Las recientes elecciones legislativas no fueron una cita electoral más. Para el sistema de salud colombiano pueden marcar un punto de inflexión, especialmente ante la llegada de nuevos integrantes al Congreso y la reconfiguración de su composición política. El nuevo Congreso no solo definirá mayorías gubernamentales: definirá el alcance real de la transformación del modelo de salud que se intentó en este cuatrienio y que, en caso de aprobarse, regirá durante los próximos años.

Frente a lo anterior y con relación a lo que se evidenció en el ambito legislativo, gubernamental y sectorial durante el período 2022-2026 es que la salud volvió al centro del debate político nacional.

Un cuatrienio de tensión estructural

Durante este gobierno se radicó una propuesta de reforma al sistema de salud que abrió una discusión amplia sobre posibles cambios estructurales frente al modelo vigente desde la Ley 100 de 1993. Entre los aspectos planteados estuvieron la redefinición del papel de las EPS, el giro directo de recursos, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y una mayor participación territorial en la gestión sanitaria.

Con relación a lo anterior, podemos afirmar que el debate no fue únicamente técnico; fue ideológico, fiscal e institucional. Se discutieron puntos neurálgicos:

• ¿Desaparecen o se transforman las EPS?
• ¿Quién administra el riesgo en salud?
• ¿Cómo se garantiza el flujo oportuno de recursos?
• ¿El Estado está preparado para asumir mayores funciones operativas?
• ¿Cómo se evita el colapso financiero durante la transición?

Con base a estos interrogantes, el Congreso fue el escenario de confrontación. Hubo divisiones dentro de las propias coaliciones, modificaciones sustanciales al texto original y una discusión que trascendió lo sanitario para convertirse en un debate sobre el modelo de Estado.

A este escenario se suma el papel de la Corte Constitucional de Colombia, cuyas decisiones han sido determinantes en la configuración del sistema y han fijado límites claros a cualquier intento de reforma. A través de su jurisprudencia, el alto tribunal no solo ha protegido el acceso y la cobertura, sino que ha corregido fallas estructurales, eliminado barreras administrativas y ampliado el alcance del derecho a la salud como un derecho fundamental. En la práctica, esto ha significado que las transformaciones del sistema no dependen exclusivamente de mayorías políticas, sino que deben responder a estándares constitucionales ya consolidados, particularmente en lo relacionado con la garantía efectiva, la continuidad en la atención y la responsabilidad del Estado en la sostenibilidad del modelo.

Por lo tanto, ese antecedente es clave: el próximo Congreso heredará una reforma inconclusa, pero, sobre todo, un sistema en tensión.

La crisis financiera y la discusión sobre la UPC

En este cuatrienio también se intensificó el debate sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el crecimiento del gasto en tecnologías de alto costo, las deudas acumuladas entre actores del sistema y la sostenibilidad del modelo de aseguramiento.

Las intervenciones a EPS, las alertas de hospitales públicos y privados por cartera creciente y las discusiones sobre liquidez pusieron en evidencia que el problema no es únicamente institucional, sino financiero.

¿Reforma estructural o ajustes progresivos?

En el fondo, lo que estará en juego es la definición del modelo: transformación estructural con mayor centralización estatal, modelo mixto con ajustes regulatorios y fortalecimiento de la supervisión, reformas graduales enfocadas en el flujo de recursos y el control del gasto. Cada configuración del nuevo Congreso inclinará la balanza hacia uno de estos caminos.

La experiencia reciente mostró que, sin mayorías sólidas, las reformas estructurales enfrentan enormes obstáculos. También dejó claro que cualquier cambio debe acompañarse de planeación financiera y capacidad operativa real.

A lo largo de la presente legislatura

El cuatrienio también evidenció la fragilidad territorial. Aunque hubo avances en atención primaria y en el discurso de prevención, persisten brechas entre zonas urbanas y rurales, entre regiones con infraestructura sólida y aquellas con limitada capacidad instalada.

La discusión legislativa futura no podrá ignorar:

• La reemergencia de enfermedades prevenibles.
• El impacto del cambio climático end vectores y brotes.
• La migración y la presión sobre los servicios.
• El envejecimiento poblacional.
• La crisis del talento humano en salud.

La salud pública no puede seguir subordinada al modelo curativo; por ello, es fundamental tener presente que legislar en prevención exige recursos estables y continuidad institucional.

Control político y gobernabilidad sectorial

En el último periódo legislativo el control político fue determinante. Citaciones, debates de moción, discusiones presupuestales y revisiones a intervenciones administrativas marcaron la agenda.

Vale resaltar que un Congreso fuerte puede equilibrar decisiones del Ejecutivo, exigir transparencia y corregir errores. Uno débil puede profundizar la incertidumbre regulatoria. Al final del día, la gobernabilidad del sistema depende tanto del diseño normativo como de la estabilidad política.

Más que salud: estabilidad económica

El sector salud representa uno de los mayores componentes del gasto público y mueve un ecosistema que incluye hospitales, clínicas, farmacéuticas, aseguradores, proveedores y más de un millón de trabajadores.

En este sentido, la incertidumbre regulatoria impacta la inversión, el empleo y la prestación de servicios. Por eso, lo que está en juego no es solo un debate técnico, sino la estabilidad de un sector estratégico para la economía nacional.

Lo que realmente deciden los votantes

Tras elecciones legislativas se definirá:

• Si continúa la apuesta por una reforma estructural profunda.
• Si se priorizan ajustes financieros y regulatorios.
• Si se fortalece o reconfigura el aseguramiento.
• Si se incrementa la inversión en atención primaria.
• Si habrá mayor control político y técnico sobre el sector.
• Si el debate sanitario seguirá polarizado o evolucionará hacia consensos.

Con relación a esto, no es exagerado afirmar que el congreso electo este 8 de marzo determinará si Colombia entra en una nueva etapa del sistema de salud o si opta por estabilizar y ajustar el modelo vigente.

Una decisión de largo plazo

La salud no admite improvisación. Las decisiones legislativas de hoy tendrán efectos durante años en acceso, calidad, sostenibilidad y confianza ciudadana.