La Superintendencia Nacional de Salud anunció su rechazo a la solicitud de EPS Sura para implementar un “Programa de Desmonte Progresivo”. Esta decisión se dio a pesar de que la entidad cumplió con los requisitos y la documentación exigidos por el Decreto 780 de 2016, que regula estos procesos.

Vale recordar que el 28 de mayo, EPS Sura manifestó su intención de retirarse voluntariamente, señalando la insuficiencia financiera. Asimismo, propuso un plan de transición ordenado de sus afiliados y el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y prestadores de salud. En ese momento, Juana Francisco Llanos, presidenta de Suramericana, expresó: “Esta fue la decisión más difícil en la historia de la compañía”.

Con relación a lo anterior, cabe señalar que entre 2022 y 2023, la aseguradora reportó pérdidas netas por más de 360 mil millones de pesos y proyectó pérdidas cercanas a los 500 mil millones de pesos para el 2024. Asimismo, no cumplía con el criterio de patrimonio adecuado, lo que condujo a la compañía a anticipar un eventual colapso similar al ocurrido con otras entidades.

¿Cuál fue la respuesta de la Supersalud?

Después de evaluar cómo afectaría el retiro de EPS Sura, la Supersalud negó la solicitud y propuso soluciones conjuntas. Adicionalmente, se definió un cronograma de compromisos para fortalecer la prestación de servicios de salud y garantizar la sostenibilidad operativa de la EPS.

Por otro lado, la Supersalud aseguró que “vigilará estrictamente el cumplimiento de estos acuerdos, priorizando un acceso digno y oportuno a los servicios de salud para los afiliados”.

Asimismo, el órgano de control enfatizó que “la aseguradora deberá reforzar su red de atención médica y especializada para garantizar calidad y continuidad en la prestación de servicios”.

Esta decisión llega en un momento crítico para la percepción ciudadana sobre el sistema de salud. Según una encuesta reciente de Invamer, el 72 % de los consultados considera que la calidad y la cobertura del sistema han empeorado durante el actual gobierno de Gustavo Petro. Además, los indicadores sobre mejoras en la atención han registrado una caída constante: en febrero, el 29 % de los encuestados veía avances, cifra que se redujo al 20 % e n junio.

Sura argumentó frente a la decisión: “Por solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud, acordamos trabajar en la búsqueda de alternativas en pro de los afiliados y del sistema de salud en aras de encontrar soluciones técnicas para la coyuntura actual, evaluando mecanismos que permitan que los recursos (PBS y no PBS) sean más eficientes y fluyan mejor a las EPS, basados en indicadores de desempeño de estas”.

A lo que agregó: “La salud es el patrimonio vital y colectivo de los colombianos, por eso hacemos un llamado al Gobierno nacional sobre la importancia de contar con una UPC y Presupuestos Máximos suficientes para el 2025, que reconozcan la realidad del consumo en salud del país”.

Finalmente, la entidad dijo: “Analizaremos en detalle el contenido de la resolución para dar continuidad a los trámites a que haya lugar según el debido proceso”.