La reforma a la salud del actual gobierno volvió a ser el centro de la discusión política y sectorial tras la radicación de una ponencia positiva que busca revivir el proyecto en el Congreso. El nuevo movimiento legislativo ocurre en medio de crecientes tensiones sobre la sostenibilidad financiera del sistema, el futuro de las EPS y las dificultades de acceso a servicios y medicamentos que enfrentan los miles de usuarios.

La ponencia fue presentada por el senador Alex Flórez Hernández, integrante de la comisión accidental encargada de estudiar la apelación al hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado. El documento propone que la iniciativa continúe su trámite en la Comisión Primera.

En el informe, Flórez sostiene que el archivo del proyecto se produjo sin una discusión de fondo. “La Comisión Séptima del Senado negó la reforma sin deliberación sustancial. Esto contraviene los principios de debate y publicidad, por lo que procede apelar para un nuevo estudio”, señala en el texto.

Asimismo, argumenta que la corporación “desconoció el mandato constitucional contenido en el artículo 163”, debido a que el trámite preferente solicitado por el Ejecutivo no avanzó dentro de los tiempos previstos.

Según la ponencia, aunque se realizaron siete audiencias públicas, tres mesas técnicas y se radicaron cuatro ponencias —una positiva, una negativa y dos alternativas—, el proyecto nunca fue incluido para discusión definitiva en sesiones ordinarias.

La Comisión Séptima había solicitado mayores precisiones sobre el aval fiscal y los impactos presupuestales de la iniciativa antes de avanzar en el debate. Frente a ello, el documento asegura que la reforma sí cuenta con respaldo financiero del Ministerio de Hacienda.

La reforma fue archivada el 16 de diciembre de 2025 con ocho votos a favor y cinco en contra, tras tres meses de trámite en el Senado. Previamente, la Cámara de Representantes había aprobado la iniciativa con 90 votos a favor y 28 en contra.

Las EPS piden estabilizar primero el sistema

Mientras el Gobierno insiste en reactivar una de sus principales reformas sociales, desde el sector asegurador se plantean prioridades distintas frente a la situación actual del sistema de salud.

Acemi, gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, presentó una propuesta orientada a estabilizar primero el sistema antes de impulsar nuevas reformas estructurales.

La organización advierte que el sector enfrenta una crisis financiera y operativa marcada por pacientes represados, escasez de medicamentos y deudas acumuladas entre EPS, clínicas y hospitales.

Entre las medidas planteadas se encuentra una fase inicial de “choque”, mediante un puesto de mando unificado para coordinar la atención de pacientes críticos y responder a contingencias regionales. Además, propone una estrategia denominada “punta-pirámide”, con la meta de atender en menos de 72 horas a pacientes con riesgo vital.

El documento también contempla un “equipo élite” interinstitucional para intervenir situaciones urgentes y un tablero nacional de medicamentos críticos para evitar interrupciones en tratamientos de alto riesgo.

En materia financiera, Acemi propone destinar COP $9.57 billones en 2026 para fortalecer la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y cubrir pagos atrasados de Presupuestos Máximos. El gremio estima, además, una deuda actuarial cercana a COP $34.2 billones, derivada de diferencias en el cálculo de la UPC entre 2021 y 2025.

Como nuevas fuentes de financiación, plantea aumentar los impuestos al tabaco y a los vapeadores, dirigir los impuestos saludables directamente a la ADRES e incrementar las cargas tributarias sobre las apuestas electrónicas.

En cuanto al modelo de aseguramiento, Acemi defiende la continuidad de las EPS bajo un esquema denominado “Aseguramiento solidario 2.0”, en el que el Estado compartiría parte del riesgo financiero cuando los costos médicos superen determinados límites.

El debate político continúa

Desde el oficialismo se mantiene la intención de impulsar cambios estructurales al modelo de salud. De otro lado, el senador Ferney Silva Idrobo aseguró que el Gobierno insistirá en una nueva reforma a partir del próximo periodo legislativo. “Estamos enterados de que el Gobierno espera radicar una nueva reforma a la salud el próximo 20 de julio e insistir en su necesidad”, afirmó.

Para Silva, la situación actual evidencia problemas estructurales del modelo de aseguramiento. El congresista señaló que la crisis “confirma la necesidad de eliminar intermediarios” y defendió la idea de una transformación profunda del sistema.

También aseguró que en entidades como Nueva EPS se habrían encontrado facturas que no habían sido incorporadas oportunamente en los estados financieros. Aunque reconoció que algunas intervenciones realizadas por el Gobierno “han dejado mucho que desear”, insistió en la necesidad de abrir espacios de concertación que permitan construir acuerdos sobre el futuro del sistema.

Desde otro sector político, la senadora Norma Hurtado señaló que cualquier nueva reforma deberá incluir claridad sobre la financiación y la actualización de la UPC.

La congresista advirtió, además, sobre una posible concentración de recursos en la ADRES y pidió garantías para el debate legislativo, tras cuestionar los ataques y las agresiones verbales registrados durante la discusión anterior en el Congreso.

Hurtado también alertó sobre el impacto que las dificultades actuales del sistema han tenido en pacientes de alto costo y personas con enfermedades huérfanas, e insistió en que cualquier modificación debe priorizar “el bienestar del usuario”.

Infografía Periódico El Pulso.

Más allá del Congreso

Más allá de la disputa legislativa, el debate refleja una discusión de fondo sobre el modelo de salud que tendrá el país en los próximos años: mantener un esquema basado en el aseguramiento, con ajustes financieros, o avanzar hacia una mayor centralización estatal en la administración de los recursos y la atención.

La apelación que busca revivir la reforma deberá ser discutida y votada en la plenaria del Senado una vez se reanuden las sesiones legislativas, tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Si obtiene respaldo mayoritario, el proyecto continuará su trámite en otra comisión; de lo contrario, quedará archivado de manera definitiva.

El nuevo intento por revivir la reforma coincide con un escenario de alta presión financiera y operativa sobre el sistema de salud. Mientras el Gobierno insiste en cambios estructurales, distintos sectores advierten que la prioridad inmediata sigue siendo garantizar atención oportuna, acceso a medicamentos y sostenibilidad para pacientes, hospitales y aseguradores.