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25 años de la Ley 100 ¿tiempo suficiente para el actual modelo?

Por: Redacción EL PULSO
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E n 2018 la Ley 100 que reglamenta el funcionamiento del sistema de salud colombiano llega a 25 años y son muchas las preguntas que debe concitar un aniversario que puede ser la oportunidad para hacer balances, tomar correctivos, y profundizar en los aspectos que hayan resultado positivos.

Lo primero es preguntarnos si 25 años es tiempo suficiente para que un sistema de salud se consolide y logre los resultados esperados, y acá sale la segunda reflexión ¿cuáles eran los resultados esperados?

En el año 1993 cuando se expidió la ley se hablaba que la cobertura del sistema de salud colombiano no alcanzaba a la mayoría de la población, de ahí que el aumento en los porcentajes de personas cubiertas por el aseguramiento sea mostrado como uno de los grandes logros del actual sistema. Sin embargo las verdades a medias siempre son peligrosas, porque si bien para los años 90 se habla de coberturas del 25 o 27 por ciento de la población, estas cifras hacen referencia a las personas afiliadas al entonces Instituto de los Seguros Sociales, desconociendo que el Sistema Nacional de Salud tenía otros dos componentes para la atención de las personas, siendo uno de ellos la prestación desde los hospitales públicos financiados en su oferta. Por lo tanto afirmar que el aumento en porcentajes de cobertura es un logro debe ser mirado en toda su dimensión para no sacar conclusiones alegres y apresuradas.

Lo que si debe ser visto como avance es la capacidad del actual sistema para evitar que las personas lleguen a una ruina catastrófica por atender un proceso de enfermedad, y en esto la figura del aseguramiento ha sido fundamental. Antes de la Ley 100, las atenciones de patologías de alto nivel de complejidad y alto costo estaban relegadas en su financiamiento y en gran proporción al bolsillo de los ciudadanos, hoy, para fortuna de los colombianos, y como una acción efectiva de equidad y protección, el sistema se encuentra en condiciones de cubrir dichos costos, lo que paradójicamente se ha convertido en parte en la espada de Damocles que hace temblar la sostenibilidad del sistema.

Ahora ¿Qué ha pasado con la salud de los colombianos? Acá la información es dispar, porque si bien algunos indicadores muestran reducciones ostensibles en diferentes morbi-mortalidades, en otros las cifras nos colocan al nivel de países con niveles de desarrollo muy inferiores al nuestro, con dos agravantes, la reemergencia de patologías que deberían estar superadas o por lo menos muy controladas y las disparidades entre las regiones. Es evidente que las condiciones geográficas de nuestro país dificultan la prestación de servicios en ciertas regiones, pero lo preocupante es que acá ha entrado otro factor en la ecuación: el mercado. Dentro del actual modelo y al carecer de incentivos adecuados, es casi imposible pensar que el sistema bajo la administración de las EPS logre atender de manera integral a las poblaciones que les resultan poco atractivas comercialmente y allí debe replantearse si se cambian los incentivos, si se reglamenta con mayor fortaleza y buscando eficacia en la prestación para estos territorios, o si el estado reasume allí las funciones de prestador. Esta última opción parecería la más natural, sin embargo con el debilitamiento progresivo que ha tenido la oferta pública, es difícil pensar que en el corto plazo se pueda dar esta solución.

Y a la hora de hacer balances es necesario abordar de nuevo el tema de la sostenibilidad financiera del sistema. La crisis ha tocado a cada uno de los actores, y los factores que han incidido están plenamente identificados, entonces ¿Qué hacer? No existen fórmulas mágicas, pero si se deben encontrar salidas urgentes precisamente porque si en 25 años no se ha logrado alcanzar que el sistema sea sostenible, estaríamos ante un posible indicador de su fracaso. Se ha dicho hasta el cansancio que los recursos son finitos, y si esta es una realidad, es indispensable pensar en estrategias de planificación para la salud que permitan prestar servicios de calidad que solucionen efectivamente las necesidades de la población, con equidad, en sus territorios y de manera oportuna, pero sin que se lleve al país a la ruina o que los actores sigamos sumergidos en un mar de problemas para subsistir.

25 años es tiempo suficiente para saber si vamos por el camino correcto. Y debe ser también el momento para tomar los correctivos necesarios. Esa es la tarea a emprender.


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