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Aumento de copagos 2025, lo que debe saber el usuario

Autor
Por: Yenny Escobar Álvarez
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Para este inicio de 2025, es frecuente escuchar los aumentos dados por el cambio de año. En el caso del sector salud, después de conocerse el incremento de la UPC, se supo cuánto deberán pagar los usuarios en copagos y las cuotas moderadoras.

El Ministerio de Salud publicó la Circular Externa 23 de 2024 en la que explicaba los ajustes de los valores tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Por lo tanto, incrementó en un 5,49 % la Unidad de Valor Básico (UVB): pasó de $10.951 a $11.552. En el caso del régimen subsidiado, aunque no hay cuotas moderadoras, los copagos sí tuvieron un aumento del máximo 10 %, es decir, de $588.848 a $621.164, por evento, mientras que en el año subirá a $1.242.329.

Por el lado del contributivo, las cuotas moderadoras se dividen dependiendo del rango de ingresos en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Menor a dos SMLMV: de $4.500 a $4.700. Entre dos y cinco SMLMV: de $18.200 a $19.200 y mayor a cinco SMLMV: de $47.700 a $50.300.

Marco normativo

La Ley 100 de 1993 en los artículos 160 y 187 estableció como deber de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cotizantes y beneficiarios del régimen contributivo y subsidiado, pagar cuando les correspondan las cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar, definidos como cuotas moderadoras, copagos y contribuciones, de acuerdo con el régimen de aplicación.

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud por el Acuerdo 30 de 1996, luego derogado por el Acuerdo 260 de 2004, definió el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras e indicó su naturaleza y las condiciones para su aplicación, estableciendo su valor expresado en porcentaje de salarios mínimos legales diarios vigentes sobre el ingreso base de cotización de los afiliados cotizantes (régimen contributivo) y en un porcentaje de la tarifa en pesos pactada entre las Instituciones Prestadoras de Salud y las entonces denominadas administradoras del régimen subsidiado.

Años más tarde, por medio del Decreto 1652 de 2022, el Gobierno nacional adicionó el Título 4 a la parte 10 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en lo relativo a la determinación del régimen aplicable al cobro de pagos compartidos o copagos y cuotas moderadoras a los afiliados y derogó el Acuerdo 260 de 2004 del CNSSS, salvo sus artículos 8, 9, 10 y 11, que tratan de actividades sobre las que se aplican, las cuotas moderadoras; forma de aplicación de los copagos del régimen contributivo sobre el ingreso base de cotización de los afiliados; tope de copagos por afiliado beneficiario en el contributivo y contribuciones de los afiliados dentro del régimen subsidiado, respectivamente.

Copagos, cuotas moderadoras y UPC, una relación directa

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el pilar financiero del sistema de salud colombiano, ya que determina el monto que las EPS reciben por cada afiliado para cubrir los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS). En este contexto, los copagos y las cuotas moderadoras son aportes adicionales que realizan los usuarios para ciertos servicios o medicamentos.

Cuando los copagos son altos, los usuarios pueden enfrentar barreras económicas para acceder a servicios esenciales, lo que lleva a la postergación de tratamientos y al deterioro de la salud. Por otro lado, una UPC baja implica que los recursos asignados a las EPS son insuficientes para cubrir las necesidades de los afiliados.

Por ejemplo, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), el ajuste de la UPC resulta insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54 %.

“Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70 % de sus presupuestos operativos”, indicaron.

Según el gremio, esta situación se ve agravada por el flujo irregular de recursos desde las EPS hacia las Empresas Sociales del Estado (ESE), una constante que ha comprometido la estabilidad del sistema público de salud.

“Esta falta de cumplimiento oportuno y completo en los pagos coloca en grave riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales, afectando directamente a la población más vulnerable del país”, explican.



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