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salario mínimo; la pregunta es si un salario mínimo
como el de nuestro país -donde se necesita que en un
hogar trabajen 2,5 personas para adquirir la canasta familiar-,
alcanza para que una persona mayor generalmente sola, pueda
sobrevivir, y más cuando se le descuenta para la salud”.
El otro inconveniente del sistema individual, es la imposibilidad
de lograr la pensión para la mayoría de la población.
Los niveles de desempleo y la inestabilidad laboral llevan
al doctor Baena a plantear un ejemplo simple: ”Si un
colombiano labora en la formalidad en promedio 6 meses cada
año y en el año 2014 se requerirán 1.300
semanas cotizadas para solicitar la jubilación, esa
persona necesitaría haber pasado por lo menos el doble
en actividad laboral, es decir 2.600 semanas (50 años);
con una esperanza de vida en Colombia alrededor de los 65
años, se tendría que empezar a trabajar desde
la adolescencia para tener una pensión. La tendencia
es desaparecer este tipo seguridad social y que solamente
los pudientes puedan pensar hacia el futuro en tener una pensión”.
Otra reforma a pensiones en puerta
trasera del PND
En las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo
-PND- presentado por el gobierno al Congreso de la República,
se incluyó un articulado que por un lado liquidaba
el ISS y creaba una entidad para administrar el régimen
de pensiones de prima media para los fondos de Cajanal, Caprecom,
Banco de la República y el Congreso de la República,
llamada Colpensiones, y a su vez creaba otra entidad para
manejar a quienes ya tenían una pensión causada.
El tema se discutió en comisiones económicas
conjuntas de Senado y Cámara y, como relata el representante
Germán Reyes, los artículos fueron retirados
del proyecto de PND y no se discutió según acuerdo
entre todas las bancadas, por lo que no apareció el
tema en las ponencias de comisiones económicas; luego
en la plenaria de la Cámara, los artículos no
fueron aprobados pese a los esfuerzos del ministro de Hacienda,
Oscar Iván Zuluaga, y tampoco fueron discutidos; el
problema surgió cuando en la plenaria del Senado volvieron
a aparecer, se discutieron y luego de pasar por una subcomisión,
ya los únicos fondos que desaparecían eran el
ISS, Cajanal y Caprecom.
Para el representante Reyes, ”la Corte Constitucional
ha reiterado que en el caso del PND todos los artículos
deben ser discutidos y aprobados en las comisiones económicas,
y en este caso los artículos no fueron discutidos ni
aprobados en las comisiones, y fueron rechazados en la Cámara;
luego es absolutamente inconstitucional el trámite.
Adicionalmente, el texto que va para sanción presidencial,
en lo que tiene que ver con la liquidación del ISS,
es irregular desde el punto de vista jurídico, porque
el artículo no liquida el ISS sino que liquida las
pensiones del Seguro Social, y eso no lo puede hacer el PND.
Vamos a demandar ese artículo en la Corte Constitucional
”.
La sostenibilidad es la solidaridad
En opinión del actuario, doctor Iván
Restrepo Lince, el sistema de pensiones en Colombia es desastroso,
está en permanentemente reorganización y cada
una resulta peor, y el problema se remonta al origen: ”Cuando
se creó el sistema del ISS en 1946, la ley dijo en
la exposición de motivos que sería una empresa
privada al margen de afanes políticos; sin embargo,
el Estado no aportó la parte que le correspondía;
en 1985, cuando era evidente que la situación estaba
en rojo, hicieron un fraude contable, tomando como ingresos
los ajustes de lo poco que había en el Banco de la
Republica como reservas, y lo que quedó se le entregó
al IFI y al Banco Central Hipotecario, que fue tan 'bien'
manejado que al año ya estaba intervenido por Fogafín”.
Para el doctor Lince, el modelo de prima media con prestación
definida sería la mejor de las opciones, siempre y
cuando no sea manejada por el gobierno, ya que el ahorro individual
es un sistema “bastante malo” e incoherente, en
la medida que “la persona dice 'mi ahorro es individual,
no me saquen un centavo de mi cuenta, pero si no llego siquiera
a un salario mínimo, ayúdenme'. Habría
que preguntar: ¿De dónde va a salir la ayuda
si no puede salir un centavo de las cuentas?”.
Frente al argumento de lo impagable que resulta el modelo
de prima media, el doctor Lince considera que el sistema individual
está apoyado en un sistema de pólizas que son
prestación definida emitidas por compañías
de seguros, que tienen que pagar porque el Estado aplica mecanismos
para vigilar y garantizar que lo hagan; el problema es que
dichos mecanismos no se apliquen cuando se trata de su propia
aseguradora, que sería el ISS: “El gobierno se
hace el de la vista gorda y exige a unos que tengan reservas,
pero se perdona a sí mismo tener reservas para gastárselas
o distraerlas en otros asuntos”.
