La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presentó un balance detallado de su gestión durante 2024, en medio del debate sobre el reciente aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. El incremento, fijado en 5,3 %, quedó muy por debajo del 16,9 % solicitado por expertos del sector, lo que ha generado reacciones adversas en diversos gremios.

Según el balance presentado, la ADRES manejó con “transparencia” $95 billones, destinados a garantizar los servicios y tecnologías en salud para los afiliados al sistema de salud colombiano. Estos recursos fueron distribuidos entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en todo el país. El informe detalla que, de este total, $84 billones se asignaron a la UPC, de los cuales $48 billones se giraron directamente a más de 6.000 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud.

Asimismo, la entidad enfatizó: “La cantidad de afiliados para las ocho EPS del estudio con datos de 2023 incrementó un 63 % frente a los registros de las cuatro EPS del estudio anterior de 2022, mientras que la cantidad de registros aumentó un 79 % y los valores ejecutados un 119 %. Asimismo, la severidad incrementó un 22 %, las frecuencias un 10 % y el gasto per cápita un 34 %”.

Además, agregó: “Se esperaría que las EPS, entidades que manejan por delegación del Estado cerca de $90 billones al año, presentaran cuentas detalladas, exactas y precisas al Gobierno y al país sobre los servicios prestados y los gastos incurridos”.

Sin embargo, puntualizó: “Esto nunca ha sido así, pues esta información detallada, que permite observar graves inconsistencias y francas irregularidades, ha sido manejada con gran sigilo por gobiernos anteriores. Desde 2011, la Universidad Nacional, asesorando a la Comisión de Regulación en Salud (CRES), encontró sobrefacturación por $500.000 millones en medicamentos en la información presentada por las tres EPS del grupo Saludcoop”.

Félix León Martínez, director de la ADRES, subrayó la relevancia de estos recursos: “Lo importante de este balance es que crecen los recursos del sistema de salud y crece el giro directo a las clínicas y hospitales del país, porque de los $7.1 billones mensuales que se giraron por UPC, $4.8 billones fueron para las IPS”.

Por otro lado, la entidad informó que desembolsó más de $560.000 millones para cubrir reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito causados por vehículos sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o no identificados, reafirmando su compromiso con la atención integral de los ciudadanos.

De cara al futuro, Martínez señaló: “La entidad continuará trabajando para cuidar de manera rigurosa los recursos de la salud del país y garantizar que estos se destinen efectivamente a los servicios de salud de los afiliados al sistema”.

Frente al informe, Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, argumentó: “El informe apela a la ley de los grandes números (LGN) para establecer que la variación en las tendencias expresa anormalidades en los datos entregados”.

En relación con esto, la ADRES explicó que la ley de los grandes números señala con claridad que no se pueden producir grandes cambios en múltiples observaciones realizadas en cortos periodos cuando se trabaja con grandes cifras, pues la probabilidad de variación se reduce al mínimo. Este postulado es aplicable a los fenómenos poblacionales y sociales.

“Crecimientos del número de consultas por médico general superiores al 60 % de un año a otro no resultan factibles ni creíbles. Lo mismo sucede con aumentos cercanos al 80 % en servicios radiológicos o de laboratorio, incrementos superiores al 50 % en tratamientos anuales de cáncer o aumentos en servicios domiciliarios superiores al 100 % de un año a otro. Respecto de las frecuencias, no deberían evidenciarse cambios anuales tan drásticos, ya que estas dependen del perfil epidemiológico de la población, y este no varía significativamente de un año a otro”.

El debate sobre el cálculo de la UPC continúa en los titulares de diferentes medios y ahora en el Senado. Norma Hurtado Sánchez, senadora, hizo un llamado al Ministerio de Salud y de Hacienda: “En la Comisión VII aún está citado el cierre del debate sobre el cálculo de la UPC 2025. Giovanni Hurtado y Adriana Caballero, de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas, tendrán que explicarle al país cómo realizaron ese cálculo que condena a muerte al sistema de salud y se lleva por delante a la red hospitalaria, pacientes, proveedores y trabajadores de la salud. ¡Colombia merece respuestas!”.

Por otro lado, Alejandro Gaviria, ex ministro de salud, se pronunció mostrando su desacuerdo con las declaraciones del gobierno: “Presidente, usted está confundido. La falta de transparencia de su gobierno al presentar la información, la ausencia de voceros oficiales y las campañas de desinformación de tuiteros a sueldo terminaron por confundirlo a usted mismo”.

Agregó: “El informe que enlaza no fue el utilizado para tomar la decisión sobre la UPC. Este informe de 707 páginas, que analiza la información financiera de las EPS una por una, no es el que usted citó en el trino inicial, ni el informe sobre los datos de suficiencia para calcular la UPC. Es un informe distinto presentado por el Ministerio de Salud. Existe otro informe más corto, de 41 páginas, titulado Ejercicio de contraste para apoyo en el cálculo del incremento de la UPC, presentado por la ADRES, que sí incluye algunos de los datos que usted cita. Usted habla de estafa, una interpretación que no se menciona en el reporte. Este informe tampoco ha sido presentado oficialmente. Ojalá se hiciera”.

Finalmente, puntualizó: “Las interpretaciones sobre el análisis de estas bases de datos, el cruce de variables y las tendencias son complejas. Requieren rigor, ponderación y conocimiento. Le sugiero una lectura juiciosa e informada”.

Vale resaltar que el informe de 707 páginas explicaba que, en algunas EPS, se presentaron diferencias en las cifras registradas en los estados financieros enviados por las EPS al MSPS (FTP) y conocidos como Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) y lo transmitido por estas al Sistema de Salud Nacional a través del archivo tipo FT0015. Dichas diferencias se hicieron más evidentes conforme se profundizó en el detalle a dos, cuatro y seis dígitos, siendo necesaria la solicitud de mayor detalle para identificar las cuentas que reflejan el uso de los recursos públicos del sistema de salud, específicamente la UPC.

“Algunas EPS subsanaron inconsistencias en entregas posteriores; sin embargo, las inconsistencias que persistieron deben aclararse para determinar con certeza y precisión el uso y destinación de los recursos del sistema de salud. Además, para este ejercicio, algunas EPS presentaron estados financieros expresados, aún sin validación de la Superintendencia Nacional de Salud”, se exponía en el documento.