MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 316 ENERO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
Coosalud EPS fue objeto de una intervención administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Resolución 2024320030015228-6 del 22 de noviembre de 2024. Según el gobierno, esto con el fin de asegurar la correcta gestión de los recursos.
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, informó que los contadores de la EPS intervenida evidenciaron nuevas deudas por $229.750 millones entre Coosalud Inversa y la EPS. Se añade esta suma a los $206.000 millones revelados por la Superintendencia, lo que equivale a los $434.000 millones de cuentas por investigar. Además, dijo Rubiano, encontraron que Coosalud EPS le prestó $10.000 millones a Inversa S.A. para comprar una casa.
Asimismo, la Superintendencia afirma que no cumple con los requisitos importantes para asegurar la salud, como proporcionar medicamentos y tener acceso a tecnología de salud. Rubiano señaló que habría tenido suficiente dinero para pagar diálisis o terapia de reemplazo renal a 30.000 personas, cirugías de mediana complejidad a 60.000 personas, tratamientos de quimioterapia para 50.000 niños y adultos, y también 5.000 pacientes con VIH.
Así mismo, desde la entidad se envió un mensaje de tranquilidad a todos los afiliados de esta EPS. “Esta decisión es para administrar, más no para liquidar; por eso enviamos un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios y afiliados de Coosalud”.
En 2001 impulsó su crecimiento mediante adquisiciones, y en 2014 y 2016 fue reconocida como la mejor EPS por el Ministerio de Salud y Protección Social. En septiembre de 2024, la EPS reportó una disminución de 16.892 afiliados en comparación con julio, principalmente en el régimen subsidiado.
Respecto a las finanzas, es importante señalar que los costos operacionales de la entidad representaron el 95,3 % de los ingresos, con un total de $4.63 billones.
“Entre lo pagado por el crédito que se siniestró, porque el fiador de los recursos era Coosalud EPS, y unos débitos entregados por el contador, la EPS, al final, tiene una deuda de $433.000 millones”.
Con relación a las denuncias, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, afirmó: “La figura de la cooperativa ha sido usada para habilitar financieramente a la cooperativa y enriquecer a algunas personas”.
Según Navarro, la cooperativa Coosalud presentó balances financieros inconsistentes y habría asumido pasivos de otras empresas del conglomerado sin notificar a las autoridades competentes.
Navarro, luego en su intervención, señaló que, al parecer, estas tres empresas han estado maquillando sus estados financieros y realizado operaciones irregulares.
A lo que añadió: “Hay una inconsistencia casi del 50 %. Por solo poner un ejemplo, en 2021, la cooperativa reportó 908 acciones en la EPS, pero en la EPS reportó 1.886 acciones”. Esta inconsistencia, a los ojos de la Supersociedad, ha producido que no se conozca con certeza la realidad financiera de la cooperativa y de la EPS.
“Tenemos una triangulación, la cooperativa, Coosalud EPS y Coosalud inversa, tres empresas y figuras jurídicas con el mismo representante con algunos movimientos que nos resultaban bastante extrañas, por eso enviamos una visita de inspección”, dijo la superintendente.
También, hay algunas inquietudes con respecto al pago de unos pasivos. “La cooperativa hace una venta de acciones a Inversa S.A a cambio de que esta le pague los pasivos a la cooperativa. La Superintendencia no conoce esta información, ni a qué se deben esos pasivos, ni por qué está asumiendo ese dinero”, aseguró Navarro y enfatizó que, en 2023, los pasivos ascendían a $304.000 millones.
Finalmente, Navarro informó acerca del posible peligro de lavado de activos en la cooperativa, y añadió que en el año 2023 se hallaron más de $3.000 millones de consignaciones sin identificar. En este momento, afirmó que el propósito de las investigaciones consiste en comprender la ubicación de los recursos públicos.
Jaime González, quien ejerció el cargo de presidente de la EPS Coosalud desde 1996 hasta noviembre de 2024, presentó una denuncia penal al superintendente de Salud y a la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, acusándolos de cometer insultos y calumnias graves.
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