Desde el último trimestre de 2024 se habló del presupuesto y déficit que afrontaría para este 2025 el sector salud en Colombia. El Decreto 1523, expedido el 18 de diciembre de 2024 sobre el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, establece que el sistema sanitario contará con $65.1 billones, una cifra mayor a los $61.2 billones recibidos en 2024.

Al panorama de lo que se espera, hay que sumarle que para inicio de este año las noticias no son muy alentadoras, pues el sector se enfrenta a un déficit de al menos $9.5 billones, afectando áreas clave como la infraestructura hospitalaria.

Es de señalar que el monto presentado por el Gobierno nacional en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025 ascendió a la suma de $511 billones, de los cuales $12 billones eran contingentes, toda vez que su materialización dependía de la aprobación del Proyecto de Ley de Financiamiento No. 300 de 2024, radicado el 10 de septiembre de 2024.

Aunque el Congreso tenía plazo hasta el 20 de octubre de 2024 para estudiar y aprobar el PGN, un mes antes, el 24 de septiembre, las comisiones económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado decidieron hundir la iniciativa. De esta manera, el Gobierno, en aplicación del artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en concordancia con el artículo 348 de la Constitución Nacional, expidió el PGN 2025 mediante decreto.

La presidencia afirmó: “Así las cosas, y tal como había advertido el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, al expedir por decreto el PGN de 2025, descontando del monto total lo correspondiente a los $12 billones de la Ley de Financiamiento, quedó en $511 billones 7.132 millones de pesos”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto: “He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos, tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución nacional”.

Dada la situación fiscal del país y la caída en el Congreso de la ley de financiamiento que buscaba más recursos para el próximo año, los $65.1 billones asignados al Ministerio de Salud para 2025 siguen sin resolver los problemas financieros de fondo. “Nos preguntan si consideramos que eso es suficiente. No. Todos necesitamos más plata. Yo considero que nos harían falta aproximadamente unos $11 billones para, muy especialmente, atender el aseguramiento (UPC) y los presupuestos máximos”, reconoció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un debate de control político de hace unos meses en el Congreso.

Frente a lo anterior, el ministerio había solicitado un aumento de mínimo el 27 % ($15.8 billones) en los recursos de funcionamiento y un 83 % ($1.6 billones) en los de inversión, proyectando un presupuesto total de $74.6 billones. Esto deja al ministerio con un déficit de por lo menos $9.5 billones, lo que posiblemente va a afectar algunos objetivos del Minsalud.

Por ejemplo, según la Comisión Accidental en el Congreso, “la ampliación de la infraestructura hospitalaria presenta un déficit de $991 mil millones. De igual manera, el proyecto de promoción de la salud y prevención de enfermedades muestra un déficit de $191 mil millones, equivalente al 12,5 %”.

Asimismo, en la Comisión Accidental, que el Congreso hizo para analizar los pedidos de presupuestos de las entidades, los congresistas estimaron que la Supersalud necesitaba ese aumento de recursos para gestionar alrededor de 2.471 casos (expedientes) relacionados con sanciones y solicitudes de investigación.

Según argumentó la Comisión, “estos casos están en riesgo de ser olvidados o no ser procesados a tiempo, ya que el personal disponible no es suficiente para completar todo el trabajo en menos de seis meses”.

Por el lado del Instituto Nacional de Salud (INS), la entidad había solicitado un presupuesto para 2025 de $192.515 millones. Sin embargo, ante las indicaciones del Ministerio de Hacienda, el INS bajó su solicitud a un presupuesto de $142.500.

Con relación a ello, el Gobierno nacional terminó por asignarle al INS un presupuesto de $110.875 millones para 2025. Esta cifra no solo es inferior a los $142.500 millones solicitados, sino que también es más baja que el presupuesto de $119.702 millones con el que el INS operó en 2024 y más baja que la que el mismo Gobierno había propuesto en su proyecto inicial, de alrededor de $123.760 millones.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) quedó con un presupuesto de $242.764 millones para 2025, una cifra inferior a los $257.665 millones que tuvo en 2024.

Para 2025, según definió la ADRES, se estableció un presupuesto de $ 502 mil millones de pesos, dividido entre $ 348 mil millones asignados al régimen contributivo y $ 153 mil millones asignados al régimen subsidiado.

En relación con lo que ocurre en este aspecto con la ADRES, este es el monto presupuestado que se determinó para cubrir los medicamentos, servicios de atención en salud y tecnologías de alto costo que están fuera del Plan de Beneficios.

Las patologías de alto costo, según explica el Ministerio de Salud, “se consideran aquellas que tienen gastos muy altos derivados de tratamientos y medicamentos debido a su grado de complejidad o especialidad. Y la baja frecuencia con que ocurren, entre las que se encuentran las distintas clases de cáncer y las enfermedades crónicas como las respiratorias, las renales, las cardíacas y la leucemia”.

“La resolución de presupuestos máximos que paga a todos los servicios que están fuera del plan de beneficios y los complementarios para los adultos mayores es una estocada a la salud de los pacientes de mayor edad”, indicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

El déficit proyectado en el aseguramiento no solo afecta la cobertura inmediata, sino que también limita los recursos disponibles para áreas como la infraestructura hospitalaria y los programas de promoción y prevención de enfermedades.