ronda los $10 billones, indica:
“Las estimaciones de presupuestos máximos y UPC implican una necesidad presupuestal, a precios de 2023, de $9.7 billones entre 2021 y 2023. Este déficit podría cubrir la UPC promedio de 7.8 millones de personas, equivalente a la población de Bogotá.”
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló que los datos financieros de las EPS para el primer trimestre de 2024 reflejan un consumo promedio 10 % superior al presupuestado. Vesga advirtió:
“De mantenerse esta tendencia, el sistema cerrará con un déficit anual de $10 billones, que corresponde a lo necesario para finalizar el año, no a recursos adicionales.”
Los ingresos operacionales consolidados de las EPS alcanzaron los $52.3 billones, frente a costos de producción de $52 billones. Las EPS solo tienen 0,40 centavos por cada 100 pesos gastados para cubrir gastos administrativos y financieros, lo que tiene un impacto negativo en su sostenibilidad.
Durante el cierre de septiembre de 2024, estos ingresos alcanzaron un valor de $3.4 billones, lo cual representa el 6,45 % de los ingresos operativos. A pesar de que se encuentran por debajo del límite legal del 8 % para el régimen subsidiado y el 10 % para el contributivo, representan una proporción significativa de los recursos.
Cualquier modificación al sistema debe examinar de manera rigurosa estos costes, asegurando un equilibrio adecuado entre costo y beneficio, con el fin de incrementar la eficiencia de los recursos y asegurar la sostenibilidad del sistema.
El sector tiene un endeudamiento del 144,12 %, con pasivos de $23.3 billones en lugar de activos de $16.2 billones.
Esta deuda indica una falta de liquidez que agrava la crisis financiera.
Las pérdidas acumuladas en los últimos tres años demuestran la magnitud del desajuste: $2.5 billones en 2023, $2.2 billones en 2022 y $510.529 millones en 2021. La afectación patrimonial asciende a $5.2 billones en septiembre de 2024, mientras que las inversiones en reservas técnicas suman $5.5 billones, lo que representa un aumento respecto a trimestres anteriores.
También es imprescindible establecer un pacto por la sostenibilidad, que contemple la destinación de recursos mediante convenios de desempeño con la red pública. Estas medidas son importantes para evitar la crisis financiera, estabilizar el sistema y recuperarse. La intervención no solo es necesaria, sino urgente y obligatoria.
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