La sostenibilidad del modelo solidario es viable siempre y
cuando sea un pacto serio y bien observado por las partes
incluyendo al gobierno, dice el doctor Lince: “Un individuo
se compromete a ayudarle a la generación anterior a
cambio de que la generación siguiente le ayude a él;
financieramente, teniendo un modestísimo 3 o 4% de
crecimiento de la economía, un mínimo vegetal,
quiere decir que una economía 3 o 4 veces más
fuerte le aporta a generación anterior, y eso le falta
al sistema individual. La demostración es que con la
misma fórmula que se montó el Sistema de Vejez,
Invalidez y Muerte en Colombia, también se diseñó
el de Enfermedad Profesional y Accidente de Trabajo, que nunca
ha sido insolvente porque se sigue manejando con los mismos
principios esenciales; la explicación es que en Accidentes
de Trabajo, no han metido las manos”.
Frente a la propuesta de crear Colpensiones, el doctor Lince
es categórico: ”Los gobiernos son expertos en
cambiarle el nombre a una quiebra; cogen una situación
desoladora, la liquidan con tremendos gastos, crean otra exactamente
en las mismas condiciones y queda igualmente condenada a la
quiebra. El problema es si esa nueva entidad se va a manejar
con seriedad o si será manejada como la caja menor
cada que un subministro de Hacienda quiera encontrarse mil
millones de pesos”.
Proyecto de ley 06: otra estocada
a los pensionados
El pasado 5 de junio se aprobó en la Comisión
Séptima de la Cámara en un debate que duró
pocos minutos, el proyecto 06 de 2006 que permite la revisión
de las pensiones ya causadas por vía administrativa
o jurídica. El proyecto es consecuencia del acto legislativo
que reformó las pensiones y que ordenaba expedir una
ley para detectar y retirar aquellas que se pudieron otorgar
de manera ilícita. El problema surge porque el proyecto
autoriza a revisar todas las pensiones, con el agravante que
en el momento en que se ordene una revisión queda suspendido
el pago al pensionado hasta que no se resuelva jurídicamente,
lo cual conociendo la velocidad de los procesos administrativos
y jurídicos en Colombia, es casi declarar que muchos
pensionados morirían sin volver a ver un solo peso
de su pensión. Si una entidad que entrega pensiones
hace un requerimiento por mala liquidación, inmediatamente
se deja de pagar y el pleito jurídico puede durar por
lo menos tres años; la pregunta es: ¿De que
vivirán durante ese tiempo?
Además, con el proyecto se establece un mecanismo para
desconocer los acuerdos extralegales que el mismo gobierno
promovió para la reestructuración, liquidación
o privatización de muchas entidades oficiales; así
lo explicó el vicepresidente de la Confederación
de Pensionados de Colombia, Miguel Ortega: “En muchas
entidades liquidadas se produjeron por fuera de las normas
convencionales o legales, acuerdos bilaterales entre trabajador
y entidad en torno de pensiones anticipadas; lo grave es que
los trabajadores en las entidades que el mismo gobierno liquidó
o reestructuró, acogieron y creyeron de buena fe los
acuerdos producidos, porque en cada momento lo importante
para las empresas era retirar personal. Por lo tanto, se proponían
pensiones anticipadas a los empleados que tuvieran más
de 13 años de vinculados, y eso ahora es visto como
pensiones ilegales por no estar en la ley”.
Cuando nosotros vamos, todos vienen
Mientras en Colombia los esfuerzos son terminar o
debilitar el sistema de prima media, en países con
ahorro individual se estudian leyes que regresan al modelo
estatal con solidaridad: España, Argentina y el supuesto
paraíso de las pensiones individuales, Chile.
En Argentina, con la crisis del año 2000 se descubrió
que la captación de los fondos privados había
sido enviada al exterior y el Estado asumió el pago
de las pensiones, pero bajando las mesadas entre 30 y 40%;
actualmente Argentina estudia una ley que incluye la posibilidad
de que a los 50 años de edad, si un trabajador en los
fondos privados observa que no podrá alcanzar el monto
mínimo de jubilación, se traslade al sistema
estatal para recibir un bono que equilibre sus aspiraciones
a un salario mínimo, demostrando la dificultad del
sistema individual para garantizar un monto mínimo
vital.
En Chile el Congreso estudia una reforma; según Alberto
Arenas de Mesa, Jefe del Departamento de Estudios del Ministerio
de Hacienda de Chile, “la reforma chilena dio origen
a desequilibrios fiscales cuyos efectos se extenderán
por varias décadas; después de la reforma al
sistema de pensiones, puede afirmarse que estuvo lejos de
eliminar la participación del Estado en el sistema.
El déficit previsional chileno después de la
reforma ha representando para el Estado grandes asignaciones
de recursos… Proyecciones muestran que el compromiso
fiscal en el sistema civil de pensiones en Chile representará
en promedio un gasto público anual equivalente a 3%
del PIB en los próximos 40 años”.
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El régimen de prima media con prestación definida
se basa en el concepto de que los jóvenes aporten al
sistema para que las personas que cumplan con los requisitos
se pensionen y salgan en una forma rotativa tanto generacional
como solidaria; ese principio de solidaridad se pierde en los
fondos privados, donde la pensión es una responsabilidad
individual relacionada con la capacidad de aportar a un ahorro
para posteriormente, cuando se dé por concluida la vida
laboral, se cuente con un ingreso mensual. Un primer problema
surge en el monto de la pensión esperada, que según
el doctor Mario Baena, de la Escuela Nacional Sindical, es absolutamente
insuficiente: “Se establece que el monto de la pensión
debe ser por lo menos igual al 